A lo largo de la historia argentina, el endeudamiento externo ha estado estrechamente vinculado a la fuga de capitales, configurando un mecanismo que beneficia a sectores concentrados y condiciona la soberanía económica. Desde la dictadura hasta la actualidad, la deuda no financia el desarrollo sino que sostiene ciclos especulativos con altos costos sociales. Frente a ello, se propone auditar la deuda, investigar la fuga y construir una estrategia económica orientada al crecimiento con inclusión, la acumulación de reservas y la recuperación de la autonomía nacional.
Sin duda alguna, el endeudamiento externo ha sido y es el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Desde los comienzos de la Patria, con el tristemente célebre préstamo de la Baring Brothers, hasta el actual ciclo de endeudamiento liderado por Milei y Caputo, la deuda no ha sido solamente un problema económico y financiero para las y los argentinos. Ha sido y es un problema esencialmente político, ya que la deuda se convirtió en un escollo para las decisiones gubernamentales —vía las condicionalidades impuestas por los acreedores— así como un vínculo indisoluble entre los intereses de los sectores dominantes locales y la economía transnacionalizada. Es decir, que la deuda restringió y restringe las decisiones soberanas de la República.
Así lo demuestra nuestra historia. Siguiendo a Nicolás Avellaneda (presidente argentino entre 1874 y 1880) quien señaló: “si es necesario, pagaremos la deuda con la sangre, el sudor y las lágrimas de los argentinos… pero pagaremos”, el actual presidente Milei ha expresado que se hará todo el ajuste que haga falta, sin importar los costos sociales, para garantizar el pago a los acreedores externos (el FMI y los bonistas, principalmente).
Señalamos, enfáticamente, que la deuda externa no es un fenómeno de la naturaleza o un hecho divino. Ni algo inexorable en el manejo de las finanzas públicas. Endeudarse en moneda extranjera es una decisión política. Y quienes han tomado la decisión de endeudar en moneda extranjera al país conocen perfectamente nuestra historia y las consecuencias repetidas de tomar deuda externa masivamente, donde una y otra vez el objetivo político ha sido beneficiar a unos pocos y no el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.
Por ello, es también necesario precisar que el endeudamiento externo puede ser utilizado favorablemente por un país para financiar el desarrollo o costosos emprendimientos de infraestructura; pero claramente no ha sido el caso de Argentina, sino que quienes se beneficiaron son aquellos que han realizado las maniobras financieras especulativas para llevarse los dólares del país. Los que en estos tiempos esperan quedarse también con los abundantes recursos naturales de la Argentina.
Fuga de capitales, carry trade o bicicleta financiera: distintos nombres para la misma estafa
Históricamente, el endeudamiento externo en la Argentina ha financiado la fuga de capitales ya que los dólares que ingresaron e ingresan a nuestro país y que tendrá́ que pagar toda la población, fueron y son apropiados por unos pocos, quienes los sacan del país por diferentes mecanismos.
El endeudamiento externo en Argentina no ha impulsado el desarrollo, sino que históricamente ha financiado la fuga de capitales y la acumulación de ganancias en manos de minorías.
Es importante conocer cómo funciona este proceso de endeudamiento y fuga, ya que muchas veces no se comprende la razón por la cual se endeuda el Estado argentino.
Como ya señalamos, en términos generales, los distintos estados del mundo se endeudan para contar con fondos que no poseen y poder financiar así obras de infraestructura de magnitud que conllevan inversiones que demandan abultados recursos financieros.
Tengamos presente que, si el endeudamiento externo se toma en condiciones razonables y se utiliza para mejorar la infraestructura del país (represas, autopistas, mejoramiento de las redes de comunicaciones, por ejemplo) o para ampliar la capacidad productiva de una forma que contribuya a la inclusión social y que redunde en generación de divisas en el futuro, entonces, puede contribuir a mejorar el bienestar de la nación.
No ha sido así en la historia argentina. Como caso de análisis podemos referirnos a lo ocurrido durante el gobierno de Macri, aunque similares procedimientos han ocurrido durante la última dictadura cívico-militar con Videla y Martínez de Hoz, durante la convertibilidad de Menem y Cavallo, y está aconteciendo nuevamente con Milei-Caputo.
