Con la última dictadura militar los sectores populares argentinos perdieron en muchos terrenos. Se perdieron empresas nacionales, se perdieron proyectos, se perdieron formas de financiamiento, se perdieron espacios culturales y se perdió algo tan valioso como la capacidad política de imaginar futuros comunitarios atrevidos, rompiendo el aislamiento en el que estamos perdidos.
El 26 de marzo de 1971 asumió la presidencia de facto de la Argentina el general Agustín Lanusse. En su discurso de asunción dijo que venía a cumplir el sueño de la “gran revolución de la liberación nacional”. No fue un hecho aislado, volvió a expresarse en forma semejante en diversas entrevistas. ¿Es raro que un general que asume la presidencia en modo dictador diga esas palabras? Claro que sí. Pero para ser honestos, mirado desde esta Argentina mileísta, es raro que cualquier presidente o político de cierta envergadura diga algo como eso. Pero no era nada raro en 1971. Los equipos técnicos de Lanusse le escribieron ese discurso porque sabían muy bien que para agradar a las grandes audiencias las palabras revolución y liberación no podían faltar. Esa frase, en ese discurso, no nos habla tanto de Lanusse, nos habla de una época.
Las utopías, la imaginación de un futuro igualitario, los proyectos colectivos, estaban a la orden del día. Imaginar un futuro mejor era la moneda corriente. La ilusión volaba hacia el futuro con un optimismo que produce envidia y asombro desde este presente en el que parece que solo podemos proyectar distopías. Por eso la frase de Federic Jameson “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, caló tan hondo entre amplios sectores. Ya a nadie se le ocurre escribir ciencia ficción proyectando un futuro en el que la sociedad mundial logre finalmente resolver sus problemas más agudos. La tecnología no para de avanzar, pero nadie cree que eso traiga bienestar. Y a nivel político, de los mil temas que discutimos diariamente en Argentina, ninguno encarna en debates sobre futuros igualitarios y prósperos. No logramos levantar la mirada del barro de la coyuntura. No es un fenómeno solo argentino, está ocurriendo lo mismo, con los lógicos matices, en todo el planeta. Sin embargo, el punto de inflexión en nuestro país entre aquellas utopías y estas distopías es un momento histórico nítido: la dictadura de 1976-1983.
El discurso de asunción de Raul Alfonsín, en diciembre de 1983, ya no hablaba de liberación ni de revolución. Tampoco hablaba de igualdad ni de justicia social. Prometió que con la democracia “se come, se educa y se cura”. La democracia como punto de salida y como punto de llegada. No vamos a ninguna parte. La filosofía con la que se pretendió envolver toda la acción de gobierno ya no eran revoluciones, ahora el respeto irrestricto a los Derechos Humanos debía ser el norte. Los muertos, los crímenes de la dictadura, las torturas, los encarcelados, los exiliados, los perseguidos, iban a marcar el color del nuevo horizonte político. La defensa de la vida como oposición a la muerte de la que veníamos. El respeto a los Derechos Humanos y los juicios contra los perpetradores de los crímenes reemplazaron toda idea de transformación radical de la realidad.
La dictadura marcó un quiebre en la capacidad de imaginar futuros igualitarios: se pasó de una época de proyectos transformadores a otra centrada en la gestión del presente y la defensa de derechos básicos.
Tal vez sin advertirlo, el triunfo póstumo de los dictadores y sus socios, fue que nos concentramos en exigir justicia por el genocidio, luchamos durante décadas por el juicio y castigo a los asesinos y por la memoria de los 30 mil desaparecidos, pero el capitalismo en su forma liberal, con sus instituciones, su Constitución, su manera particular de construir un Poder Judicial, y su estructura económica básica, desaparecieron de la agenda de la mayoría de los partidos políticos, salvo algunas excepciones que nunca captaron la voluntad de las mayorías populares. El respeto a los Derechos Humanos siempre fue absolutamente necesario, pero nunca fue suficiente. Se perdió algo muy sustancial en esa metamorfosis.
