1976-2026: cincuenta años de saqueo, dependencia y resistencia

A cincuenta años del golpe de 1976, la crisis argentina deja de ser leída como una sucesión de errores para revelarse como el resultado de un proyecto histórico coherente. Este artículo reconstruye la secuencia que conecta terrorismo de Estado, desindustrialización, endeudamiento y pérdida de soberanía, mostrando cómo se consolidó un modelo de saqueo y subordinación. Desde la dictadura hasta la actualidad, la democracia operó bajo límites impuestos por el poder económico. Comprender esa trama es condición necesaria para pensar una reconstrucción nacional con justicia social, soberanía y desarrollo.

Al mirar la Argentina de hoy vemos el resultado de cincuenta años de decadencia, cuyo resultado es la incapacidad de nuestra comunidad para proyectar y reproducir integralmente su vida.

En las últimas cinco décadas se desmanteló deliberadamente nuestra industria, se empobreció masivamente a nuestro pueblo y se abdicó del Estado como herramienta de desarrollo nacional. Pero esto no es producto de una decadencia natural, de esas que los historiadores liberales atribuyen al carácter de los pueblos. Es, por el contrario, la consecuencia directa de un proyecto político-económico de clase, ejecutado por una alianza cívico-militar-empresarial que, iniciado con el terrorismo de Estado en 1976, logró imponer su modelo gracias a la complicidad de sectores políticos que traicionaron su mandato popular.

Este balance no es una crónica de lo que pasó, es el esfuerzo por conectar los puntos entre aquel golpe fundacional y la crisis estructural que hoy padecemos. Conectar cómo se degradó la vida de las mayorías mientras el Estado perdía, una a una, sus capacidades fundamentales. Conectar el saqueo con el endeudamiento, la deuda con la fuga, la fuga con el ajuste, y el ajuste con la pobreza que ya no es coyuntural sino permanente. 

Comprender esta secuencia no es un ejercicio académico. Es el piso mínimo de certezas desde el cual reconstruir cualquier alternativa futura. Si no logramos dimensionar cómo llegamos hasta acá, si no nombramos a los responsables y sus mecanismos, si no limpiamos el desorden aparente del caos, entonces cualquier proyecto de reconstrucción nacerá derrotado.

1976: el golpe fundacional y la miseria planificada

El 24 de marzo de 1976 no fue uno más de los varios golpes militares de nuestro siglo XX. Fue el acto fundacional de un nuevo régimen que usó la violencia para reorganizar la sociedad en beneficio de una minoría. Si bien el golpe perpetrado contra el pueblo y la nación argentina en septiembre de 1955 tuvo un carácter reaccionario y antipopular, no llevaba consigo un proyecto definido y acabado como el que impondría a sangre y fuego la última dictadura militar.

El objetivo del programa político-económico fue expresado sin metáforas por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, quien anunció tempranamente “el principio de la subsidiariedad del Estado y la apertura de la economía”, en busca de una “profunda transformación de las estructuras económicas” del país. Ese programa se aplicó a una sociedad que, no sin conflictos y limitaciones, había alcanzado los mayores niveles de integración social e industrialización de Nuestramérica. La dictadura fue el brazo armado de un bloque de poder que ya se había organizado en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), e incluía a grupos como Bunge & Born, Ledesma (Blaquier), Acindar y Techint.

El terrorismo de Estado tuvo un sentido económico brutalmente claro: disciplinar a la fuerza de trabajo y eliminar toda resistencia a un plan de saqueo. Empresas como Ford, Mercedes Benz y Molinos Río de la Plata participaron activamente, facilitando listas de delegados, permitiendo centros clandestinos de detención en sus fábricas y colaborando con el secuestro de trabajadores. 

El terrorismo de Estado tuvo un sentido económico brutalmente claro: disciplinar a la fuerza de trabajo y eliminar toda resistencia a un plan de saqueo.

El resultado inmediato fue una caída catastrófica del salario real —que perdió alrededor del 40 % de su poder adquisitivo en el primer año de la dictadura— junto a la destrucción de miles de puestos de trabajo industriales. Así comenzó la espiral descendente de las condiciones de vida de nuestra clase trabajadora, que nunca se recuperaría plenamente.

