Repensar el proyecto nacional y popular
Democracia, mercado y bienes comunes
Repensar el proyecto nacional y popular
Por Jorge Orovitz Sanmartino, docente UBA-IEALC
Desde la dictadura hasta el presente, el neoliberalismo buscó transformar derechos en mercancías y subordinar la vida social a la lógica del mercado. Frente a ese proceso, el desafío de un proyecto nacional y popular no es solo redistribuir ingresos, sino expandir los bienes comunes y las instituciones colectivas capaces de disputar el poder del capital sobre la vida social.
Dictadura y proyecto de reorganización social
El golpe de Estado de 1976 no fue solamente una interrupción del orden democrático. Constituyó un intento de transformación profunda de la estructura social y económica argentina. Bajo la dirección económica de José Alfredo Martínez de Hoz, el objetivo fue desmontar el modelo de desarrollo industrial y de integración social que había caracterizado a gran parte del siglo XX argentino, liderado por el peronismo.
La represión política y sindical fue el instrumento necesario para imponer un nuevo orden económico basado en la liberalización financiera, la apertura económica y el debilitamiento del movimiento obrero. Pero ese proyecto también implicaba una transformación cultural: desplazar la centralidad de los derechos sociales y del trabajo organizado para instalar una visión de la sociedad basada en el individualismo competitivo y la lógica del mercado.
Lo que en los años setenta fue un proceso incipiente, se profundizó a fines de los años ochenta y durante la década de 1990, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem se impuso la privatización de los servicios públicos, el transporte, las comunicaciones e incluso el sistema jubilatorio.
El objetivo era transformar la conquista de derechos en bienes negociables en el mercado. Como lo había mostrado el teórico social y economista húngaro Karl Polanyi ya desde mediados de los años 40, el capitalismo moderno tiende a convertir en mercancías ámbitos fundamentales de la vida social —el trabajo, la tierra y el dinero— que en realidad no fueron producidos para ser vendidos. Las llamó “mercancías ficticias”. Cuando la sociedad se organiza en torno a mercados autorregulados, las relaciones sociales tienden a subordinarse a la lógica del intercambio mercantil. En la actualidad esa mercantilización se extiende a la salud, los cuidados, el conocimiento y la educación, los afectos y la atención, los datos personales, la naturaleza y el clima, cubriendo cada vez más todos los ámbitos de la vida de las personas.
El proyecto neoliberal inaugurado por la dictadura buscó desmontar el modelo de desarrollo industrial y transformar derechos sociales en mercancías.
El proyecto neoliberal impulsado desde la dictadura argentina puede interpretarse precisamente como un intento de profundizar ese proceso de mercantilización, debilitando las instituciones que protegían a la sociedad de la lógica del mercado. Los intentos del gobierno libertario de Milei de mercantilizar todo, incluso la venta de órganos y la circulación por las calles, es la máxima expresión, aunque parezca caricaturesca, de este sueño húmedo del capital concentrado.
Democracia, derechos e inclusión social
La recuperación democrática con Raúl Alfonsín abrió una nueva etapa en la que la ampliación de derechos y la reconstrucción institucional se convirtieron en objetivos centrales. Décadas más tarde, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en sintonía con el ciclo progresista latinoamericano encabezado por dirigentes como Lula da Silva, Rafael Correa o Evo Morales, impulsaron políticas destinadas a recomponer la inclusión social y reducir las desigualdades.
Estas políticas se apoyaron en diversas herramientas, como el aumento del salario mínimo, la expansión de las jubilaciones, programas de transferencias de ingresos, fortalecimiento del empleo y ampliación de servicios públicos. En algunos casos mediante beneficios focalizados o de tiempo limitado, o de ingresos muy acotados.
Estas experiencias aumentaron los ingresos populares y redujeron los niveles de pobreza mediante políticas de redistribución del ingreso, expansión del gasto social y programas de transferencias monetarias.
Sin embargo, gran parte de estas políticas operaron dentro de la lógica del mercado.
Las políticas progresistas en América Latina mejoraron los ingresos populares, pero sin alterar el poder del capital sobre la producción, los precios y la apropiación del excedente.
