Los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 se cumplen en medio de una visible insatisfacción ciudadana con la democracia y sus resultados. Este fenómeno tiene características globales: en geografías diversas, derechas autoritarias, misóginas y racistas corren los límites de la convivencia democrática, y, además, lo asumen como una narrativa política explícita. Estas fuerzas se alimentan de las frustraciones e incertidumbres con democracias que aparecen impotentes para enfrentar los desafíos cruciales de un mundo crecientemente conflictivo y desigual. La descomposición de un sistema capitalista sin sueños dorados que ofrecer y la agresividad de una potencia mundial que busca preservar su poder declinante, constituyen las directrices globales detrás de procesos con características específicamente nacionales. Este artículo se propone aportar algunas ideas respecto de ese proceso para el caso específico de la Argentina.
Democracia: ese objeto esquivo
La democracia es un sustantivo esquivo, un concepto polisémico y una bandera disputada. Si queremos saber de qué nos hablan cuando nos la invocan, conviene mirar quién lo dice y en qué contexto.
En el sentido más profundo de “gobierno del pueblo” fue bandera constitutiva de los movimientos sociales más relevantes de la historia, tanto en las revoluciones burguesas como en la conformación del movimiento obrero moderno. En su nombre, erigida como valor que otorgaría superioridad moral a Occidente, se han emprendido matanzas, destrozado naciones y violado los más elementales derechos humanos.
Entendida como conjunto de reglas, instituciones y procedimientos para seleccionar gobiernos y resguardar derechos políticos individuales y colectivos, la democracia enfrenta en estas latitudes una paradoja: nunca antes América Latina tuvo tantos años de continuidad democrática y, al mismo tiempo, poco queda de aquella esperanza popular en que con la democracia se coma, se eduque y se cure. ¿Qué pasó en el medio?
El ciclo de la ilusión y el desencanto
Hace 43 años, la ilusión en las bondades reparadoras del régimen democrático llegaba en Argentina a su punto más alto. Era absolutamente lógico: nuestro país salía de la noche más oscura del siglo XX, dejando atrás una dictadura genocida, y la democracia demarcaba la frontera entre la vida y la muerte. Fue un freno (nunca absoluto) contra la repetición de las torturas, el exterminio sistemático y el disciplinamiento social mediante el terrorismo de Estado. Lo aprendimos y lo recordamos cada 24 de marzo en una enorme ceremonia colectiva.
Sin embargo, las ilusiones de 1983 no se limitaban a dejar atrás la muerte. En los millones que se movilizaron en la campaña electoral, en quienes volvieron a participar en política, a recuperar centros de estudiantes y sindicatos, en familiares y organismos de DD. HH. que pedían justicia, latía una esperanza de reparación más vasta. El propio discurso de Alfonsín daba cuenta de esas expectativas. En el acto de cierre de campaña en la 9 de Julio, recitó el preámbulo de la Constitución Nacional, dándole un nuevo rol político movilizador a la institucionalidad democrática, impensado apenas 10 años antes. Pero también declamó, al asumir, que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. Esta frase suele interpretarse como llamado a la desmovilización: lograda la democracia, lo demás llegará por añadidura. Puede serlo, pero es también el intento de un político sagaz por dialogar con expectativas sociales que sabe existentes y que desbordan la mera normalización institucional.
Visto en perspectiva histórica, un abismo insondable se abría entre las expectativas despertadas y las capacidades reales de una democracia enclenque. Las causas eran globales y nacionales. A nivel internacional, el neoliberalismo había consolidado su hegemonía, germinada entre el declive del Estado de bienestar y la crisis del petróleo. Sin embargo, la historia nunca es transparente para los protagonistas y el escenario podía parecer más abierto: la URSS había perdido brillo, pero seguía en pie; François Mitterrand llegaba a la presidencia francesa en 1981 con un programa de nacionalizaciones y reformas sociales; y en Nicaragua, los sandinistas parecían revivir la llama de la revolución latinoamericana.
Nunca antes América Latina tuvo tanta continuidad democrática y, sin embargo, tan poco queda de aquella promesa de que con la democracia se come, se educa y se cura.
