A 50 años del último golpe cívico-militar: una deuda vergonzosa
A cincuenta años del último golpe cívico-militar, el poder judicial aparece como una de las instituciones menos transformadas de la democracia argentina. Su falta de autocrítica, la selectividad del sistema penal y el uso político de la justicia plantean un problema estructural para la vida democrática.
Se cumplieron 50 años del golpe cívico-militar más sangriento de nuestra historia, aquel que reconfiguró de raíz las relaciones entre capital y trabajo y dejó huellas profundas en la vida social y política vigentes hasta hoy. En las más de cuatro décadas de democracia que siguieron al genocidio, las instituciones del Estado emprendieron procesos de recomposición y democratización con sus altibajos: fuerzas armadas, partidos políticos, fuerzas de seguridad, burocracia administrativa e incluso los organismos de inteligencia han sido objeto de transformaciones y aprendizajes, aunque parciales y contradictorios.
Sin embargo, el poder judicial —uno de los tres poderes del Estado— no ha afrontado hasta hoy una autocrítica institucional a la altura de su responsabilidad, ya sea por acción u omisión, durante el Terrorismo de Estado. Tampoco ha reformado a fondo prácticas intrainstitucionales y extrainstitucionales que constituyen parte de su ADN: una cultura conservadora, corporativa, muchas veces patriarcal y distante de los sectores populares. Ese déficit no es un detalle técnico, explica en buena medida la persistencia de privilegios, la opacidad en la selección y el control de magistrados, y la incapacidad del sistema para operar como servicio público democrático.
El poder judicial es hoy una de las deudas democráticas más vergonzosas: nunca realizó una autocrítica institucional a la altura de su responsabilidad durante el Terrorismo de Estado.
Aquí se presentarán algunos de los desafíos que representan para la vida democrática el actual sistema de justicia: su función punitiva selectiva, su rol en la politización de la disputa pública y la fragilidad institucional que deriva de su falta de rendición de cuentas. También se abordará la ausencia de un planteo tanto programático como estratégico por parte de las fuerzas políticas para reformar lo que comúnmente se llama “la justicia”, y la escasa percepción social sobre el impacto que estos problemas tienen, en particular, sobre las clases populares.
La urgencia es clara: no se trata solo de discutir fallos aislados, persecuciones políticas a una dirigenta o comportamientos individuales, sino de poner en la agenda pública y política la transformación de una institución clave para la democracia. Si no cuestionamos, debatimos y reconstruimos la forma en que administramos justicia, reproduciremos una institución que reduce la igualdad de oportunidades políticas, reduce los espacios de deliberación y control y legitima arbitrariedades contribuyendo a desdemocratizar la vida pública.
Más allá de que el principal debate actual es la utilización del poder judicial como herramienta punitiva —por ser la manifestación más grave de la violencia estatal— es imprescindible reconocer que todo el sistema de administración de justicia se encuentra en crisis. No solo estamos frente a problemas de captura política; enfrentamos una administración judicial lenta, burocrática, distante y frecuentemente insensible ante las situaciones de mayor vulnerabilidad.
No solo estamos frente a problemas de captura política; enfrentamos una administración judicial lenta, burocrática, distante y frecuentemente insensible ante las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Esa crisis se expresa en respuestas inadecuadas y deshumanizadas ante la violencia de género (procedimientos que revictimizan y dilatan la protección), en la demora por años de expedientes previsionales que afectan a personas mayores que requieren resolución urgente o en un lenguaje procesal técnico que excluye a la gente en la práctica cotidiana del acceso a la justicia, entre múltiples problemas. Estas fallas no son anecdóticas, la lentitud, la burocratización y la falta de empatía institucional erosionan la confianza pública y amplifican el sentido de injusticia en los sectores más vulnerables. Por eso, más allá de la discusión sobre la captura político-judicial, es necesario reorientar la cultura judicial hacia la rapidez, la transparencia, la proximidad, el trato digno y la participación popular, garantizando que los poderes judiciales —en plural, porque cada provincia tiene el suyo— funcionen como servicios públicos reales para todas las personas, que atienda los conflictos con mirada humana, que tenga como norte bajar los niveles de violencia, restableciendo relaciones más igualitarias y priorizando la reparación, que proteja a los colectivos más vulnerables, al ambiente y a los derechos territoriales, controlando al poder económico y la responsabilidad empresarial y garantice las libertades elementales para la vida en democracia.