Todos esos gobiernos intentaron mantener un tipo de cambio apreciado, es decir un valor del dólar bajo y preanunciando el recorrido del valor futuro que tendría esta moneda.
Los especuladores financieros locales y del mundo, ante esas condiciones, traen sus dólares a la Argentina y los venden, y con los pesos que reciben compran bonos ajustados por la inflación que emite el Estado, o colocan plazos fijos a altas tasas de interés. En ambos casos, estos indicadores —inflación y tasa de interés— siempre resultan superiores a la tasa de devaluación. Cuando sospechan o analizan las condiciones de fragilidad de desenvolvimiento de la economía local o las alternativas de mayores ganancias en otros lugares del mundo (fly to quality), comienzan a retirarse del mercado y por lo tanto venden los bonos en pesos o desarman los plazos fijos, con lo cual, se hacen de los pesos necesarios para comprar nuevamente los dólares que invirtieron previamente, concretando así abultadas ganancias especulativas en dólares. Es entonces, en este proceso de salida del mercado financiero argentino, cuando presionan al Banco Central para que les venda los dólares necesarios para concretar la fuga, comenzando las denominadas corridas devaluatorias.
Al finalizar este proceso, la estafa ha sido consumada: el Estado se queda entonces con la deuda externa contraída por la emisión de bonos externos en los mercados internacionales o con la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Deuda que debemos pagar todos los argentinos mientras que el beneficio ha contribuido a enriquecer a unos pocos.
El gobierno de Milei está atravesando, en esta etapa, el ciclo de ingreso de capitales especulativos. Por eso este “veranito financiero”, donde el dólar se mantiene estable o baja su cotización, la brecha entre el dólar oficial y el blue y los llamados dólares financieros (MEP y CCL) se reduce significativamente, los bonos argentinos suben su cotización y el riesgo país disminuye. Pero la mala noticia es que más tarde o más temprano ocurrirá lo mismo que en los anteriores períodos donde se utilizó esta estrategia: cuando esos capitales salgan del país, se producirá una fuerte devaluación de la moneda local, con el consecuente empobrecimiento aun mayor de la población y con el peso de vencimientos externos que resultarán impagables.
Las exigencias del pago de vencimientos derivadas del endeudamiento —tomado por Caputo en el gobierno de Macri y aumentado durante el gobierno actual— se traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en creciente asfixia de nuestra economía que ha sido corroborado de manera exponencial por el gobierno de Javier Milei, con brutales niveles de pobreza e indigencia.
Ello ocurre en un país que es el tercer exportador mundial de alimentos, que exporta cada vez más petróleo y gas, y que por ello debería crecer en forma sostenida y distribuir ingresos en forma creciente, solucionando definitivamente el drama de la pobreza e indigencia. Al contrario, se beneficia a una minoría parásita y rentista, en cuyo beneficio se contrae una exorbitante deuda pública —que no se investiga ni se investigó y que es la contraparte de la fuga de capitales— que evade y elude impuestos, que subfactura exportaciones, sobrefactura importaciones y que hasta recurre al contrabando.
Así se apropian del presente y del futuro de todos los habitantes de nuestra Nación, de esta generación y de las generaciones futuras.
La deuda sin límites: de Cristina a Milei
Cuando Cristina Fernández de Kirchner concluyó su mandato en diciembre de 2015 dejó una deuda bruta de 222.703 millones de dólares, el 60 % de la misma era intra sector público —en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.—, el 31 % era con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares) y el 9 % era con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares).
El país no tenía deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006. Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.
Ya durante el gobierno de Cambiemos (PRO y UCR) bajo la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), la deuda se incrementó en 97.927 millones de dólares, de los cuales, 44.559,9 millones de dólares corresponden al FMI.
Según el informe del Banco Central sobre deuda externa, en ese período se fugaron en paralelo, en forma sistemática, 86.200 millones de dólares. Las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables lo cual resulta fácilmente verificable al analizar sus balances. Observando las Memorias y Balances de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos, ninguna contabiliza haber adquirido los dólares que figuran comprando en el Mercado Libre de Cambio y que constan dichas operaciones en los bancos que se los vendieron.
La AFIP debería haber llamado a los administradores de esas empresas y obligarles a “abrir el balance” para que justifiquen la operatoria y multarlas por evasión fiscal. Nada de eso se hizo.