El saqueo estructural: deuda y fuga de capitales

La picota de la dictadura no conoció límites: mientras torturaba y robaba, también saqueaba. El plan de Martínez de Hoz se basó en la apertura financiera, la liberalización importadora que destruyó la industria nacional y en un monumental mecanismo de endeudamiento. La deuda externa se multiplicó por cinco, pero su característica más perversa fue la estatización de las deudas privadas. Bajo la gestión de Domingo Cavallo en el Banco Central y su sucesor Julio González del Solar, el Estado nacionalizó las obligaciones de grandes empresas como Sevel (de la familia Macri), Acindar, Pérez Companc y Loma Negra (Fortabat), que habían tomado créditos en el exterior para luego fugarlos. Este esquema perverso transformó al Estado, y consecuentemente al conjunto del pueblo, en el garante último de negocios privados y sentó las bases de un parasitismo financiero que constituirá la norma en las décadas siguientes. Amasaron sus fortunas con el pago indecente que impusieron al pueblo trabajador. 

Malvinas: derrota estratégica y capitulación soberana

Balancear en pocos párrafos las razones y conclusiones que pueden extraerse de la guerra de Malvinas es una tarea por demás difícil, y quizá hasta irresponsable. Por ello, instamos a todo nuestro pueblo, pero fundamentalmente a los jóvenes, a profundizar el estudio ordenado de los hechos y de las reflexiones que les siguieron, a la luz de las advertencias de lo que significó el proceso de desmalvinización posterior a la derrota.

La guerra de Malvinas de 1982 representa un hito en nuestra historia nacional. Uno de esos momentos de alta complejidad donde las encrucijadas de la historia se niegan a la simplicidad. La causa irrenunciable de una nación fue esgrimida y convocada por una dictadura militar en decadencia, que subordinaba al interés transnacional al mismo pueblo que vitoreaba la decisión de combatir al Reino Unido de Gran Bretaña en su injusta posición colonial. La causa Malvinas despertó fuerzas que desbordaron por completo la coyuntura. Liberó la energía contenida de nuestro pueblo, que inmediatamente identificó un antagonista histórico y lo combatió con todo vigor, pese a la improvisación operativa, las desinteligencias logísticas y la vergonzante cobardía de los altos mandos militares, causándole a la temible flota de guerra británica innumerables bajas y hundimientos.

Malvinas no fue solo una derrota militar: fue una catástrofe geopolítica que consolidó la pérdida de soberanía sobre el Atlántico Sur y debilitó la posición argentina en el mundo.

Las características del conflicto evidencian la falta de planificación estratégica de los altos mandos para una campaña prolongada y la subestimación de la respuesta militar del Reino Unido, que se proyectó sobre un conflicto armado con apoyo imperial de Estados Unidos y la OTAN, y no sobre una negociación diplomática. 

Nuestramérica tampoco fue ajena a esa energía liberada. Pese a las diferencias abismales que distanciaban a los gobiernos, la Cuba de Fidel y la Nicaragua sandinista ofrecieron abierta colaboración, siendo los pueblos de Perú y Venezuela colaboradores directos de la Argentina en el conflicto. 

La verdadera dimensión estratégica de Malvinas trasciende el archipiélago. Las islas son la llave geopolítica para el control del Atlántico Sur, el paso interoceánico y, fundamentalmente, el acceso a la Antártida, la reserva de agua dulce más grande del mundo. La posesión de Malvinas otorga una posición logística inmejorable para proyectar influencia hacia un territorio de incalculable valor, cuyos recursos serán objeto de disputa ante la eventual caducidad del Tratado Antártico. La política que siguió a la derrota militar de 1982 —la desmalvinización— consolidó la posición británica en esta disputa silenciosa y debilitó estructuralmente la capacidad argentina de defender sus legítimos derechos sobre un territorio de casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a un tercio de nuestra extensión continental americana.

La posguerra culminó con la capitulación diplomática en los Acuerdos de Madrid I y II. Firmados por el gobierno de Carlos Menem, estos pactos institucionalizaron la sumisión bajo una fórmula de “paraguas de soberanía” que congeló la disputa mientras permitía:

• El desarme unilateral: Argentina aceptó un desmantelamiento drástico de su presencia militar en el sur, desinvirtiendo en su instrumento de defensa y abandonando su capacidad de disuasión.