Las transferencias de ingresos o los aumentos salariales mejoraron la capacidad de consumo de amplios sectores de la población, pero no necesariamente modificaron la estructura de poder económico ni el control del capital sobre la producción y los precios. Las políticas neoliberales, desde los años noventa, han tendido a suplantar los beneficios universales por programas focales, en su intento de privatizar y mercantilizar la fuerza de trabajo. El sociólogo francés Robert Castel mostró esa tendencia neoliberal a definir a la población entre integrados y asistidos, y reemplazar derechos por programas de ayuda condicionada. Y cuando los derechos sociales universales son reemplazados por ayudas focalizadas, el problema no es solo económico sino también es político: la sociedad deja de organizarse alrededor de derechos compartidos y pasa a dividirse entre contribuyentes y asistidos. Es decir, tiende a romper las bases sociales de la igualdad democrática.
Las políticas progresistas han intentado cambiar esta inercia neoliberal y adoptaron políticas para morigerar las desigualdades y disminuir la pobreza. En este sentido, muchas de estas políticas pueden entenderse como formas de inclusión social a través del mercado, pero no necesariamente implican un proceso de desmercantilización.
Cuando los derechos sociales se garantizan mediante servicios públicos universales —como la salud o la educación—, el acceso a esos bienes deja de depender del ingreso individual. En cambio, cuando el bienestar se organiza principalmente a través de transferencias monetarias, el acceso a los bienes sigue mediado por el mercado. En Argentina, sabemos muy bien los beneficios que han traído; para dar solo dos ejemplos, la educación y salud pública. Pero hace tiempo que vienen siendo desmanteladas y desfinanciadas, lo que empuja a sectores de la población a adquirir dichos servicios en el ámbito privado.
La diferencia entre una política de inclusión mediante transferencias dinerarias o ayudas focalizadas, y aquellas basadas en bienes colectivos, es decisiva y tiene un impacto no solo en la estabilidad, la duración y consolidación de derechos sociales colectivos como aspectos institucionales y arraigados de la vida social, sino también posee un influencia importante en el aspecto ideológico y cultural, dado que las transferencias monetarias, al operar dentro del circuito mercantil, son fácilmente reversibles y políticamente más vulnerables: pueden ser recortadas, licuadas por la inflación o resignificadas como asistencialismo. Los bienes colectivos, en cambio, al materializarse en instituciones, infraestructuras y prácticas sociales compartidas, generan arraigo, memoria y defensa activa.
Los bienes colectivos, al materializarse en instituciones, infraestructuras y prácticas sociales compartidas, generan arraigo, memoria y defensa activa.
Se transforman en conquistas que la sociedad reconoce como propias y defiende. Quizá, su máxima expresión, como lo vimos en las grandes movilizaciones de los últimos años, sea la universidad pública.
A la luz de esta distinción, quizá puedan comprenderse mejor algunas de las limitaciones de muchas experiencias progresistas recientes: la redistribución del ingreso puede mejorar las condiciones de vida en el ciclo de crecimiento, pero en la medida en que son tratadas como mercancías, ellas pueden ser fácilmente reapropiadas por el capital, licuadas por la inflación o degradadas como dádivas sectoriales en lugar de ser consideradas como derechos colectivos.
La apuesta a los bienes comunes puede interpretarse como una expansión de lo que el sociólogo Gøsta Esping-Andersen denominó desmercantilización. En Los tres mundos del Estado del bienestar, Esping-Andersen define la desmercantilización como el grado en que los ciudadanos pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable sin depender completamente de su participación en el mercado de trabajo. Cuando existen derechos como la educación pública, la salud universal o las jubilaciones acordes, el acceso a condiciones básicas de vida deja de depender exclusivamente de la capacidad de cada individuo de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Además, cuando los trabajadores dependen completamente del mercado, es difícil movilizarlos para la acción política común.
El capitalismo moderno plantea una tensión estructural entre la expansión de los espacios de mercantilización por un lado, y la política democrática y la intervención del Estado, por el otro, en particular durante el Estado de bienestar, que genera mecanismos de desmercantilización para proteger a la sociedad. El Estado de bienestar tuvo capacidad para gestionar esa contradicción. Pero en el neoliberalismo periférico como el nuestro, esos márgenes se han acotado radicalmente y generan ciclos de inestabilidad económica y política.
El economista político James O’Connor analizó este problema en La crisis fiscal del Estado. O’Connor sostuvo que el Estado capitalista cumple simultáneamente dos funciones contradictorias: garantizar la acumulación de capital y asegurar cierto grado de legitimidad social. El gasto social surge de esta segunda necesidad, pero genera tensiones fiscales y políticas cuando entra en conflicto con los intereses del capital.