De la selectividad a la neutralización: dos rasgos estructurales del derecho punitivo
Ahora sí, con el foco en la violencia estatal, en el poder punitivo, vemos cómo históricamente el poder judicial cumplió dos funciones claves: garantizar impunidad a las élites político-económicas y perseguir y disciplinar a los indóciles provenientes de las clases trabajadoras. En los últimos tiempos, pasó a cumplir una tercera función: eliminar al oponente político.
No es casual que el sistema penal no castigue igual a todos. En sociedades marcadas por la desigualdad, la selectividad penal opera desde la formulación de la ley hasta la ejecución de la pena: se infracriminalizan los delitos de los poderosos y se sobrecriminaliza a los vulnerables, tal como lo explica en profundidad Valeria Vegh Weis.
No es casual que el sistema penal no castigue igual a todos: en sociedades desiguales, los delitos de los poderosos se infracriminalizan mientras los de los sectores vulnerables se sobrecriminalizan.
Es una jerarquía real que nada tiene que ver con la jerarquía ideal de bienes jurídicos que prometen los manuales de derecho. La consecuencia concreta es que las investigaciones sobre conductas vinculadas a grandes intereses económicos suelen diluirse, cajonearse o desembocar en una mínima sanción —cuando no en la total impunidad— mientras que las expresiones de desobediencia civil, las protestas populares y los gestos de organización social son tratados con dureza desmesurada. Pensemos, por ejemplo, en causas vinculadas a decisiones de Estado económico que no fueron investigadas con la misma intensidad, o en ocasiones con nula, —desde maniobras financieras de alto impacto y evasiones fiscales multimillonarias con las offshore que salieron a la luz con los Panama Papers, hasta decisiones de endeudamiento irregulares con el FMI por Mauricio Macri— mientras que, en paralelo, se lanzan procesos penales y mediáticos contra dirigentes opositores y sociales que denuncian esas mismas políticas. Esa desigual protección penal no es un hecho accidental: es un mecanismo ordenado que protege el statu quo y garantiza que la arena política permanezca saneada de las voces incómodas.
La infracriminalización de quienes detentan el poder no es una abstracción, se la verifica cuando expedientes complejos sobre manejos financieros o responsabilidades estatales no prosperan, en cada blanqueo o ley de “inocencia fiscal” que se dicta, cuando faltan medidas efectivas de investigación o cuando las causas se archivan pese al daño público evidente. En contraste, la sobrecriminalización se despliega con rapidez y eficacia contra quienes protestan o representan organizaciones populares y combativas: arrestos masivos, prisiones preventivas sin justificación alguna, órdenes de desalojo de fábricas, de territorios recuperados o de rutas dictadas en apenas unas horas, imputaciones aberrantes que buscan estigmatizar y neutralizar. Un ejemplo de ese doble rasero se observa de modo más burdo en la gestión política de proyectos autoritarios y neofascistas, como la que vivimos actualmente. Mientras investigaciones judiciales sobre evasión fiscal de cientos de personas son archivadas por el efecto directo que tienen la llamada ley de inocencia fiscal, la reacción penal frente a protestas masivas es desproporcionada, violenta e indiscriminada. Ejemplos como las detenciones durante las movilizaciones en torno al Congreso en junio de 2024 contra la “Ley Bases”, las efectuadas en febrero de 2026 en el marco de la protesta contra la reforma laboral, y las reiteradas aprehensiones de los miércoles en apoyo a los jubilados evidencian la disposición estatal a imputar con severidad a manifestantes y a mantener privaciones de libertad prolongadas —en algunos casos por varios días—; en determinadas ocasiones, además, se intentó encuadrar preventivamente estas detenciones en supuestos agravados por delitos vinculados al terrorismo.