• La hegemonía británica en el Atlántico Sur: se crearon grupos de trabajo que, en la práctica, entregaron a Gran Bretaña un rol de vigilancia y control sobre los movimientos argentinos en la Patagonia y su mar austral, consolidando una soberanía virtualmente compartida en detrimento de nuestros intereses nacionales.

• La entrega de recursos: se acordó la cooperación pesquera e hidrocarburífera, lo que permitió al Reino Unido explotar riquezas en una zona que nos pertenece, sin contraprestaciones reales para el pueblo argentino.

Esta derrota se vio agravada por la traición estratégica de Estados Unidos, que habiendo utilizado a la dictadura como aliada para la ejecución continental del Plan Cóndor, brindó apoyo crucial al Reino Unido incumpliendo el TIAR. Las conclusiones son categóricas. Para los centros de poder global, los países periféricos son siempre peones sacrificables. Malvinas no fue solo una derrota militar. Fue una catástrofe geopolítica integral que profundizó la pérdida de soberanía sobre nuestros mares, debilitó nuestra posición ante el futuro de la Antártida, desarmó nuestras capacidades de defensa y expuso la crudeza de las alianzas internacionales.

Al mismo tiempo, la gesta de Malvinas puede pensarse también como el último estertor, un último acto soberano de insubordinación frente a las terminales del poder global, por parte de un Estado y una nación que aún incluían, hasta ese momento, el honor y la grandeza como valores fundantes de sus deberes. Reivindicar la causa Malvinas hoy implica necesariamente denunciar esta doble condición: la ocupación colonial británica y la capitulación de una clase dirigente que, antes y después de la guerra, claudicó en la defensa de los intereses nacionales. Las conclusiones de Malvinas incomodan porque expone la imposibilidad de su recuperación sin antes reincorporar el dominio de toda la Argentina al interés nacional.

El proyecto frustrado: la extinción de la burguesía nacional

El peronismo histórico tuvo como uno de sus pilares la construcción de una burguesía industrial nacional que, en alianza con un Estado planificador y un movimiento obrero fortalecido, liderara un proyecto de desarrollo nacional autónomo. Este modelo de “comunidad organizada” buscaba sustituir importaciones y generar una base productiva interna, en clara oposición al modelo agroexportador dependiente. Sin embargo, este sector burgués nacional demostró una debilidad estructural crónica. Su desarrollo dependía de políticas estatales de protección sin lograr alcanzar una autonomía dinámica frente al capital transnacional, limitado por restricciones de inversión y falta de capital propio.

Los bombardeos criminales a Plaza de Mayo de 1955 dieron inicio a la desarticulación de este proyecto; la dictadura de 1976 marcó el punto de inflexión. El plan de Martínez de Hoz no fue solo una brutal transferencia de ingresos a los sectores concentrados del poder; fue un proceso consciente de desarticulación de ese bloque nacional-popular. El terrorismo de Estado exterminó la vanguardia política que podía oponer resistencia, mientras las políticas económicas desmantelaron la base industrial, financiarizaron la economía y favorecieron la concentración y transnacionalización del capital. El golpe no solo fue militar, sino que ejecutó un golpe de mercado que redefinió las relaciones de fuerza a favor de un bloque social parasitario.

El retorno a la democracia en 1983 encontró a esta potencial burguesía nacional ya debilitada o reconvertida en burguesía asociada. El gobierno de Carlos Menem, lejos de intentar revitalizarla, profundizó su extinción a través del desguace de las capacidades estratégicas del Estado, las privatizaciones, la desregulación y la apertura económica indiscriminada. El peronismo, particularmente el Partido Justicialista (PJ) como instrumento político, fue utilizado para liquidar las bases materiales de su propio proyecto histórico original.

El ciclo kirchnerista representó un intento de recomposición neodesarrollista dentro de los marcos del sistema. En un contexto de commodities altos y recomposición del poder adquisitivo, se buscó fomentar un sector empresarial “nacional y popular”. Este intento chocó con límites estructurales que no pudieron ser derribados. La dependencia de la renta extractivista, la incapacidad de reconstruir un Estado planificador que acabara con la matriz neoliberal heredada, el resurgimiento de un corporativismo empresarial rentístico asociado al Estado, la esperanza en la inversión extranjera como sustituto del capital nacional y la persistencia de la lógica financiera junto a la fuga de capitales impusieron su lógica. El kirchnerismo no logró recrear una burguesía nacional con proyecto autónomo.