Es decir, que, una vez más, el endeudamiento externo no tuvo como destino la ampliación de la infraestructura del país o el desarrollo productivo o social, sino que sirvió para financiar la fuga de capitales.
El endeudamiento externo no tuvo como destino la ampliación de la infraestructura del país o el desarrollo productivo o social, sino que sirvió para financiar la fuga de capitales.
Y nuevamente, durante el gobierno actual, de la mano de Milei-Caputo, la deuda ha vuelto a incrementarse. Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, Alberto Fernández dejó un endeudamiento total de 370.674 millones de dólares y en la actualidad ese monto alcanzó los 460.068 millones de dólares, es decir unos 89.834 millones de dólares más. Como se puede apreciar, el festival de emisión de bonos se encuentra en pleno auge.
¿Cómo vamos a pagar?
El gobierno está decidido a hacer lo imposible para pagar los vencimientos de la deuda externa. No le importa en lo más mínimo el empobrecimiento del pueblo argentino, el desempleo, ni el cierre de fábricas y comercios. El presupuesto nacional para el corriente año se confeccionó con déficit cero, teniendo primero en cuenta lo necesario para pagar los compromisos. Esa es su prioridad.
Todo lo contrario de lo que postulaba en 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner cuando afirmaba que “los muertos no pagan” y señalaba que “no existe otra posibilidad que el crecimiento como garantía para la sustentabilidad interna, para el cumplimiento externo (…) no existe margen para recurrir a más ajustes ni al incremento del endeudamiento. No pagaremos la deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos (…). Sabemos que nuestra deuda es un problema central. Pero no pagaremos de cualquier modo”.
Por eso, uno de los principales ejes de su gobierno, en materia económica, fue la política de desendeudamiento que, como se sabe, es lo que no quieren los acreedores. En el mundo del mercado financiero global lo importante es que existan operaciones permanentemente. Se nutren de las comisiones que cobran y de las especulaciones y arbitraje de los bonos y de las monedas. Cuanta más deuda tengan los países, más ingresos y ganancias para ellos.
La deuda actual, que principalmente contrajeron Macri y Milei, presenta un cronograma de vencimientos que, para poder afrontarlos, necesita del ajuste fiscal y productivo y de una cantidad de divisas con las que Argentina no cuenta.
La deuda actual, que principalmente contrajeron Macri y Milei, presenta un cronograma de vencimientos que, para poder afrontarlos, necesita del ajuste fiscal y productivo y de una cantidad de divisas con las que Argentina no cuenta.
Como Argentina está super endeudada y los mercados dudan de la capacidad de repago de los vencimientos, los únicos dólares necesarios para pagar la deuda externa se generan principalmente por el saldo positivo del comercio exterior. La diferencia entre exportaciones e importaciones cuando resulta positiva, que es lo que viene pasando en la Argentina en los últimos años, ha sido y es utilizada para pagar los vencimientos externos y no para acumular reservas internacionales en el BCRA, que sería lo virtuoso puesto que así se fortalecería la economía argentina.
El gobierno no deja de buscar alternativas financieras y por eso, por un lado, ha enviado el oro del BCRA al exterior, a fin de utilizarlo como garantía para conseguir más préstamos y por otro se arrodilla ante Trump para obtener su apoyo en las tratativas con el FMI.
Necesita imperiosamente más dólares para pagar los vencimientos del año próximo que llegan a los casi 20.000 millones de dólares.
Si tenemos en cuenta que el saldo comercial externo estimado para el año es de 15.000 millones de dólares, todavía faltarían unos 5.000 millones de dólares solo para cumplir con los vencimiento de la deuda, sin contar con que además deben pagarse en esa moneda los demás rubros que hacen a la relación de Argentina con el mundo, servicios de fletes, viajes al exterior por turismo, remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas en el país, la deuda financiera del sector privado, la compra con tarjetas de crédito, entre otros conceptos.
Tocando Fondo (Monetario Internacional): el peor acreedor
Todo endeudamiento en moneda extranjera condiciona, como ya expresamos. Pero hay un tipo de endeudamiento que es el que más condiciona la política soberana de una nación: el que se toma con el FMI.