En lo referente al modelo de tenencia de la tierra, por ejemplo, un tema tan clave en un país como Argentina, hoy solo nos permitimos discutir si hay que subir las retenciones a las exportaciones o si hay que bajarlas. En las elecciones presidenciales de 1973, en las dos que hubo ese año, el peronismo triunfante por abrumadora mayoría se presentó con un programa que proponía una reforma agraria. Buscando erradicar latifundios, fomentar unidades familiares de producción y declarar la tierra como bien de producción, bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”. Durante la década de los 70, la reforma agraria fue una bandera central para diversos partidos, coaliciones de izquierda y centroizquierda en América Latina, impulsada por la necesidad de transformar la estructura de propiedad de la tierra y eliminar el latifundio. Lo mismo proponía el FIP de Jorge Abelardo Ramos, que sacó casi un millón de votos. Hoy estos debates sobre la propiedad de la tierra han desaparecido de la agenda pública. Ni siquiera se volvieron relevantes en el año 2008, cuando por casi tres meses el país se paralizó y agrietó discutiendo por un pequeño porcentaje en las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Programas sindicales
El Programa de la CGT de los Argentinos, lanzado el 1º de mayo de 1968 bajo la conducción de Raimundo Ongaro, fue un documento político-sindical revolucionario antiimperialista y antidictatorial (contra la “Revolución Argentina”). Proponía la función social de la propiedad, nacionalización de recursos, reforma agraria, control obrero y soberanía popular. Venía de una tradición en ese sentido muy radicalizada. En 1957 en La Falda, y en 1962 en Huerta Grande, también se habían elaborado programas de lucha de la CGT que exigían control de los trabajadores en las ganancias empresarias, reparto democrático de la tierra y nacionalización de bancos, comercio exterior, electricidad y sectores económicos clave; expropiación de tierras sin indemnización, prohibición de exportación de capitales y planificación productiva nacional. Después de la dictadura no volvió a haber este tipo de programas sindicales salvo en espacios minoritarios. Cuando volvió la democracia en 1983, solo volvió una parte: una tradición muy valiosa se había perdido y aún no la pudimos recuperar.
Se abandonaron propuestas históricas como la reforma agraria, la nacionalización de sectores clave y el control obrero, que antes eran centrales en la política y el sindicalismo.
Extranjerización cultural
La película más taquillera en Argentina durante el año 1973 fue Juan Moreira, dirigida por Leonardo Favio. En 1974 la más vista fue La Patagonia rebelde, con dirección de Héctor Olivera. Y en 1975 fue Nazareno Cruz y el lobo, también de Leonardo Favio. Tres películas argentinas hablando de temas argentinos con una respuesta de público fenomenal. En 1976 la película más vista fue Rocky. Hollywood empezaba su reinado en estas tierras. En 1977 la más vista fue Stars Wars, traducida como La Guerra de las galaxias. Ese año la película argentina más vista fue Las turistas quieren guerra, con Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Se censuraban desnudos y todo tipo de películas con el argumento de proteger a las familias argentinas, pero se promovían las películas de los hermanos Sofovich que mostraban desnudos en los que siempre las mujeres eran objetos sexuales.
El gobierno de Milei directamente ha bombardeado al cine argentino sacándole todo apoyo económico. La supremacía del cine de Hollywood no fue a causa de una simple elección del público: la censura, la persecución, el exilio y asesinatos de directores y actores fue lo que marcó un punto de inflexión.
La represión, censura y falta de apoyo estatal favorecieron el dominio de Hollywood, desplazando una producción cultural argentina fuerte y popular.
La reforma profunda
La dictadura ha expropiado a los argentinos, a los sectores populares argentinos, de proyectos de desarrollo industrial y financiero. Podemos citar algunos ejemplos muy paradigmáticos. La rentabilidad de los bancos que operan en América Latina en general y la Argentina en particular “está entre las más altas del mundo” desde por lo menos mediados de la década de los 70 del siglo pasado, debido a que el sector financiero “se considera inexpugnable” y es “demasiado protegido y sobrevalorado” por las autoridades de turno. Así lo sostuvo una investigación difundida por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Mientras la rentabilidad del sector financiero sobre el patrimonio neto llega al 5,9 % en Europa, para el promedio de los países de América Latina es del 24 %, y en el caso de la Argentina es del 44 %. Si en la Argentina los bancos pagaran un impuesto a las ganancias igual al de Bolivia, se recaudarían casi 2.000 millones de dólares adicionales por año.
Thomas Jefferson (1743-1826), tercer presidente de los Estados Unidos, le escribió en 1802 a Albert Gallatin, entonces secretario del Tesoro: “Pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para el combate. Si el pueblo estadounidense permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos privados, y todas las entidades que florecerán en torno a ellos, privarán a los ciudadanos de lo que les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten, sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron”. Estas sorprendentes palabras se terminaron de plasmar en nuestro país a partir del golpe de 1976, cuando la dictadura llevó adelante una letal reforma financiera. “Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante”. Así definió en 1977 el entonces ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, su proyecto de ley de Entidades Financieras ante los militares de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, el congreso de facto creado para la sanción de leyes durante el quiebre constitucional.