En Argentina, pese al fracaso del plan económico, la dictadura había operado una transformación social de gran magnitud. En la base, la estructura productiva se había modificado, la industria perdía peso relativo y con ella un determinado tipo de clase obrera. Crecía el cuentapropismo, la fragmentación y heterogeneidad de sectores trabajadores y capas medias. Por arriba, la cúpula empresarial estaba en transición, pero los sectores financieros aumentaban su poder, con un nuevo condicionante decisivo: el enorme peso de la deuda externa. En otro plano, pese al desbande genocida, el terror dejó marcas fuertes y ausencias apreciables en cuadros de organizaciones sociales, políticas y empresariales. La amenaza militar seguía vigente, expresada en sucesivas amenazas y levantamientos que continuaron hasta el primer mandato de Menem.
Las narrativas políticas y repertorios de acción se acomodaban con gran retraso a esta rápida transformación. Alfonsín acertó en el nuevo lugar que la democracia y el repudio a los crímenes dictatoriales estaban llamados a ocupar. Por eso, le propinó una derrota histórica a un peronismo que en la campaña de 1983 actuó como si simplemente se reiniciara la dinámica de confrontación obturada en 1976. Sin embargo, respecto a su mirada económica y social, el radicalismo adolecía de los mismos anacronismos. Al movimiento sindical le alcanzaron los métodos conocidos —ejercitados durante décadas— para poner contra las cuerdas a un gobierno débil, pero naufragó ante una gestión como la de Menem, que supo interpretar con perspicacia y temperamento acomodaticio los nuevos vientos globales.
En síntesis: una sociedad menos integrada y más atomizada, un Estado con capacidades deterioradas y enfrentado a poderes y condicionalidades robustas. Todo esto, en un contexto global adverso a cualquier democracia que incluyera derechos sociales y desarrollo nacional en el centro de sus objetivos. En ese marco, actores sociales que encontraban dificultades para que su arsenal habitual resultara eficaz.
La narrativa histórica siempre corre el peligro de parecer trágica: al intentar comprender por qué las cosas ocurrieron de una manera, puede darse la impresión de que solo podrían haber sido así. Lejos de nuestra mirada. Siempre hay acciones colectivas y decisiones individuales que pueden torcer el curso de los acontecimientos. No hay absolución fatalista para Alfonsín ni para ningún protagonista. Sin embargo, este era el duro trasfondo sobre el que se recortaban las enormes expectativas democráticas de la sociedad argentina. No resulta extraño que muy pronto fueran frustradas.
Menemismo: un mundo nuevo, aquí y ahora
La crisis final de Alfonsín, marcada por la hiperinflación, generó las condiciones para que los sectores dominantes completaran la obra de disciplinamiento dictatorial. El shock económico y la desorganización social generalizada producen siempre un cambio en las condiciones de producción del discurso político. Ideas antes minoritarias o apenas enunciadas encuentran nuevos receptores, a veces por millones. Vale para revoluciones, reformas y contrarreformas. Aun así, el nuevo sentido común neoliberal tuvo que atravesar por el puente de plata que ofreció un sector del justicialismo para consolidarse: vale recordar que en 1989 la mayoría no votó un plan de estabilización y “sufrir para luego estar mejor”, sino “salariazo y revolución productiva”. Fue el último acto, agónico, de aquellas esperanzas de que la democracia no solo evitara las torturas, sino que también alimentara, educara y curara.
El menemismo tomó las riendas de una frágil democracia posdictatorial y realizó un doble movimiento: la consolidó y la vació simultáneamente. La consolidó, saldando la cuestión militar mediante indultos, represión y desfinanciamiento, pero también arrojándola en manos de quienes más podían desestabilizarla: Menem ofreció garantías al poder económico concentrado de que esa democracia no sería un problema para avanzar con las reformas. El vaciamiento fue evidente. Luego de un arranque turbulento (1989-1991), el establecimiento de la convertibilidad colocó una regla económica y a la tecnocracia encargada de su aplicación en la cima del sistema político argentino. No había democracia capaz de poner en cuestión ese dogma, al menos que los argentinos quisieran suicidarse. El objetivo de blindar la economía contra la soberanía popular parecía definitivamente cumplido.