En esta trama, el punitivismo neutralizador —concepto desarrollado en extenso en el libro Jujuy: el laboratorio de la represión— constituye la forma más cruda de la selectividad. No se trata de simples excesos aislados; hablamos de una estrategia deliberada, usar el poder punitivo —leyes, fiscales, jueces, prisiones, policía, protocolos penitenciarios— para destruir organizaciones, disciplinar dirigentes y multiplicar el efecto disuasorio sobre la ciudadanía. La política punitiva no opera solo con el abuso de la ley sino articulada con decisiones administrativas y con la maquinaria mediática para producir un efecto demoledor de desmovilización: quien se organiza y disputa poder corre el riesgo de ser judicializado y aniquilado políticamente. La política de gobernabilidad resultante prioriza la estabilidad del poder por sobre el ejercicio efectivo de los derechos, y lo hace instalando el temor como herramienta de gestión social.
La política punitiva se articula con decisiones administrativas y la maquinaria mediática para disciplinar y desmovilizar: quien se organiza y disputa poder corre el riesgo de ser judicializado y aniquilado políticamente.
Lawfare y otras modalidades de persecución judicial: continuidad y novedad
El lawfare no es una simple etiqueta mediática, es la materialización de una nueva función que, en las últimas décadas, el poder político le ha asignado al poder judicial. Además de garantizar impunidad para las élites y sobrecriminalizar a los indóciles, se les exige hoy a ciertos operadores judiciales que actúen como brazo instrumental para desactivar competidores políticos, inhibir carreras, dinamitar imágenes públicas y condicionar la competencia electoral. En América Latina ese encargo ha tomado formas similares: la judicialización sistemática y dirigida de liderazgos —con causas acumuladas, medidas cautelares, prisiones preventivas y una exposición mediática sostenida—. Cuando el sistema opera así, poco o nada importa la consistencia de los hechos que se imputan, mucho menos las pruebas que existen o la legalidad en la que son introducidas en los expedientes, porque en definitiva la causa judicial es una de las modalidades en las que se despliega una estrategia de poder.
El lawfare convierte a la causa judicial en una herramienta de poder: lo central ya no son las pruebas sino el efecto político del proceso.
La práctica tiene rasgos definitorios. El lawfare multiplica imputaciones sobre una misma persona, habilita el dictado de prisiones preventivas sin estar presentes los riesgos de evasión o de obstruir la investigación, favorece la intervención de fiscales y jueces afines y recurre a testigos premiados, escuchas y pruebas endebles que, cuando se repiten en los medios, alcanzan el efecto buscado: la dilapidación política del adversario. No exige sentencia firme; basta la acumulación de procesos y su “goteo” informativo para instalar una narrativa de culpabilidad que condiciona la participación política. Esa lógica no es abstracta, la hemos visto dirigida contra figuras nacionales de enorme envergadura —casos que han golpeado a la región como los procesos contra Cristina Fernández de Kirchner o Milagro Sala en Argentina, Rafael Correa en Ecuador o la persecución judicial que encarceló temporalmente a Lula da Silva en Brasil— donde, más allá de las singularidades de cada expediente, se repiten los mismos instrumentos y objetivos: deslegitimar, inhabilitar y disciplinar.
A pesar del parecido, es útil no confundir ambos fenómenos. El lawfare es una práctica estratégica dirigida específicamente a eliminar o deslegitimar a dirigentes de proyectos populares y con proyección nacional. Es un instrumento pensado y calibrado para producir la muerte política de liderazgos mediante procesos judiciales sistemáticos y mediáticamente amplificados.
El lawfare es una práctica estratégica dirigida a eliminar o deslegitimar a dirigentes de proyectos populares y con proyección nacional, pensado y calibrado para producir la muerte política de liderazgos mediante procesos judiciales sistemáticos y mediáticamente amplificados.
