Ningún problema de fondo ha de solucionarse sin un cambio total en la estructura del poder político.
John William Cooke, “Bases para una política cultural revolucionaria”, 1965
El Estado de bienestar, erigido tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, trajo aparejado trabajo estable, aumento sostenido del salario real, jubilación, salud y educación públicas. Ese acuerdo no fue un acto de generosidad de las clases dominantes: fue una respuesta a la presión del movimiento obrero organizado, a la amenaza que representaba la Revolución Rusa, a sus efectos sobre Occidente y a la necesidad de reconstruir los mercados internos. En la Argentina, ese proceso tuvo nombre propio: el peronismo, que elevó la participación de los asalariados en el ingreso nacional a niveles que no volvieron a alcanzarse.
La crisis económica de los años setenta hizo crujir ese pacto a escala planetaria, y el costo de la nueva crisis global lo pagarían los trabajadores. Su instrumentación fue doble: el desmantelamiento del Estado social y la desregulación de los mercados financieros, por un lado; golpes de Estado sobre gobiernos democráticos y disciplinamiento político de los movimientos sindicales y de las organizaciones populares que podían resistirlo, por el otro.
La aplicación sistémica del terrorismo de Estado durante la última dictadura fue la condición necesaria para imponer un modelo económico que las clases populares no hubieran aceptado por las vías institucionales (como fue el caso del contundente rechazo al Rodrigazo, en 1975): apertura financiera, destrucción del tejido industrial, endeudamiento externo, fuga de capitales y desarticulación del movimiento obrero. El gobierno de la transición democrática estuvo sometido a esos condicionantes y no pudo o no tuvo la voluntad ni la fuerza para enfrentarlos con éxito.
La democracia representativa liberal recuperada en 1983 vino a institucionalizar la reconfiguración económica impuesta por la dictadura, con tensiones y concesiones durante el alfonsinismo, y con su cristalización durante el menemismo y el gobierno de la Alianza. En esta etapa se dio la consumación de la unificación entre democracia representativa y régimen neoliberal.
Límites y condicionantes de la democracia actual
La conmemoración por los cincuenta años del inicio de la dictadura nos abre la posibilidad de hacer un balance de la vida democrática que supo recuperar nuestro país, partiendo del reconocimiento de que todavía transitamos aquello que Silvia Schwarzböck definió como postdictadura: esto es, lo que queda de la dictadura después de su “victoria disfrazada de derrota”. Ni la catástrofe militar en Malvinas ni la crisis económica de 1981-1982 significaron el fracaso de la dictadura respecto a sus objetivos: la reconfiguración de la estructura productiva, la instauración de un patrón de acumulación centrado en la valorización (timba) financiera y la aniquilación de los sectores más dinámicos del campo popular: principalmente trabajadores y trabajadoras miembros de comisiones internas o cuerpos de delegados.
Con un ademán inspirado en Rodolfo Fogwill (Los pichiciegos), la filósofa sostiene que los victoriosos se disfrazaron de derrotados luego del golpe para callar de manera intencional el crimen económico que, en mayor o menor medida, se proyecta hasta el presente. Lo que señala es algo muy concreto: la democracia que recuperamos nació con límites que en buena medida aceptó como propios o se tornaron inamovibles a pesar de los esfuerzos por desplazarlos. Límites formales, inscriptos en una arquitectura jurídica-legislativa que redujo el margen de cualquier transformación profunda de las matrices del poder económico. Límites que, si no los nombramos, se convierten en un obstáculo silencioso o, lo que es peor, en murallas inamovibles que tornan impotentes a los proyectos populares.
Estos límites no se mantuvieron incólumes a lo largo de estos cincuenta años, sino que fueron desafiados en diversas ocasiones: por resistencias populares, movimientos sociales, sindicatos combativos, la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de DD. HH. y, también, desde el plano institucional, por los gobiernos kirchneristas. De hecho, el ciclo abierto por la insubordinación de diciembre de 2001, hizo crujir el matrimonio perverso entre la democracia liberal-representativa y el modelo neoliberal.
Si bien —como decíamos— la resistencia es una marca que atraviesa estas cinco décadas, los condicionantes estructurales configuraron un escenario donde los proyectos del campo popular estuvieron bajo amenaza y acechados por el fantasma de la impotencia.