Para los libertarios, los derechos sociales (a los que tildan directamente de socialistas) son una suerte de pesadilla de la que hay que despertar, porque el poder de clase se altera cuando los trabajadores disfrutan de ellos, ya que el salario social reduce la dependencia del trabajador respecto del mercado y de los empleadores.
El mecanismo de reapropiación
Las experiencias progresistas de las últimas décadas enfrentaron muchos de estos límites estructurales, tensiones y contradicciones. En contextos de fuerte concentración económica, parte de los recursos redistribuidos por el Estado fueron reapropiados por el mercado a través de distintos mecanismos, entre ellos el aumento de precios.
El incremento de los ingresos populares ayuda a la adquisición de productos de primera necesidad, pero el aumento de precios constante en una economía inflacionaria alimenta las superganancias de los supermercadistas, restableciendo el punto de partida.
En el lado opuesto, una política de seguridad alimentaria que garantice la producción y distribución de alimentos de manera pública —aunque sea parcialmente por fuera del circuito mercantil— implicaría avanzar hacia formas de apropiación social de segmentos de la cadena alimentaria. Esto permitiría que amplios sectores populares aseguren una parte de su alimentación sin depender completamente de los precios del mercado, creando circuitos de provisión que amortigüen, o incluso neutralicen, el impacto de la inflación sobre el acceso a bienes básicos.
Otro ejemplo es el de los medicamentos. La producción social de medicamentos esenciales, que constituyen cerca del 70-80 % de los fármacos consumidos, implica desmercantilizar una industria que ha subordinado el derecho a la salud a la lógica del mercado.
Cuando la política social queda atrapada en las redes mercantiles del capital concentrado, la inflación aparece como una consecuencia del aumento de los salarios, y los sindicatos son culpabilizados de la inestabilidad monetaria. También se culpa al Estado y a los sectores más vulnerables, porque aparecen como gastadores de recursos escasos y responsables de la inestabilidad, reforzando la ideología meritocrática.
Cuando la política social queda atrapada en las redes mercantiles del capital concentrado, la inflación aparece como una consecuencia del aumento de los salarios, y los sindicatos son culpabilizados de la inestabilidad monetaria.
En conclusión, hemos visto un círculo vicioso donde: el Estado transfiere ingresos a sectores populares → el mercado concentrado sube precios → la transferencia real se licúa → el Estado debe transferir más → el déficit aumenta → se culpa al gasto social.
Además, como los gastos del Estado en muchos casos son segmentados, los “asistidos” son identificados y señalados como “privilegiados”, puesto que reciben una ayuda que nadie más recibe.
En conclusión, la inflación no es la consecuencia del aumento de salarios sino del poder de mercado de quienes fijan precios. Pero el relato dominante invierte la causalidad. Los sindicatos y el Estado aparecen como los responsables de la inestabilidad. Esto conecta con lo que los economistas heterodoxos llaman “inflación de ganancias” que, junto con el valor del dólar en una economía bimonetaria, son los pilares fundamentales del efecto inflacionario.
Estos ejemplos —alimentación y medicamentos— tocan necesidades que son inelásticas: la gente no puede dejar de comer ni de curarse. Esa inelasticidad es precisamente lo que hace tan rentable su mercantilización y tan urgente su desmercantilización.
La ideología de la meritocracia
El relato meritocrático cumple una función política precisa: desplaza la explicación estructural —poder de mercado, concentración, apropiación de excedente— hacia una explicación moral individual. El pobre es pobre porque no se esforzó lo suficiente, el Estado gasta mal porque es ineficiente y el sindicato pide demasiado porque es corporativo.
Este desplazamiento divide a los sectores que deberían aliarse —trabajadores formales, informales, beneficiarios de transferencias—, enfrentándolos entre sí en la disputa por recursos escasos, mientras el capital concentrado extrae por arriba sin aparecer en el debate.
La meritocrática promueve la idea de que el éxito económico es resultado exclusivo del talento y del esfuerzo personal. Esta narrativa tiende a invisibilizar el papel que desempeñan las instituciones públicas, la infraestructura social y las condiciones colectivas que hacen posible ese éxito.
La meritocracia promueve la idea de que el éxito económico es resultado exclusivo del talento y del esfuerzo personal. Esta narrativa tiende a invisibilizar el papel que desempeñan las instituciones públicas, la infraestructura social y las condiciones colectivas que hacen posible ese éxito.