Es larga y fracasada la historia de los acuerdos de la Argentina con el FMI. Los resultados del acuerdo stand by (SBA) en 2018, que firmó Macri, tuvieron efecto negativo inmediato, ya que la actividad económica se contrajo un 2,6 % y un 2,1 % durante 2018 y 2019 respectivamente, y la inflación del índice de precios al consumidor (IPC) marcó respectivamente un 47,6 % y un 53,8 % para 2018 y 2019. Ello sin agregar el costo en términos sociales de tales políticas, que elevaron el cierre de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de empleos, la tasa de desocupación y la pobreza.
El general Perón nunca quiso ser parte del FMI. Pero la revolución libertadora, bajo la presidencia de facto de Aramburu, decidió rápidamente el ingreso de Argentina, suscribiendo el primer acuerdo SBA. Desde entonces, la Argentina ha estado casi siempre vinculada a este organismo, habiéndose suscripto 23 acuerdos, de los cuales 20 fueron SBA (stand by, es decir acuerdos de corto plazo) y 3 de facilidades extendidas (de largo plazo).
Los resultados obtenidos por estos acuerdos nos permiten concluir que los programas del Fondo no cumplieron un rol antiinflacionario en Argentina, no generaron empleo ni aumento del PBI, ni mejoraron la calidad de vida de la población.
En efecto, en la etapa de permanencia prolongada bajo acuerdos con el FMI, 1982- 2001, el crecimiento, la inflación y el empleo experimentaron su peor comportamiento: el producto bruto varió anualmente al 1,6 % promedio; la media anual inflacionaria fue de 398,9 %; y el desempleo aumentó 15 puntos porcentuales”.
En la etapa de permanencia prolongada bajo acuerdos con el FMI, 1982- 2001, el crecimiento, la inflación y el empleo experimentaron su peor comportamiento.
Por el contrario, con solo revisar las estadísticas sociales y económicas de nuestro país se puede afirmar que estas exhiben, claramente, que a la Argentina le fue bien, muy bien, cuando siguió su propio camino en materia económica, dejando de lado las recetas de ajuste del FMI. Desde 2003 y hasta 2015, el PBI creció a una tasa promedio de casi 5 % anual, no existiendo en la historia económica argentina ningún otro período de ese nivel de crecimiento promedio durante 12 años.
A raíz de ese muy buen desempeño de la economía mejoraron todos los indicadores sociales con un importante descenso de la pobreza, del 50,3 % al 27 %, y del desempleo que cayó del 25 % en 2003 al 5,9 % a finales de 2015. Se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo debido al empuje y la dinámica que permitió desarrollar un amplio y pujante mercado interno. Todo ello con superávit fiscal y externo del 3 % del PBI cada uno, logrado sin ajuste y con la gente adentro.
El presidente Néstor Kirchner, cuando el 15 de diciembre de 2005 anunciaba el pago de la deuda total que Argentina mantenía con el FMI, señalaba: “Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable.
Además, desnaturalizado como está en sus fines, el FMI ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente”.
Y agregaba: “A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingreso en unos pocos y hemos chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico con desarrollo social y pleno empleo”.
Cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia.
El acuerdo de Macri
El acuerdo stand by de 2018 es absolutamente ilegítimo y está siendo investigado por la justicia argentina, con poco entusiasmo, por cierto. Presenta múltiples irregularidades que ameritan un análisis exhaustivo. Por un lado, las proyecciones del propio organismo sobre la capacidad de repago de la Argentina resultaron erróneas, lo que llevó a un endeudamiento insostenible. A su vez, el préstamo excedió ampliamente los límites habituales y se otorgó bajo criterios de “acceso excepcional” que, en la práctica, no se cumplían, especialmente en lo referido a sostenibilidad de la deuda y acceso a los mercados.
Además, parte sustancial de los fondos se destinó a financiar la fuga de capitales, en aparente contradicción con el propio estatuto del organismo. En el plano interno, el proceso careció de los procedimientos administrativos y respaldos legales necesarios, lo que plantea posibles incumplimientos de la normativa argentina. En conjunto, estos elementos refuerzan la interpretación de que se trató de un préstamo de carácter político, cuya legitimidad y consecuencias deberían ser objeto de investigación.