En el calor del verano del 14 de febrero de 1977, ese proyecto ideado por banqueros, militares y funcionarios civiles se convirtió en la ley 21.526, una de las 417 normas de la dictadura que aún hoy siguen vigentes. Con más de 45 años de historia, la ley no perdió actualidad y continúa regulando nuestra economía. Cuando la ley entró en vigencia, había en Argentina 725 instituciones financieras. Esto incluía un centenar de bancos privados y públicos, y más de 600 entidades no bancarias, como cooperativas de crédito y compañías financieras. Hoy, esa cifra se redujo en un 89 %: tan solo 78 entidades financieras permanecen funcionando, de las cuales 63 son bancos. Este fue uno de los síntomas a largo plazo de la reforma: el sistema financiero se concentró y 10 bancos, en su mayoría extranjeros, controlan actualmente alrededor del 70 % del mercado privado. Los bancos públicos pasaron de 34 a tan solo 13. Concentración, extranjerización y privatización. Una verdadera revolución.
Provocó, lo que resume Eduardo Basualdo en el libro El Banco de la Nación Argentina y la dictadura, que “la economía real quedara subordinada al sector financiero”. El proyecto original tuvo 190 reformas a través de leyes, decretos, resoluciones administrativas y observaciones del Banco Central, pero el espíritu central de la ley que beneficia la especulación financiera y la concentración extranjera sigue vigente.
La reforma financiera de la dictadura concentró el sistema bancario, favoreció capitales extranjeros y subordinó la economía productiva al sector financiero.
Carne privada
En estos momentos, en el que el precio de la carne se ha disparado y comer un asado parece un lujo, justo en Argentina, el país de las vacas, es bueno recordar que antes de la dictadura el precio de la carne no lo establecían a su antojo los productores privados atentos al precio internacional y no a las necesidades populares. En 1923, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear decide crear el Frigorífico Nacional de la Capital Federal y el Depósito de Distribuidores de Carne, para satisfacer el consumo de carne a la población de Buenos Aires. En 1926 se aprobó la construcción de un matadero lindante al frigorífico. Regula el precio de las carnes de la ciudad y le pone un límite a los frigoríficos de EE. UU. y los ingleses. Estamos hablando de un frigorífico estatal. Constaba de cuatro pisos, además de una planta baja con rampas de acceso para vacunos y ovinos, en tanto los cerdos tenían montacargas especiales. Todo el barrio de Mataderos estaba implicado. Llegó a tener 9.000 trabajadores.
El 1 de mayo de 1958 asumió el gobierno Arturo Frondizi, en el marco de un país con una economía muy debilitada. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue recortar gastos. Entre ellos, estaba la venta del frigorífico Lisandro de la Torre por medio de la ley de privatización sancionada el 14 de enero de 1959.
La reacción de los obreros del frigorífico ante el peligro de despidos no se hizo esperar. Los 9.000 obreros ocuparon el establecimiento, para evitar la venta. El 15 de enero empezó la toma. Al poco tiempo, en horas de la madrugada del 17 de enero, los obreros fueron sorprendidos con 1.500 efectivos policiales, de Gendarmería y el Ejército, con el apoyo de cuatro tanques de guerra, uno de los cuales destruyó las puertas del frigorífico. Justo en ese momento, el presidente emprendía el primer viaje de un jefe de Estado argentino a los Estados Unidos. Cinco mil trabajadores fueron despedidos. A pesar de controlar la huelga a lo largo de 1959, se perdieron dos millones de jornadas laborales como consecuencia de las acciones directas de los gremios, y al año siguiente, la respuesta oficial fue poner en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) por el cual miles de trabajadores resultaron movilizados de forma coercitiva.
La venta fracasó debido a que no hubo interesados dada la alta conflictividad existente. Por ese motivo el Sindicato de la Carne propuso que fuera entregado en autogestión a los trabajadores, pero el gobierno rechazó la propuesta sindical y se lo entregó a la Corporación Argentina de Productores de Carne, es decir que no se la dio a los trabajadores, pero se la regaló a los patrones.
Restablecida la democracia en 1973, el Congreso Nacional sancionó la Ley N.º 20.755, restituyendo el frigorífico al Estado y designando una Comisión Investigadora del Frigorífico Nacional, para que reuniera información sobre las características del despojo y los eventuales responsables.
La dictadura asumida en 1976, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, dispuso paralizar la investigación, y en 1979 mandó a demoler el edificio. En ese lugar se construyó luego el parque Juan Bautista Alberdi. Al lado de donde funciona la feria de Mataderos. El consumo de carne en Argentina está en su mínimo histórico. Su pico máximo fue en el año 1955, con 102 kilos de carne por persona de promedio. Ese nivel comenzó un descenso lento que después de la dictadura se aceleró y hoy llegamos al nivel más bajo de toda la serie, con 48 kilos de promedio por persona. Más allá de los cambios culturales en la alimentación, es indudable que esta baja del consumo de carne viene acompañada por el alto costo que ha producido un deterioro de la calidad alimenticia de los sectores populares.