En cambio, lo que alcanza a dirigentes barriales, sindicales, organizaciones sociales, abogados defensores, docentes y activistas disidentes es el punitivismo neutralizador; una práctica más antigua y extendida que sobrecriminaliza a los sectores indóciles y vulnerables para disciplinar la protesta, la movilización, la organización popular y gestionar la gobernabilidad. Dicho de otro modo: el lawfare apunta deliberadamente a opositores políticos con capacidad de disputar el poder; el punitivismo neutralizador busca producir miedo y desmovilización en amplios sectores sociales que desafían intereses del poder. Ambos operan con herramientas parecidas —causas múltiples, prisiones preventivas, dispositivos mediáticos— pero tienen objetivos y selectividades distintas, y su convergencia es lo que vuelve la intervención judicial en un dispositivo preventivo y devastador para la vida democrática.
Hay una continuidad histórica que permite entender la intensidad actual, la judicialización de la política no surge de la nada; es una variante contemporánea de viejas funciones disciplinarias del Estado. Pero su novedad radica en la técnica y la escala: la coordinación entre fiscales, jueces, agencias de inteligencia y medios capaces de convertir procesos judiciales en operaciones políticas permanentes. Eso convierte al lawfare en una política pública, no una anomalía aislada, sino un modo de gobierno que delega en el poder judicial la tarea de producir resultados políticos. Frente a ello, la respuesta democrática exige no solo la defensa técnica de las personas procesadas, sino la recuperación colectiva de la política como terreno legítimo de disputa y la reconstrucción de controles institucionales que impidan que el servicio de justicia sea usado como arma de proscripción.
La farsa de la neutralidad judicial y la institucionalización del privilegio
La pretensión de que el poder judicial sería un ámbito “no político”, técnico e imparcial constituye hoy una farsa que ya no resiste el examen. Presentar a jueces y fiscales como meros operadores desprovistos de intereses y relaciones de poder fue, en su origen, una operación política: permitir que un órgano no elegido por el pueblo alegara independencia para ser el contrapeso de la mayoría. Pero esa independencia fue construida desde arriba, con privilegios institucionales —inmunidades, estabilidad vitalicia, regímenes diferenciales de remuneración y jubilación, opacidad sobre vínculos y patrimonios— que crearon una casta judicial distante de la ciudadanía y, por tanto, sin sujeción a control social. La neutralidad, en esas condiciones, se convierte en veto, un manto que protege la reproducción de las jerarquías sociales y la impunidad de los poderosos mientras desata sanciones desproporcionadas sobre quienes resisten. La “independencia” muchas veces ha servido para hacer invulnerable al aparato judicial frente a la rendición de cuentas, y así garantizar que decisiones de enorme impacto político se tomen fuera del escrutinio democrático. Solo por mencionar algunos ejemplos, la Corte Suprema resolvió declarar la constitucionalidad del “corralito”, falló a favor de Clarín y limitó la aplicación de la Ley de Medios, y sostuvo la constitucionalidad de las llamadas leyes de la impunidad y de los indultos dictados por Menem —todas decisiones de enorme trascendencia social, política y económica—.
Ese carácter profundamente político del poder judicial tiene raíces históricas que no se pueden eludir si pretendemos comprender su poder actual. En 1930 la propia Corte Suprema avaló la usurpación del orden constitucional mediante la Acordada que reconoció al primer gobierno de facto, legitimando que la toma violenta del poder fuera presentada como hecho irreversible y no pasible de control judicial. Aquella decisión no fue una excepción sino una bandera: mostró que el tribunal podía, bajo la coartada de la “estabilidad”, subordinarse a la lógica del poder y avalar la neutralización política por la fuerza. Más tarde, la complicidad judicial durante la última dictadura cívico-militar fue aún más brutal y palpable, jueces que negaron habeas corpus, que avalaron prácticas de detención y tortura, o que colaboraron en la infracriminalización de los perpetradores terminaron siendo parte activa del Terrorismo de Estado. Esas experiencias no fueron episodios aislados de un pasado aborrecible sino enseñanzas institucionales que muestran los alcances del problema, cuando el aparato judicial se alía —por acción u omisión— con proyectos de poder autoritarios, represivos, totalitarios, el resultado es la destrucción sistemática de derechos y la erosión irreversible del Estado de derecho.