El menemismo consolidó una democracia que, al mismo tiempo, vació: blindó la economía frente a la soberanía popular y redujo la política a la gestión de lo inevitable.
El proceso de transformación estatal fue la otra cara de una democracia de baja intensidad. Un Estado que achica sus funciones sociales y deteriora sus capacidades regulatorias y de intervención económica, concentrándose casi exclusivamente en garantizar la reproducción del capital, comienza a resquebrajar los fundamentos mismos de su legitimidad democrática: si la política no tiene capacidad de resolver mis problemas, no me interesa.
El menemismo consolidó así la separación entre el gobierno tecnocrático de la economía, una democracia vaciada y un Estado con sus funciones regulatorias y compensatorias fuertemente deterioradas.
Paréntesis: un terreno de lucha
Alguien podría decir que esa separación es fundante de la propia forma moderna del Estado y la democracia. La fractura entre lo público/político y lo privado/económico permite el desdoblamiento entre ciudadanos y agentes económicos: en un campo rige la igualdad formal ante la ley; en el otro, la desigualdad social naturalizada. Sin embargo, la democracia y el Estado no son instituciones monolíticas, sino productos de procesos históricos y, por tanto, el resultado institucionalizado de luchas pasadas y en curso. Son campos de disputa en permanente tensión, sometidos a la influencia desigual de fuerzas sociales contrastantes. Por eso, un Estado no es igual a otro.
El ejemplo más evidente fue el compromiso entre capital y trabajo que cristalizó en el Estado de bienestar durante la segunda posguerra, que colocó algunos resortes de decisión económica al alcance de lo disputable en el terreno de la ciudadanía política. Está claro que esa “concesión” tuvo que ver con el hecho de que en un tercio de la humanidad se ensayaban vías alternativas de desarrollo y organización social. La crisis de ese compromiso keynesiano y del Estado social fue lo que dio paso al Estado neoliberal.
En Argentina, el peronismo fue una gesta de reconexión entre soberanía popular y ámbito de decisión económica, expresada fundamentalmente en el acceso de la clase trabajadora a una ciudadanía no solo política sino social, y en la reafirmación de una voluntad estatal de planificación económica y desarrollo autónomo. Ese pecado original, concretado bajo modalidades tumultuosas y plebeyas dado el protagonismo del movimiento obrero, explica el odio perenne de las clases dominantes hacia el peronismo.
Del fin de la historia a los “presidentes que se parecen a sus pueblos”
La década del noventa fue, a escala global, no solo la de una gran ofensiva del capital contra el trabajo, sino la de mayor optimismo ideológico neoliberal. La combinación de democracias formales y desmantelamiento del Estado social avanzaba desafiante, tanto en libros y pantallas, como de la mano de las intervenciones “humanitarias” estadounidenses. En ese concierto, Menem fue un excelente intérprete y Argentina “el mejor alumno”. Aun cuando las denuncias de corrupción y alguna licencia excesiva en el estilo menemista llevaron a su derrota en 1999, la hegemonía de su discurso económico se mantuvo. La Alianza (UCR-Frepaso) postuló la continuidad de la convertibilidad con estilo republicano y gestión honesta.
Sin embargo, el “fin de la historia” no duró para siempre. Al fin y al cabo, todo lo sólido se desvanece en el aire. A caballo de la crisis neoliberal en América Latina y de la movilización de actores agredidos por el modelo de la convertibilidad, irrumpió en 2001 una rebelión popular precedida por estallidos que fueron de la periferia al centro, siguiendo la huella de privatizaciones y desocupación.
El “que se vayan todos” fue expresión del éxito y fracaso simultáneo del vaciamiento democrático neoliberal. Del éxito, porque ese hastío generalizado, aparentemente antipolítico, que estalló con furia en diciembre de 2001, era producto del compromiso de casi toda la institucionalidad política con un programa de devastación nacional. Fracaso, porque en ese aparente desierto germinaron procesos de resistencia centrados en la recuperación de otras formas democráticas: organización comunitaria, coordinadoras de desocupados, asambleas populares y experiencias que, si bien no alcanzaron una escala suficiente para alternativizar la institucionalidad vigente, nutrieron un ideal democrático distinto del “alfonsinista” en parte del activismo y la sociedad movilizada.