Un nuevo acuerdo nocivo
En 2019, al asumir el gobierno de Alberto Fernández se esperaba con esperanza que, ante el masivo respaldo del voto popular en las elecciones, se negociase con el FMI una salida que permitiese a la Argentina recuperar autonomía en materia de política económica.
Lejos de ello y con Martín Guzmán, el entonces ministro de Economía y Hacienda, se refinanció el acuerdo de Macri transformando un préstamo de corto plazo (SBA=stand by) en uno de largo plazo (EFF=facilidades extendidas). Esta negociación no tuvo ningún beneficio para el país, perdiéndose la Argentina la oportunidad de reducir su deuda y de discutir con el FMI sobre las cuestiones mencionadas en el punto anterior. Ya conocemos los datos actuales de aumento de la inflación, la pobreza, la indigencia y el desempleo y de caída de la producción, los salarios, las jubilaciones y los subsidios para darnos cuenta que, una vez más, los acuerdos con el FMI siempre terminan empeorando la situación.
En los años que van desde 2019 a la actualidad, el país ha abonado al FMI unos 15.000 millones de dólares en concepto de intereses, cargos y comisiones. Y seguimos debiendo los 45.000 millones de dólares de capital que comenzarán a pagarse el año próximo, en cuotas iguales, por 10 años.
Hoy Milei-Caputo han suscripto un nuevo acuerdo con el FMI que somete nuevamente al país a cumplir sus exigencias, nocivas para Argentina y para los argentinos: ajuste recesivo, aumento de las tarifas de la energía, importaciones sin control, quitas de subsidios al transporte y a las tarifas de servicios públicos, apertura financiera, facilidades y beneficios al gran capital, entrega de los recursos naturales, privatizaciones, desregulaciones, degradación de los servicios públicos y de las condiciones de vida, entre otras.
El nuevo acuerdo con el FMI, firmado por el gobierno de Milei, profundiza un esquema de ajuste, apertura y desregulación que deteriora las condiciones de vida y refuerza la dependencia económica del país.
Si bien todo esto forma parte de las políticas del gobierno actual, la existencia de un nuevo programa con el FMI valida aún más estas medidas, y ata las manos al próximo gobierno. Y todo eso por unos pocos dólares que, según las inclinaciones oficiales, están yendo, una vez más, a financiar la fuga de capitales.
Un cambio de estrategia urgente y necesario
El presidente Néstor Kirchner, en un acto de soberanía económica nacional de los más importantes que se han realizado en la historia argentina, canceló la deuda total con el FMI en enero de 2006 y negoció con los acreedores privados un canje con una quita del 65 % del capital. Así pudo profundizar una política económica autónoma que generó empleo, aumentó la producción y la inclusión social y el Estado pudo desarrollar políticas públicas que están en las antípodas de las recetas que siempre promueve el Fondo.
En la actualidad no se podría realizarse una operación similar puesto que las reservas internacionales netas del BCRA continúan siendo negativas.
Pero, lo que no es menos cierto, es que se puede comenzar a construir un camino que desande el endeudamiento, tanto con el FMI como con los bonistas y para ello ante todo es necesario contar con la voluntad política de hacerlo.
Y ello debe incluir la revisión de todo lo actuado mediante una completa auditoría tanto de los títulos públicos emitidos y las maniobras especulativas realizadas, como de la deuda con el FMI. Y la activación de los juicios donde se tramitan varias denuncias sin avances sustantivos hasta la fecha.
La mejor garantía para que todo esto no vuelva a repetirse es que, quienes entregaron el presente y el futuro de los argentinos al capital financiero internacional y quebraron al Estado a costa de su propio beneficio, tengan que pagar por ello.
Desde el punto de vista económico hay dos conceptos que deben prevalecer:
- Que la deuda la paguen los que la fugaron.
- Que primero debe pagarse la deuda interna contraída con quienes hoy padecen hambre, miseria y exclusión.
Es necesario un cambio de estrategia que incluya auditar la deuda, investigar la fuga y priorizar una salida soberana, bajo el principio de que la deuda debe ser afrontada por quienes se beneficiaron de ella.