Veinticinco años después de aquel momento bisagra que desafío el orden neoliberal, nos encontramos experimentando un nuevo reordenamiento a nivel planetario que evidencia una crisis profunda de la globalización, fenómeno mundial que expandió al neoliberalismo por casi todos los rincones del planeta.
En efecto, Estados Unidos transita un declive estructural de su hegemonía y responde a ello con una política exterior cada vez más agresiva. Junto a Israel, desató una guerra contra Irán de consecuencias imprevisibles después de llevar adelante un plan de exterminio sobre la población gazatí. En Venezuela, ejerce presión sostenida luego de haber secuestrado a su presidente, Nicolás Maduro. En Cuba, ha acelerado el bloqueo hasta asfixiar energéticamente a la isla.
Argentina, por su parte, demuestra una peligrosa subordinación a la administración de Donald Trump, con el gobierno de Javier Milei avanzando en ese camino a un ritmo sin precedentes en la historia reciente del país.
La crisis de la democracia liberal en el primer cuarto de siglo XXI
La crisis de la democracia liberal no es un fenómeno pasajero. Su debilitamiento tiene carácter estructural, producto de la crisis del ciclo histórico definido por el neoliberalismo global. Tal es así que actualmente las mediciones de adhesión democrática muestran una tendencia sostenida a la baja en distintos continentes, con fuerzas ultraconservadoras avanzando incluso en países que hasta hace poco eran presentados como referencia de estabilidad institucional. De allí que afirmemos que la democracia representativa liberal cosechó más adhesiones cuando cohabitó con un proyecto económico distributivo, con justicia social e inclusión, y al mismo tiempo fue atravesada por múltiples formas de participación popular que habitaron la esfera pública. Del mismo modo, la desafección democrática se acentuó cuando el neoliberalismo se impuso como proyecto económico social sin reparos.
Por otra parte, el reverso de esa película nos muestra que los momentos de mayor adhesión democrática en la Argentina del siglo XXI coinciden con los de mayor mejora material efectiva: entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, cayó la pobreza del 57,7 % al 30,8 %, y se redujo de manera sostenida la desigualdad social. El índice de Gini, que mide este fenómeno, demuestra que para 2003 el coeficiente era 0,526 (donde 0 es la igualdad perfecta y 1 la peor); y en 2015, 0,415. Asimismo, cabe recordar que el desempleo sufrió durante ese período una reducción drástica, pasando del 20 % al 6,5 %, y que la baja de la informalidad laboral cedió desde un 50 % a casi el 30 %.
Por eso, cuando el peronismo llegó nuevamente al gobierno en 2019 —con la promesa de salir del pozo en que nos había sumergido el macrismo— y no logró cumplir las expectativas generadas, especialmente las materiales, lo que sobrevino fue una expresión de desánimo colectivo. La frustración fue enorme y tomó formas impredecibles.
Aquel fracaso —con todo el peronismo unido— posibilitó entonces el ascenso de Milei.
¡Es la economía, amigo!
Como señalamos en otras oportunidades, no es en la agenda woke donde hay que buscar responsabilidades —subterfugio de los nuevos conservadores populares sub 40—, sino en la dificultad para mejorar las condiciones materiales de vida de los sectores populares y, a su vez, en la incapacidad para sostener una gobernabilidad desafiante de los límites estructurales que imponen los poderes fácticos. Esto puede observarse en la debilidad exhibida durante la renegociación de la deuda con los bonistas privados, en el acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas con el FMI en 2022, y con más nitidez en el retroceso con la expropiación de Vicentin. También hay que rastrear la frustración de nuestro pueblo en el quebrantamiento del compromiso ético de la primera magistratura durante la pandemia. No se puede pedir sacrificios al pueblo si quien lo solicita no está dispuesto a hacerlos.
Este encadenamiento de factores —con la pandemia como telón de fondo— desplegó un nuevo escenario de desafección social y debilitamiento del campo popular, a tal punto que preparó las condiciones para el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Atentado, por otra parte, que no tuvo una respuesta a la altura del agravio.
El desfase entre la magnitud de la agresión y la liviandad de la réplica habilitó a que, semanas después, en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenara a CFK en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la denominada “Causa Vialidad”.