Si la forma concreta del Estado es producto de confrontaciones y expresión siempre distorsionada de relaciones de fuerzas, nada podía ser igual en Argentina después del 2001. Néstor Kirchner leyó como nadie esa nueva realidad, entrevió sus potencialidades y, de manera extremadamente audaz, se lanzó a recuperar la autonomía relativa de la política frente al poder económico. Así, el kirchnerismo expresó una subordinación relativa de algunos planos económicos a la voluntad popular y, por tanto, una revitalización de la democracia argentina. Durante “la década ganada”, las expectativas democráticas de las mayorías sociales se reanimaron. Volvió a estar en juego la idea de que desde la política se podían hacer cosas para que la gente viva mejor.
La recuperación de ciertas capacidades estatales, de políticas de protección social y laboral, ampliación de derechos y búsqueda de integración continental para establecer coordinación y autonomía geopolítica, volvieron a poner en agenda una noción central del movimiento nacional y popular: una democracia genuina requiere niveles elementales de justicia social.
Cuando decimos que el kirchnerismo recuperó la política, hablamos también de esto: un proceso que habilitó el fortalecimiento episódico de la legitimidad estatal y la capacidad representativa de la dirigencia. Este fenómeno, simultáneo en varios países latinoamericanos, fue posible por la conjunción de fuerzas sociales opositoras al neoliberalismo —que “desde abajo” pugnaban por protagonismo— y sectores dirigenciales con disposición para canalizar nuevas demandas e iniciar una misión reparadora. Es tan cierto que no había kirchnerismo sin el 20 de diciembre de 2001, como que un ciclo de recuperación de derechos no surge necesariamente de una acción de masas sin mediación ni intérprete político.
Contraofensiva reaccionaria, limitaciones propias y fin de una oleada
No haremos un análisis detallado de la experiencia kirchnerista ni de la oleada de gobiernos posneoliberales que cubrieron parte de nuestro continente en la primera década del siglo XXI. Solo diremos que, para 2015, cuando Macri gana las elecciones, esa oleada se encontraba en retroceso, producto del ataque persistente del imperialismo, las derechas locales y el poder económico, el cambio de condiciones económicas globales, pero también de limitaciones propias que no superamos.
Un balance de aquellas experiencias es vital y será, seguramente, un producto histórico y colectivo. Solo lo abordamos en la medida en que su agotamiento supuso un nuevo ciclo de debilitamiento democrático y pérdida de expectativas ciudadanas en las capacidades transformadoras de la democracia. En América Latina, según Latinobarómetro, la valoración positiva de la democracia pasó del 56 % y 58 % en 2009 y 2010, respectivamente, a valores cercanos al 40 % en estudios recientes.
Defender la democracia hoy no puede ser solo preservar instituciones: exige recuperar la capacidad de la política para transformar las condiciones materiales de la vida.
Los límites que encontramos para recuperar las capacidades del Estado y, de manera más decidida y duradera, introducir las reglas de la democracia y la soberanía popular en el terreno de la acumulación económica explican, en parte, esta nueva oleada de repliegue de ciertos sectores sociales frente a la política. Efectivamente, hubo una distancia entre nuestros enunciados y la capacidad de avanzar en transformaciones que mejoraran la vida de los sectores populares. No se trata de “doble discurso” o malicia, sino de límites estructurales, inscritos en relaciones de fuerza de larga data que no fuimos capaces de desmontar. En una parte del camino, ese andamiaje legal y material del Estado neoliberal heredado, pasó de ser un límite relativo a un bloqueo absoluto, primero para la transformación y luego para la permanencia en el poder. Esto ocurrió conforme se disipaba el fantasma de la rebelión popular y los sectores económicos concentrados recuperaban su determinación ofensiva.