Esa secuencia histórica —a la que debemos sumar la intervención del poder judicial, junto a las cabezas del poder ejecutivo, la SIDE y la policía federal en el encubrimiento del mayor atentado en la historia de nuestro país— explica por qué hoy la “neutralidad” no puede interpretarse de ningún modo como garantía de imparcialidad. Porque la historia evidencia que, ante la presión o la alianza política, la autonomía formal se vacía. Magistrados designados por nombramientos exprés, consejos de la magistratura permeables, traslados y subrogancias manejadas políticamente, y fiscalías alineadas terminan por concertar una geografía judicial funcional a intereses públicos y privados. El problema no es meramente teórico, se traduce en decisiones concretas —designaciones, sorteos manipulados, aplicaciones de figuras penales amplias, rechazos sistemáticos de pruebas de descargo— que permiten convertir el poder judicial en instrumento de persecución. Por eso, afirmar que el poder judicial, tal como funciona hoy, es un problema para la democracia no es una exageración retórica, sino la constatación de un hecho político: la institución que debía proteger las libertades se ha transformado en mecanismo de disciplinamiento cuando la política lo exige —y lo hace muy a menudo—.
Reconocerlo implica politizar la discusión sobre la justicia. No se trata de invocar una mayor injerencia del Ejecutivo sobre los jueces, sino de someter a examen público y democrático las reglas de acceso, control y remoción de quienes administran justicia; de transparentar sus vínculos y rendir cuentas; de revisar privilegios que aíslan; y de delimitar con claridad qué asuntos son política y cuáles son materia estrictamente judicial. Si no asumimos que la llamada “independencia” ha sido usada históricamente como cobertura para operar políticamente, nuestra respuesta será tibia e inefectiva. Solo poniendo en el centro de la política la pregunta sobre qué justicia queremos y bajo qué controles, podremos frenar la farsa de la neutralidad y recuperar un poder judicial que sirva a la democracia y no la amenace.
El papel de los medios y las redes: criminología mediática y ausencia de debate público
La persecución política no sería posible sin un ecosistema comunicacional que produce culpables y, en los últimos tiempos, que incluso los fabrica —bien vale recordar la alianza entre el supuesto periodista Santoro, con el falso abogado D´alessio y el inescrupuloso aún fiscal Stornelli—. Los grandes medios y ciertos circuitos digitales fabrican narrativas simplificadas, condensan procesos complejos en titulares sensacionalistas, convierten presunciones en certezas y transforman imágenes fragmentadas en “pruebas” incontrovertibles. En la era digital ese proceso se acelera, campañas virales, cuentas automatizadas y trolls amplifican acusaciones y saturan la agenda pública hasta colapsarla. El efecto inmediato es la construcción mediática de culpabilidad previa al proceso: la condena simbólica sucede y condiciona toda la vida del expediente judicial.
En contracara de ese bombardeo informativo, se ha instalado una curiosa indiferencia social respecto del funcionamiento real del sistema de justicia. La repetida exposición de escándalos y causas convierte lo mediático en ruido y dificulta que la gente reconozca el problema estructural; muchos ciudadanos terminan indiferentes frente a los procesos judiciales porque han sido acostumbrados a ver “escándalos” permanentes que no se traducen en transformaciones reales. Esa desatención facilita que no se ponga el foco en que el poder judicial es, en sí mismo, un problema democrático; parece lejano, técnico y ajeno, cuando en realidad incide en la vida cotidiana de todas y todos.
La condena mediática suele llegar antes que la judicial: titulares, campañas virales y trolls instalan culpabilidades que condicionan todo el proceso.
Sin embargo, la administración de justicia no es un asunto remoto, afecta a quien será desalojado por no poder pagar el alquiler, a la mujer que pide protección frente a una situación de violencia, al trabajador despedido que tramita una indemnización, al jubilado que espera años por un expediente previsional. A pesar de ello, la política no ha logrado articular un relato claro ni propuestas comprensibles sobre qué cambios institucionales se requieren para que el sistema funcione como servicio público. Mientras la maquinaria mediática prioriza la espectacularidad de casos individuales, la crisis profunda de la administración de justicia —su opacidad, su lentitud, su insensibilidad— permanece fuera del debate público, sin reformas orientadas a acercar la justicia a la gente ni a garantizar transparencia y control democrático.