Este eslabonamiento de acontecimientos, sumados a la erosión exponencial de los ingresos populares por el aumento de la inflación —acicateada por el acuerdo con el FMI— fue dinamitando la legitimidad de un proyecto político, de su liderazgo, y poniendo en tela de juicio, nuevamente, la capacidad de la democracia como espacio de realización colectiva.
Es válido asumir que el naufragio del macrismo —con toda la derecha unida más el apoyo del FMI—, sumado al fracaso del Frente de Todos —con todo el peronismo unido—, terminó de incubar el ascenso de Milei.
Y de este modo, la crisis del modelo democrático liberal, impulsado por su propia impotencia, engendró a quien se propuso como su sepulturero.
¿Alternativa política sin oleada popular?
Las experiencias políticas que provocaron avances sustanciales en nuestro país estuvieron precedidas de irrupciones populares protagonizadas por nuevos sujetos sociales: más nítidos —trabajadores formales sindicalizados— durante el surgimiento del peronismo, más heterogéneos en el periodo 2001-2002, preludio del kirchnerismo.
Es decir: la democracia sustantiva en la Argentina estuvo prologada por grandes irrupciones sociales. Los cambios políticos que dejaron huellas profundas ocurrieron primero en los hechos colectivos y en los imaginarios populares. Luego vino la validación electoral.
¿Cómo construir un proyecto político transformador sin un sujeto dinámico y novedoso que irrumpa en la escena pública? Ese quizás sea uno de los mayores interrogantes de esta época. ¿Es posible edificar una alternativa del campo popular que interprete los signos del futuro sin el combustible de la efervescencia popular? Otra gran incógnita. Preguntas todas, cuyas respuestas no están aún al alcance de la mano.
¿Unidad hasta que duela o construir una alternativa?
El camino no es reverberar “la unidad hasta que duela”, porque terminó doliendo demasiado. La suma aritmética de dirigentes no producirá soluciones efectivas para los desafíos que se nos presentan.
Un proyecto político se afirma tanto sobre elementos provenientes de las tradicionales formaciones históricas como de retoños que florecen de las nuevas. El problema político que alumbra el horizonte, entonces, es el de cometer el error de calcular mal las proporciones, lo cual podría llevar a que “lo viejo” termine devorando lo que aún está por nacer. Asumir ese peligro es un verdadero acto de responsabilidad política.
La situación social es alarmante, estamos en una carrera contra el reloj: la crisis se agudiza y las posibilidades de implosión social son cada vez más grandes. Cabe destacar que la implosión no es explosión: es una versión despolitizada de tramitar la crisis. De allí las angustias, depresión, consumos problemáticos, violencia comunitaria e intrafamiliar que despierta las “pasiones tristes” en nuestro pueblo.
Por ello, organizar ese malestar y darle un cauce político es una tarea prioritaria para construir una alternativa político-programática y, por otro lado, para producir la energía social necesaria que impulse los cambios sustantivos que necesitamos, rompiendo los límites que hagan falta. Y es preciso no desmoralizarse, porque hay reservas en el campo popular.
Axel representa definitivamente una posibilidad concreta e histórica; tal vez, el último brote verde de la experiencia kirchnerista en condiciones de asumir el relevo. No como solución en sí misma —dado que ningún dirigente lo es—, sino como punto de articulación entre aquella historia y estos anhelos. También representa un reservorio ético para una sociedad hastiada de frustraciones y desencantos. Ética de la convicción que supone no abandonar principios en el altar de las conveniencias ocasionales. Haber enfrentado a Milei y a sus políticas de saqueo —desde el minuto cero— le otorga credenciales al respecto.
El gobierno de la derecha, que parecía omnipotente hasta hace unas semanas, hoy se encuentra sumergido en una crisis profunda por la gravedad de la situación económica, los escándalos de corrupción y el rechazo social que va generando. Debemos entonces asumir el desafío de articular las luchas que están surgiendo y que definitivamente se van a multiplicar a lo largo y ancho del país. No hay alternativa política electoral eficaz si no está apalancada por el malestar social organizado y las luchas políticas en ascenso. Las multitudinarias movilizaciones a lo largo y ancho del país a cincuenta años del golpe, ilustran que existen reservas morales en nuestro pueblo para emprender la tarea de liberar y reconstruir la patria.