En contextos de crisis económica o inflación, esta individualización del bienestar puede generar jerarquías internas entre quienes reciben distintos tipos de beneficios o ingresos. Y los sindicatos y el empleo formal aparecen como privilegios y no como derechos.
Sin embargo, esta visión individualista entra en tensión con una realidad básica de las sociedades contemporáneas, la riqueza se produce y se sostiene sobre bienes comunes: la educación pública que forma a los trabajadores, la infraestructura que permite la producción y la circulación de bienes, los sistemas de salud, las redes de conocimiento, etc. Ninguno de estos elementos surge del esfuerzo individual aislado. Son el resultado de acumulaciones colectivas construidas históricamente y financiadas por recursos públicos.
El éxito de una empresa depende de carreteras, puertos, universidades, sistemas judiciales y marcos regulatorios que nadie produce por sí solo. Incluso las innovaciones tecnológicas suelen apoyarse en investigación financiada por el sector público o en conocimientos generados colectivamente. El liberalismo del siglo XIX fue dando paso a políticas sociales no definidas por el mercado, en la medida que se dio cuenta que era absolutamente necesario para preservar la salud y la infraestructura que el capital privado no estaba dispuesto a sostener.
Sin embargo, el sentido común neoliberal actual invierte esta relación. Aquello que hace posible la actividad económica —infraestructura, formación de la fuerza de trabajo— aparece como una carga o como una interferencia. El Estado que financia carreteras, universidades o investigación es presentado como ineficiente, corrupto o confiscatorio, mientras que el empresario individual es el héroe solitario que crea riqueza desde cero. En esa narrativa, la sociedad deja de ser el entramado que produce las condiciones del desarrollo y pasa a ser un conjunto de individuos que compiten entre sí por recursos escasos. El carácter destructivo del neoliberalismo autoritario contemporáneo está dado, en parte, por su pulsión a desterrar cualquier vestigio de política social que interfiera con la adquisición de bienes en el mercado. El ataque a lo público es también un proceso de expansión del mercado hacia ámbitos antes protegidos y que constituyen negocios lucrativos para el capital concentrado.
Esa narrativa encuentra cierto arraigo material en las propias condiciones de existencia. En sociedades atravesadas por la precarización, la competencia por recursos escasos y la fragmentación del trabajo, la experiencia cotidiana refuerza la percepción de que cada individuo debe arreglárselas por su cuenta. La cooperación social que sostiene la producción y el bienestar queda invisibilizada, mientras que la competencia aparece como la forma natural de organizar la vida económica. Ese es el tremendo poder del dinero. Es el mundo al revés del que hablaba Marx, donde las relaciones entre personas adoptan la forma de relaciones entre mercancías. El fetichismo no es un error de percepción, sino una forma objetiva de la vida social bajo el dominio de la mercancía.
Por eso resulta tan importante que los proyectos emancipadores desarrollen estrategias materiales capaces de reconstruir experiencias colectivas. En otras palabras, que apunten —en la medida en que las relaciones de fuerza lo permitan— a la expansión de bienes comunes que puedan competir e incluso imponerse a la lógica del mercado.
Desmercantilización y bienes comunes
Superar estos límites requiere ampliar el horizonte de la democracia social más allá de la redistribución monetaria. En esta perspectiva, los bienes comunes aparecen como instituciones capaces de fortalecer ese poder social. Es decir, lo común no es solo un recurso económico, sino una práctica política que refuerza la conciencia de lo colectivo frente al individualismo capitalista. Pensar una economía basada en bienes comunes implica ampliar el campo tradicional del Estado de bienestar y puede abarcar al menos cuatro grandes ámbitos:
El primero es la reproducción social, que incluye derechos como la salud, la educación, la vivienda, el cuidado de las personas o el transporte y los servicios públicos. Estos bienes no funcionan adecuadamente como mercancías, porque no son simplemente bienes de consumo, sino condiciones que permiten que la sociedad se reproduzca en el tiempo. La educación forma a quienes trabajarán y producirán en el futuro, la salud preserva la capacidad de las personas para vivir y trabajar, el transporte permite que esa fuerza de trabajo se desplace, y el cuidado sostiene la vida de niñxs, enfermxs y personas mayores. Si el acceso a estos servicios depende exclusivamente de la capacidad de pago individual, la reproducción social se vuelve inestable y profundamente desigual. Con la privatización de los servicios públicos se impuso la idea de subsidios basados en la demostración de bajos ingresos, lo que impone un proceso de estratificación, al castigar y estigmatizar a los destinatarios, y promover un dualismo social.