En nuestro país, la extinción de la burguesía nacional no fue un fenómeno natural ni espontáneo, sino el resultado de un proyecto de clase que, iniciado con la dictadura de 1976 y profundizado en los años noventa, transformó a los sectores dominantes locales en una burguesía financiera y transnacionalizada cuyos intereses están desacoplados del desarrollo productivo nacional. La fuga de capitales —que acumuló un estimado de más de 300.000 millones de dólares en cuatro décadas— es la expresión más acabada de esta metamorfosis. El capital que debía reinvertirse en el país para generar empleo, tecnología y soberanía económica, fue sistemáticamente transferido al exterior por sus propios dueños.

La experiencia confirma la tesis dependentista: en la periferia, las burguesías locales están estructuralmente subordinadas al capital transnacional.

La democracia argentina nació con un límite estructural: la imposibilidad de afectar los intereses del poder económico que había sostenido a la dictadura. 

La democracia cautiva y el “tabú” del poder real

La recuperación democrática en 1983 se enfrentó desde sus inicios con un tabú: la imposibilidad de tocar los intereses del poder económico que habían apoyado a la dictadura. Este límite invisible vació de contenido social y nacional a la política argentina.

Pese a las evidencias ofrecidas por el censo de deuda y la causa Olmos, el gobierno radical de Raúl Alfonsín optó por el reconocimiento y el pago de las deudas fraudulentas contraídas frente al FMI. La falta de denuncia oficial de una deuda odiosa, la nacionalización de la deuda privada y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fueron la claudicación inicial que consolidó la impunidad y señaló los límites que el poder real imponía a la nueva democracia.

Este límite explica la metamorfosis de los partidos populares. El peronismo, bajo el liderazgo de Carlos Menem, se convirtió en el instrumento más eficaz para profundizar el modelo neoliberal mediante las privatizaciones de empresas estratégicas y la Ley de Convertibilidad, de Domingo Cavallo. El radicalismo, por su parte, se dobló y rompió con sus principios históricos, no perpetuó la intransigencia ética, no fue causa social ni nacional, y ni siquiera pudo sostener los principios republicanos.

La reforma constitucional de 1994: la cristalización jurídica del orden neoliberal

La reforma constitucional de 1994, frecuentemente presentada como una modernización, fue en realidad la consagración jurídica del orden neoliberal impuesto por la fuerza en 1976. Lejos de ser un mero acuerdo de convivencia democrática, el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín fue la transacción política que blindó los pilares de este nuevo régimen.

Entre sus aspectos más regresivos se destacan la jerarquía supralegal de los tratados internacionales, que logró subordinar la legislación doméstica a intereses corporativos, y la federalización de los recursos naturales, que fragmentó la capacidad negociadora del Estado nacional. Mientras que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires acentuó el divorcio entre intereses financieros y productivos. Desde entonces, la “city porteña” imita las plazas financieras del poder global mientras abandona su integración al conjunto de la producción nacional. La reforma fue, en esencia, la Constitución del Consenso de Washington aplicada a Argentina.

La pérdida de capacidades del Estado y la exclusión masiva

El correlato de este proceso fue la pérdida sistemática de las capacidades del Estado y la enajenación de la conciencia de grandes porciones de nuestro pueblo, fundamentalmente las dirigenciales. Las privatizaciones no solo significaron el traspaso de recursos públicos a manos privadas, sino también la desarticulación de equipos de ingeniería que el Estado había formado durante décadas en las empresas públicas; los cuadros técnicos y la planificación estatal fueron desechados. Áreas estratégicas como la energía, las telecomunicaciones y los ferrocarriles quedaron en manos de monopolios privados cuyo interés no es el desarrollo nacional.

En el plano social, el modelo consolidó una sociedad de exclusión fragmentaria. La desindustrialización y la flexibilización laboral crearon un ejército de desocupados estructurales y millones de trabajadores precarizados. La Argentina, que fue ejemplo de movilidad social ascendente, se reprimarizó y se volvió una sociedad decadente, con índices de pobreza estructurales y una generación joven que, por primera vez, tiene peores expectativas de vida que las de sus padres.