Parte de los mencionados límites surgieron producto de los avances alcanzados, tanto en la distribución del ingreso como en la recuperación de empresas privatizadas (YPF, Aerolíneas, AYSA, trenes, etc.), la ampliación de derechos y los intentos de autonomía nacional. Nos encontramos frente a un doble desafío: la reacción virulenta de los intereses locales e internacionales afectados, que terminaron articulando las condiciones de una contraofensiva reaccionaria, y la emergencia de nuevas demandas y agendas sociales, que esos propios procesos habilitaron mediante las conquistas alcanzadas.
Luego de la desastrosa presidencia de Mauricio Macri, fallida en casi todos los planos, una sociedad al borde del agotamiento le dio una nueva oportunidad a la alianza nacional y popular. La experiencia fallida del Frente de Todos y del gobierno de Alberto Fernández tuvo elementos adicionales, como la incoherencia interna en la gestión o los conflictos internos expuestos públicamente, y enfrentó desafíos excepcionales como la pandemia. Sin embargo, sus limitaciones centrales constituyeron la continuidad de los dilemas irresueltos del período 2012-2015: la incapacidad para superar impotencias estatales, el escaso recurso a la movilización o el protagonismo popular y, sobre todo, la consolidación de una mirada en la cual la moderación y el acuerdo con algún sector del establishment era garantía de gobernabilidad.
Milei como síntoma y forma extrema
El gobierno de Milei representa el experimento más extremo de neoliberalismo autoritario en la historia reciente de nuestro país, buscando blindar definitivamente la economía contra cualquier expresión de soberanía popular mediante un plan de reestructuración regresiva. Su comprensión implica procesos nacionales, pero también factores globales. Experiencias como las de Trump, Bolsonaro y otras derechas extremas que llegaron al gobierno o tienen un crecimiento notable en su influencia, nos hablan de un fenómeno general.
Este fenómeno se inscribe en un contexto mundial de transición hegemónica, marcado por la hiperagresividad de una superpotencia que intenta frenar su decadencia mediante la violencia y el intervencionismo, y la emergencia China y otros poderes regionales.
Transitamos una crisis civilizatoria a la que nuestras democracias no logran escapar. Los factores de poder desarrollan una doble tarea que socava la institucionalidad democrática. La capacidad de decisión de unos pocos multimillonarios tiene sitiadas a las democracias. Estas fuerzas económicas limitan la soberanía popular, le imponen condiciones y la extorsionan sin tapujos mediante la deuda externa y los golpes de mercado. Al mismo tiempo, sobre la base de ese debilitamiento, se vuelcan a la agitación antidemocrática y a la defenestración del Estado, argumentando su “ineficiencia”.
Las derechas autoritarias buscan capitalizar el descontento, la frustración, el miedo y el resentimiento que el propio neoliberalismo produce, orientándolo hacia salidas reaccionarias, individualistas o directamente misóginas, racistas y xenófobas. Es la fase de un “neoliberalismo zombi” que, carente de fundamentos materiales para generar bienestar, redobla su agresividad sobre territorios y poblaciones, gestionando la crisis de manera permanente a través del miedo y la fragmentación social.
Esta ofensiva ha colonizado las subjetividades, capturando las “pasiones tristes” generadas por el propio neoliberalismo —odio, frustración e incertidumbre— de sectores populares huérfanos de perspectiva de futuro, tras décadas de promesas democráticas incumplidas.
Hacia una refundación democrática
Frente a este diagnóstico, enfrentamos un enorme desafío: ¿cómo defender nuestras instituciones democráticas —tan difíciles de alcanzar en este continente— mientras dialogamos con las insatisfacciones, temores y frustraciones de sectores medios y trabajadores que votan a la derecha? ¿Cómo construimos consensos democráticos que aíslen las expresiones autoritarias, al tiempo que repensamos nuestra institucionalidad y práctica democrática?
Para defender la democracia hay que contraponerla a los efectos devastadores del capitalismo neoliberal.