Muchos de los bienes de reproducción social generan beneficios colectivos que exceden a quien los recibe directamente. Una población educada, saludable o bien cuidada produce efectos positivos para toda la sociedad.
Mientras los subsidios focalizados organizan la protección social alrededor de la carencia individual, los derechos universales se fundan en la ciudadanía y garantizan prestaciones para todos, fortaleciendo su capacidad de desmercantilizar la vida social y de construir solidaridades colectivas.
El segundo ámbito es el de los recursos naturales, como la tierra, el agua o la energía, cuya gestión colectiva puede garantizar un uso socialmente orientado. Estos recursos no son el resultado del trabajo humano ni fueron creados para ser intercambiados en el mercado. Son, más bien, condiciones materiales que preceden a la propia actividad económica. Cuando estos recursos se organizan exclusivamente bajo la lógica de la propiedad privada y del beneficio individual, tienden a ser explotados según criterios de rentabilidad de corto plazo, incluso cuando ello compromete su sostenibilidad o su acceso para amplios sectores de la población. En cambio, su gestión como bienes comunes permite introducir otros criterios: preservación ambiental, acceso equitativo, planificación de largo plazo y uso social de recursos que son, en última instancia, condiciones compartidas de la vida colectiva.
El tercero es el del conocimiento y la tecnología. En una economía cada vez más basada en información y datos, el acceso al conocimiento científico, a la infraestructura digital o a las tecnologías emergentes —incluida la inteligencia artificial— puede pensarse como parte de un patrimonio común de la sociedad. En el capitalismo de plataformas, el acceso digital es ya una necesidad básica para el trabajo, la educación y la participación social. Esta dimensión social de la tecnología digital está indisolublemente ligada a la cuestión de la soberanía digital, un aspecto que merece tratarse aparte.
El cuarto ámbito es el de los sectores estratégicos de la economía, donde la intervención pública y diversas formas de intervención social pueden orientar la producción hacia objetivos de desarrollo y bienestar colectivo. Estos sectores —como la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura, la industria tecnológica o sectores del sistema financiero— suelen concentrar grandes inversiones iniciales y altos niveles de riesgo. Estas características hacen que la lógica del mercado, orientada a la rentabilidad inmediata, tienda a subinvertir o directamente a evitar este tipo de actividades. Como lo mencionamos en el número anterior de De Frente Al Futuro, históricamente, muchas de las transformaciones productivas más importantes surgieron precisamente allí donde el sector público asumió un papel activo, ya sea financiando investigación, desarrollando tecnologías o creando las condiciones institucionales para que nuevas industrias pudieran emerger.
No son los únicos, pero bastan para marcar una tendencia. Este horizonte permite articular una visión del desarrollo que combine crecimiento económico, innovación tecnológica y ampliación de derechos sociales.
Democracia y poder colectivo
Cuando los servicios públicos, sistemas de cuidado, infraestructura social, conocimiento o plataformas de cooperación funcionan efectivamente como bienes comunes accesibles y de calidad, no solo amplían derechos. También producen una nueva materialidad colectiva. Las personas dejan de experimentar el bienestar como un logro exclusivamente individual y empiezan a reconocerlo como el resultado de instituciones compartidas.
Cuando los servicios públicos y los sistemas de cuidado funcionan como bienes comunes accesibles y de calidad, no solo amplían derechos, sino que crean una materialidad colectiva que transforma el bienestar en una conquista compartida.
A cincuenta años del golpe de 1976, el desafío histórico de las fuerzas populares no consiste únicamente en restaurar políticas de inclusión social. El desafío es avanzar hacia una forma de organización económica en la que los bienes fundamentales para la vida colectiva no estén subordinados exclusivamente a la lógica del mercado.
La expansión del salario social, la gestión colectiva de recursos estratégicos y el desarrollo de instituciones de bien público pueden fortalecer el poder social de la ciudadanía y reducir la capacidad del capital para condicionar las decisiones democráticas.
La experiencia reciente de los gobiernos progresistas en la región deja una enseñanza estratégica: la ampliación de derechos y la inclusión social, siendo condiciones indispensables, no alcanzan por sí solas si no logran modificar de manera más profunda las lógicas de organización económica. Cuando la reproducción de la vida colectiva permanece subordinada a la dinámica del mercado, las conquistas democráticas quedan expuestas a su reversión.