El Rastrojero
La argentina supo tener una importante industria nacional que llegó a competirle a las grandes multinacionales. Tal vez uno de los casos más emblemáticos haya sido el del célebre Rastrojero, un utilitario nacional y popular, que mientras estuvo en vigencia tenía más ventas que la F100 de Ford y que todas las demás. Este es otro de los proyectos que la última dictadura militar dejó trunco, sin otra explicación posible que beneficiar a las multinacionales. No somos subdesarrollados: una y otra vez han truncado nuestro desarrollo en forma deliberada.
A comienzos de 1952 el Estado argentino creó la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), para promover la creación de un sector automotriz integrado localmente. La intervención estatal permitió recorrer el camino de la industrialización a través de un modelo de acumulación redistributivo y proteccionista. Eran tiempos en los que todavía no se había impuesto la ideología cuasi religiosa que cree que todo lo privado es superior a lo estatal. Al mismo tiempo, se desarrollaron industrias metalúrgicas para proveer de material al emprendimiento. En 1967, IAME pasó a llamarse Industrias Mecánicas del Estado (IME). De todo el universo de productos que fabricaron, el Rastrojero era sin duda el protagonista estelar.
En 1976, ni bien empezó la dictadura, se inició un proceso de despidos que afectó al 20 % del total de trabajadores, y achicó progresivamente la planta permanente de la empresa hasta llegar a 2.927 trabajadores en 1979, poco más de la mitad de los 5.000 que poseía antes del golpe de Estado. Evidentemente había otros proyectos que les interesaban. A mediados de 1970 existían en el país ocho empresas terminales que fabricaban automotores. Eso no es algo común, Argentina era uno de los países con más producción automovilística del mundo. Siete de esas empresas eran transnacionales: Chrysler, Citroën, Ford, Fiat, General Motors, Peugeot, Renault, y la restante era IME.
Al terminar el año 1979, IME realizó un desfile con motivo del aniversario de la fábrica en el que estuvieron presentes autoridades del gobierno nacional. En el evento fue presentada toda la línea completa de vehículos que fabricaba en ese momento IME, el Rastrojero con todas sus versiones.
Según relató un exfuncionario de la empresa: “Yo creo que esa presentación que hicimos al final del año 1979, mostrando al país y a todas las autoridades la capacidad de producción que tenía IME, fue lo que le dio el golpe de gracia porque se dieron cuenta que, si no adoptaban una medida clausurando en ese momento la empresa, no la iban a poder clausurar más”. La hipótesis es que Ford y Fiat intervinieron en ello. Como se dice ahora, no hay pruebas contundentes, pero no hay dudas. El Rastrojero era un utilitario modesto, pero se vendía más que la pick up Ford.
El cierre de la empresa y el final de la fabricación del Rastrojero beneficiaron en forma directa a Ford, la empresa que tenía el mejor vínculo con la dictadura. De hecho, fueron los proveedores de los Ford Falcón que fueron utilizados para la represión ilegal por parte de los grupos de tareas. Y también fue en la planta de Ford donde los comandos actuaron libremente persiguiendo y asesinando a los trabajadores. El crecimiento en la participación sectorial experimentado por Ford en 1980 es prácticamente idéntico al lugar que dejó vacante IME: 7.500 unidades.
Más allá de toda conjetura, lo cierto es que el triste final del Rastrojero operó como una especie de metáfora del fin de toda una época en la apuesta por proyectos de desarrollo nacional con protagonismo del Estado.
Podríamos enumerar muchos más ejemplos de las muchas pérdidas que hemos sufrido con la dictadura. Claro está que la más siniestra es la desaparición-asesinato de militantes populares y la consecuencia más evidente es la pobreza y el endeudamiento. Antes del golpe de 1976 la deuda externa argentina rondaba los 7 mil millones de dólares y al terminar ese gobierno, en 1983, era de 45 mil millones. Según un estudio del investigador Agustin Arakaki, de la UBA, hasta 1974 la pobreza rondaba el 4,6 %, un número que hoy parece inalcanzable. A finales de la dictadura, en 1982, había llegado al 21,55 %, y todavía no hemos encontrado la forma de erradicarla.
En definitiva, una de las puntas que tendríamos que tener en cuenta cada vez que hablamos de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, es que hay que hablarle a los argentinos desde una perspectiva más amplia. Las víctimas de la dictadura no fueron solamente los 30 mil desaparecidos y sus familiares. En todo caso, ellos fueron los más trágicamente afectados, pero no hay que dejar de hacer hincapié en que las víctimas fuimos todos. Sacando a los sectores ultraminoritarios que se enriquecieron, todos perdimos con la dictadura: perdimos cosas materiales concretas, y perdimos cosas inmateriales, simbólicas, que hoy nos están haciendo mucha falta y tenemos que recuperar.