La escalada punitiva contemporánea: la función actual del poder judicial
En el contexto político actual, la función del poder judicial ha tomado un giro aún más agresivo. El uso de protocolos represivos, modificación a la ley de Inteligencia, poderes de ciber-vigilancia masiva, nuevas normativas de orden público y medidas administrativas que amplían facultades de control colocan al poder judicial en una posición funcional frente a agendas punitivas impulsadas desde el gobierno de Milei. Cuando el Ejecutivo adopta una retórica que legitima la represión y los tribunales responden asignando causas, negando recursos de amparo, convalidando aprensiones al azar y confirmando preventivas excesivas, el poder judicial se convierte, sin matices, en un instrumento de gobierno.
La escalada punitiva, especialmente visible en el último tiempo, no es accidental: es la articulación frontal entre una agenda política que, para avanzar en su proyecto de ajuste feroz, recorte de derechos, entrega de recursos estratégicos y beneficio para el campo de la reacción, prioriza “orden” y un aparato judicial dispuesto a traducir esa prioridad en sentencias, procesamientos, prisiones y condenas. En ese escenario, la represión ilegal se convierte en política pública: protocolos de actuación policial que facilitan el uso arbitrario de la fuerza, prohibición de intervención de periodistas y fotógrafos en las movilizaciones —y singular ensañamiento y ataques contra ellos—, reformas contravencionales que elevan la penalidad de la protesta, y una cultura judicial que avala esas medidas.
Los efectos de estas políticas son múltiples y devastadores: detención y proscripción de la principal dirigente opositora, desmovilización social, desarticulación de la organización popular, debilitamiento de los canales democráticos de reclamo y una polarización que convierte al adversario político en blanco jurídico. Cuando jubilados, médicas y enfermeros del Garrahan, docentes, periodistas o activistas se convierten en objetivos, la lógica es clara: el mensaje al resto es intimidatorio. La consecuencia no es solo la derrota de quienes son perseguidos; es la erosión de la matriz democrática que permite la disputa por alternativas políticas.
Conclusiones
Frente a la ofensiva del punitivismo neutralizador, la respuesta debe ser ante todo política, más que meramente jurídica. Desde la defensa procesal es imprescindible resistir en cada causa; no obstante, esa táctica, aunque necesaria, resulta insuficiente si se mantiene aislada. No alcanza con litigar, hace falta una estrategia colectiva que transforme las reglas y la cultura del sistema de justicia.
Ha llegado la hora de debatir con seriedad qué poder judicial queremos para una convivencia democrática. ¿Basta con intentar “colonizar” la estructura vigente nombrando funcionarios menos reaccionarios o más sensibles, o eso no cambiaría la ecuación estructural? ¿O se requiere repensar de modo integral la arquitectura institucional —atreviéndonos a diseñar mecanismos de participación ciudadana y control social efectivos— y no conformarse con parches que mantengan intactas las viejas lógicas de poder?
Tenemos una tarea política de primera magnitud: construir, por fin, un poder judicial democrático. Es una empresa ambiciosa, pero inaplazable e indelegable. Ya sufrimos, tarde y a un costo muy alto, el daño que las prácticas, decisiones y políticas judiciales causan a las condiciones mínimas de la democracia.
Tenemos una tarea política de primera magnitud: construir, por fin, un poder judicial democrático. Es una empresa ambiciosa, pero inaplazable e indelegable.
Aceptar ese estado de cosas como inevitable sería un acto de resignación inexcusable para quienes sostenemos proyectos emancipadores.
Deseamos un sistema de justicia que responda a las necesidades populares, que garantice igualdad de oportunidades políticas, que amplíe los espacios de deliberación y que limite las arbitrariedades que el propio sistema reproduce; en suma, que contribuya a democratizar la vida pública.
Politizar la justicia es situar la cuestión de la actuación judicial legítima en el centro de los debates sobre las democracias contemporáneas. Esa es la tarea.