Nuestra hipótesis —que un debate colectivo y la realidad misma deben poner a prueba— es que la desafección democrática y el descrédito del imaginario nacional-popular en trabajadores y sectores medios responden, en buena medida, a los límites estructurales que nuestros proyectos encontraron para subordinar la esfera económica a la soberanía popular. Esto es, para que la política mejore efectivamente las condiciones de vida ciudadana. No pensamos aquí la esfera económica de manera estrecha (empleo, salarios, transferencias, control de inflación y divisa), sino como un conjunto de estructuras materiales de poder donde la democracia popular tiene prohibida la entrada: cuidados y reproducción de la vida; gestión de bienes comunes y estratégicos; vivienda y acceso a la tierra; ciudadanía y soberanía digital; definiciones sobre modelo de desarrollo y procesos productivos.
Si acertamos en el diagnóstico, no tendremos éxito en la recuperación de la iniciativa estratégica reforzando el “giro al centro” de los proyectos populares, moderando programas y priorizando pactos con el establishment económico. Mucho menos, yendo hacia el conservadurismo “porque es lo que la sociedad reclama”.
La defensa más consecuente de la democracia frente a una ultraderecha autoritaria —ariete del capital concentrado— no puede limitarse a la custodia institucional o a la “gestión de lo posible”. Urge recuperar la política como el arte de hacer posible hoy lo que ayer parecía imposible, de leer las relaciones de fuerza para transformarlas. Eso hizo el peronismo, ese fue el elemento más potente del kirchnerismo.
Claro que debemos defender las instituciones y derechos democráticos. Probablemente, unidades electorales y de acción amplias, democráticas o antifascistas, sean necesarias. No se trata de negar eso o sugerir radicalizaciones sencillas o purezas identitarias, sino de, en todo caso, transitar el tortuoso e incierto camino que pone en cuestión esa separación constitutiva de la modernidad que nos concede igualdad formal como ciudadanos mientras naturaliza la desigualdad en la vida social. Sin esto, no solo no lograremos recuperar algún horizonte de transformación con sentido popular, sino que seremos crecientemente impotentes para defender la democracia actual ante los desafíos autoritarios.
En un sentido estratégico, necesitamos una refundación democrática en clave sustantiva, social y participativa. Una propuesta de reformas que permita a las comunidades definir democráticamente no solo quién gobierna, sino qué y cómo producimos, cómo cuidamos, cómo nos vinculamos con la naturaleza y el mundo, qué sucede con nuestras divisas, glaciares, ruralidades y desarrollos urbanos. Socializar la política, politizar la economía. No es un camino corto, pero frente a una crisis civilizatoria, la paciente espera ya sabemos dónde conduce.
No tenemos un mapa para recorrer este camino. Con seguridad, ese proceso tiene que nutrirse de las resistencias y procesos de organización, de la creatividad y la experiencia colectiva de nuestro pueblo, del protagonismo de los sectores agredidos por el programa de destrucción nacional de Milei. Pero, sin dudas, también es imprescindible la emergencia de nuevos liderazgos populares con principios firmes, sensibilidad y audacia para interpretar los nuevos tiempos y renovar nuestros imaginarios colectivos. Es por eso que hoy despierta grandes expectativas el liderazgo de un compañero como Axel Kicillof.
Con seguridad, ese proceso tiene que nutrirse de las resistencias y procesos de organización, de la creatividad y la experiencia colectiva de nuestro pueblo, del protagonismo de los sectores agredidos por el programa de destrucción nacional de Milei.
La construcción de una fuerza política y una alternativa para derrotar a Milei y a todas las expresiones de la derecha en 2027 es fundamental. Esto demandará un gran esfuerzo, pero ahí no termina la cuestión. Se abrirán desafíos fenomenales.
Recuperar las promesas democráticas del ‘83 demanda hoy pelear por una transformación de gran alcance. Necesitamos democracia en el Estado, pero también en las familias, en las instituciones educativas, los campos, en las fábricas, los medios, y hasta en los bancos y la gestión del algoritmo.
Tenemos que animarnos a soñar, a desear y proyectar otros futuros posibles, distintos de las pesadillas recurrentes que nos ofrece el neoliberalismo. Tenemos una historia rica, tenemos un pueblo activo y orgulloso, tenemos memoria y tenemos una extraordinaria voluntad de lucha. Vamos a dar las peleas necesarias para conquistar nuestro derecho al futuro, y para construir una Argentina con soberanía, desarrollo y justicia social.