La crisis y el agotamiento de un ciclo

Los intentos de revertir esta tendencia dentro de los marcos del sistema, como el ciclo kirchnerista, lograron mejoras sociales importantes, pero no alteraron las bases estructurales del poder. Aunque es justo reconocer los avances en materia de inclusión social, recomposición salarial y recuperación de algunas áreas del desarrollo científico-tecnológico, no se quebró la lógica de la fuga de capitales ni se recuperaron las capacidades estatales estratégicas. La vuelta al ajuste ortodoxo de Mauricio Macri, y su radicalización con Milei, demostraron la fragilidad de esos avances y la profundidad de la hegemonía cultural neoliberal.

Hoy el Estado encuentra serias dificultades para garantizar servicios básicos, y la deuda externa vuelve a ser un instrumento de sometimiento. Lo que se inició en 1976 no terminó en 1983. El patrón “deuda – fuga – pago popular – nueva deuda” se repitió en los años noventa, en 2001, en 2018 con Macri y ahora nuevamente con Milei. La política democrática institucional, subordinada a los intereses financieros, ha perdido su capacidad de canalizar las demandas populares. El divorcio de nuestro pueblo con la política es el resultado natural de la incapacidad de trocar el infierno neoliberal por un proyecto integrado de comunidad nacional que vele por los intereses reales de los habitantes de este bendito suelo.

El patrón “deuda – fuga – ajuste” se repite desde 1976, evidenciando que la política democrática no logró romper la subordinación al poder financiero.

Conclusión: un piso de certezas para la reconstrucción argentina

Este balance deja conclusiones incómodas pero necesarias. La catástrofe nacional es el resultado de un proyecto ejecutado con precisión. No hubo errores, excesos, ni desvíos, sino la ofensiva sistemática de una clase social —la que fuga nuestras riquezas— contra nuestra cultura, el trabajo, la producción y la soberanía.

La reconstrucción argentina exige romper definitivamente con los límites que desde 1976 subordinan la política al poder financiero y el interés nacional al imperialismo occidental decadente. Será nuestra tarea construir una nueva hegemonía que priorice la recuperación del Estado como planificador del desarrollo, la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos, la integración territorial argentina, y la soberanía cultural y cognitiva de nuestro pueblo. Para ello, es fundamental forjar una alianza política entre los trabajadores formales, la economía popular, las fuerzas comunitarias de nuestro pueblo, las juventudes postergadas, los sectores productivos nacionales, y las y los científicos e intelectuales al servicio de nuestro interés nacional. El desafío es monumental, pero el primer paso es tener la claridad de no volver a transitar los caminos que nos condujeron a esta decadencia.

Será nuestra tarea construir una nueva hegemonía que priorice la recuperación del Estado como planificador del desarrollo, la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos, la integración territorial argentina y la soberanía cultural y cognitiva de nuestro pueblo

Diez claves para entender la Argentina del despojo:

• La participación civil en el golpe de 1976 y la represión clasista se encuentran fáctica y judicialmente documentada.

• La burguesía nacional del proyecto peronista fue aniquilada o mutó en burguesía argentina subordinada al capital transnacional.

• La toma ilegítima de deuda con organismos internacionales de crédito y la ilegal estatización de la deuda privada en 1982 son hechos económicos incontrovertibles.

• El ciclo “toma de deuda – fuga de capitales – pago del pueblo – nueva toma de deuda” expresa la dinámica de un mecanismo que atenta contra la capacidad de desarrollo nacional y somete al pueblo trabajador a un constante estado de ajuste que recae sobre sus condiciones de vida.

• Las políticas económicas de la dictadura y del menemismo constituyen el núcleo antinacional.

• La reforma constitucional de 1994 profundizó el modelo neoliberal argentino y desarticuló la capacidad para la toma de decisiones sobre los recursos estratégicos de la nación.

• La derrota de Malvinas trajo aparejada una profundización de la pérdida de capacidades de Estado y, consecuentemente, de soberanía territorial efectiva.

• El territorio nacional argentino se encuentra débilmente articulado tanto logística como poblacionalmente.

• Nuestro pueblo se encuentra indefenso frente a las nuevas capacidades de penetración cultural y sometimiento cognitivo derivadas del desarrollo de las nuevas tecnologías.

• Las capacidades del Estado argentino y las condiciones de vida popular se deterioraron sistemáticamente desde 1976.