Al amparo de estas dos ideas generales pueden construirse las herramientas técnicas, o el programa más detallado para concretarlas. El cual, como mínimo debería considerar las siguientes medidas, sostenidas por el Foro de Economía para la Producción y Trabajo, del cual formo parte:
- Restringir los pagos de los vencimientos de la deuda a un porcentaje menor del saldo comercial externo de cada año, acumulando, con el resto, reservas internacionales en el BCRA para dar sustentabilidad a un necesario proceso de crecimiento económico con inclusión social.
- Revisar el otorgamiento de los préstamos al país, tanto de organismos internacionales como del FMI, de instituciones financieras privadas internacionales, de bancos colocadores de bonos, y los pormenores de los acuerdos, como así también los fallos de jueces y Cortes Supremas extranjeras que hayan beneficiado a fondos especulativos (buitres) lesivos para la Nación.
- Exigir al Fondo Monetario que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo stand by al país en 2018 y establecer una urgente revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF-EFF) de 2022 y 2025, y cuya amortización se comenzará a pagar en septiembre de 2026. Esa revisión plantea la quita de capital, la eliminación de sobretasas, y cambio de condiciones (ya que la reciente baja de tasa 0,6 % y de sobretasas es mínima y no hace que la devolución de amortización y cargos financieros sea sustentable).
- Abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
- Regular las operaciones de la cuenta capital de la balanza de pagos.
- Reemplazar la Ley de Inversiones Extranjeras por otra que implique que las mismas se orienten al desarrollo económico del país.
- Revisar las cláusulas de cesión de soberanía jurídica en la emisión de bonos del estado y en la legislación vigente.
- Investigar y denunciar en su caso a) la connivencia entre Paul Singer (fondos buitres) e integrantes de la Corte Suprema de EE. UU.; b) lo mismo con los fallos del juez Thomas Griesa y a favor de los fondos buitres y el de su sucesora Loretta Preska respecto a YPF y otros.
- Apoyar iniciativas en el ámbito mundial que buscan: a) alternativas para el tratamiento de la deuda de los países de ingresos medios y bajos; b) modificar las leyes que permiten en países de ingresos altos la adquisición de deuda en default con el objetivo de litigar, como la Ley Champerty, que en 2004 fue modificada en el estado de Nueva York dando lugar al negocio de los fondos buitres o como el proyecto de ley que al respecto ha presentado el Senador Parrilli en nuestro país.
- Determinar el objetivo y el destino de los lingotes de oro del BCRA enviados al exterior por las autoridades actuales del organismo.
- Realizar la investigación pública de la evasión fiscal y la fuga de capitales.
- Restablecer el decreto 2581/1964, que fijaba un estricto seguimiento de las divisas que ingresaban por las exportaciones.
- Levantar el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege a los responsables de fuga de capitales, maniobras de evasión o elusión tributaria. Cada blanqueo que se realiza los favorece, y debe establecerse la estricta prohibición de borrar sus datos de los correspondientes registros (lo que de concretarse implica un delito penado por el art. 11 de la ley penal tributaria).
- Reforzar la administración cambiaria sobre las divisas del BCRA, con énfasis sobre las que requieren las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses intra y extra firma, y las que ocultan maniobras ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.
- Aplicar la Ley 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto 480/1995 que la reglamenta.
- Modificar la Ley 21.526 de Entidades Financieras de Martínez de Hoz impuesta por la dictadura y vigente desde 1977, por una ley de servicios financieros, de carácter público, sujetos a regulaciones específicas según sus características, la protección del ahorro y su canalización al consumo interno y la inversión en el país.
- Crear por ley del Congreso un Fondo en dólares para el pago de la deuda externa real auditada, en base a tributos que graven ganancias extraordinarias, el ingreso de penalización fiscal por fondos no declarados al fisco, o por todo tipo de transacciones de operaciones con el exterior no autorizadas por ley y todo otro ingreso fiscal de carácter especial que determine la ley.
Como se ve, hay ideas, hay medidas técnicas que se pueden aplicar, hay salida a esta crisis sin que los costos sigan cayendo sobre las espaldas de los más necesitados, hay posibilidades porque la Argentina tiene un potencial enorme de recursos naturales, económicos y humanos.
Hacen falta voluntad política, coraje de los dirigentes para enfrentar a los poderosos y un pueblo organizado y consciente que elija el camino de la soberanía, la justicia y la dignidad.