Por Ricardo Aronskind, economista y magíster en Relaciones Internacionales, investigador docente en la UNGS
La tarea de destrucción nacional que viene realizando el mileísmo desde el primer día de su gestión aún no ha concluido. Desde el comienzo de este gobierno, se ha seguido en forma implacable un conjunto de criterios antinacionales. Para dar sólo algunos ejemplos: deterioro de la salud pública, la educación y la seguridad personal; redistribución regresiva del ingreso con la excusa del equilibrio presupuestario; destrucción de las capacidades regulatorias estatales en favor de los intereses más concentrados; ataque y vaciamiento de las estructuras que promueven el bienestar de la población y el desarrollo de la economía, como el sistema científico y tecnológico nacional. A esto se le suma el aumento de los derechos del capital extranjero sobre la economía nacional, cediendo a las demandas del capital global y del gobierno norteamericano; la desindustrialización acompañada de la destrucción de empleo de calidad y pérdida de capacidades productivas y humanas; el deterioro del capital físico y de la infraestructura del país para disponer de más fondos para el pago de la deuda externa e interna, y el empobrecimiento de la población y endeudamiento masivo de amplios sectores sociales.
Lamentablemente, esta gestión aún no ha terminado y está engendrando dos graves frentes de tormenta, dos nuevas amenazas a las condiciones de vida de las mayorías, que pueden derivar en dos tipos de crisis en el corto plazo:
- Una crisis cambiaria, con impacto en el sector financiero, que provoque una devaluación, salto en los precios de los productos de la canasta familiar y profundización de la recesión.
- Una crisis de la actividad económica, generada por la acumulación de caída de los ingresos de los trabajadores, caída del consumo masivo, caída de las ventas de la industria y el comercio, caída de la construcción, de la obra pública, del gasto de los estados provinciales y municipales, de los márgenes de rentabilidad de miles de empresas, y caída de la recaudación tributaria.
En conjunto, a la gestión de La Libertad Avanza se la puede considerar un proyecto de debilitamiento nacional, de empeoramiento productivo y social, y de condicionamiento a cualquier futura gestión popular. Eso aumenta la importancia de que la fuerza política alternativa a este desastre llegue al gobierno con ideas muy claras y precisas sobre qué deberá hacerse para reparar a la sociedad y poner en marcha la producción de riqueza para todos.
La lección de las experiencias de Macri Y Milei
De la experiencia de gobiernos anteriores hay algunos elementos que deben tomarse en cuenta, porque son enseñanzas básicas para poder gobernar.
A los grandes capitales no les interesan las políticas económicas distribucionistas ni orientadas por el Estado hacia el desarrollo nacional. Los doce años de la experiencia kirchnerista —con sus muchos logros y también sus errores— son vistos por el sector corporativo como un paradigma de lo que no debe repetirse, a pesar de los avances objetivos y verificables en muchos terrenos de la vida nacional, no solo en la economía.
A los grandes capitales no les interesan las políticas económicas distribucionistas ni orientadas por el Estado hacia el desarrollo nacional.
Ese rechazo del gran empresariado se puede explicar tanto por razones ideológicas (un pensamiento cortoplacista y colonizado por el pensamiento hegemónico neoliberal y financiarizado), como por cuestiones de poder social que van más allá de la rentabilidad (subyace la voluntad de concentrar todo el poder en una reducida minoría social).
Buena parte del alto empresariado que opera localmente busca obtener beneficios en forma atomizada, sin preocuparse por generar sinergias sistémicas ni eslabonamientos productivos que puedan fortalecer un entramado productivo nacional sólido. Tampoco toman en cuenta la relevancia del entorno (material, humano, institucional) en el que actúan. Parecen creer que se puede hacer plata sin necesidad de un contexto en el que el resto de la sociedad también disfrute de los resultados del crecimiento económico.
En las últimas décadas han tenido un retroceso en su visión de la sociedad hacia un pensamiento muy primitivo, lo que los lleva a percibir cualquier regulación, cualquier control y cualquier subordinación a criterios de bien común, por más sensata y lógica que sea, como una intromisión peligrosa e inadmisible en sus negocios.
En 2015, Mauricio Macri llegó al gobierno respaldado por un bloque de poder enorme: grandes embajadas (Estados Unidos, la Unión Europea), la cúpula del alto empresariado local, los sectores medios ganados por la propaganda antikirchnerista y hasta sectores del sindicalismo. En ese momento tanto el gobierno como los grandes medios de comunicación lanzaron un mensaje: “Ahora estamos nosotros. Gobernamos los empresarios, los CEOs. No hay peligro. Es el momento de invertir, de hacer crecer la economía en base a criterios de libre mercado, y de dejar atrás para siempre al populismo”.
Sin embargo, la inversión productiva privada no respondió a las “señales” ni a la “confianza” que les daba el gobierno macrista, y la especulación financiera local y externa primaron sobre una apuesta productiva, al punto provocar la desestabilización del programa económico. Apenas transcurridos dos años de gestión, el macrismo se hundió en una crisis cambiaria y recesiva de la cual no salió más. Atinó a aferrarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) para no derrumbarse plenamente, agregando así una nueva y pesada restricción a las políticas públicas que pudiera hacer el gobierno que lo continuara.
Desde 2023, no puede ser soslayado el apoyo masivo del alto empresariado al gobierno de Milei, con las características dañinas que este tiene para el país. La Ley Bases, que fue preparada originalmente para los candidatos a presidente del PRO, fue redactada a solicitud de los propios grupos empresarios que operan en Argentina para, de esa forma, incrementar su poder y sus beneficios sin importar el impacto social ni la racionalidad macroeconómica general.
Son demostraciones muy claras de lo débil que es la relación del alto empresariado con cualquier proyecto que pueda denominarse “nacional”.
Creencias falsas que debilitan una construcción alternativa al mileísmo
Es necesario tener muy claro quiénes han sido los poderosos actores que desde la economía han apoyado a los experimentos de Macri y Milei, para señalar que los voceros comunicacionales de ese sector son quienes, además de tergiversar completamente la explicación de cómo ocurrieron los desastres económicos que atravesó nuestros país, le toman examen todos los días a la dirigencia popular, exigiéndole arrepentimiento por las políticas a favor de las mayorías, y reclamando su sometimiento a las falacias que ha construido el neoliberalismo en las últimas décadas.
Ahora están demandando subordinación a las falacias económicas de Milei, inquiriendo a los dirigentes populares sobre su pensamiento en materia de superávit fiscal, de la baja de impuestos a las empresas y a los sectores más pudientes, de la estabilidad monetaria o cambiaria como único valor a considerar, o a la apertura económica indiscriminada como sinónimo de “modernidad”. Con lo cual, implícitamente, dan por válidas y por consensuadas las herramientas con las que los grandes capitales instrumentan su propio proyecto, que en nada considera ni aporta a resolver las necesidades populares.
Permanentemente se le exige a la dirigencia popular que suscriba una agenda económica implantada por la derecha desde 1976, que es la gran responsable de la decadencia nacional que estamos viviendo, en nombre de la “economía moderna”, la “eficiencia” y “lo que se hace en todas partes”.
La historia económica internacional muestra con claridad que el éxito económico de Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, la República Popular China o Vietnam no tiene nada que ver con las supercherías del relato libremercadista local, sino con potentes e inteligentes políticas públicas de largo plazo que condujeron hacia el desarrollo. ¿Ejemplos? La política estratégica de defensa de Estados Unidos, o los planes quinquenales de China. En ambos casos existe una visión de largo plazo, un amplio abanico de políticas públicas inteligentes con continuidad de décadas, premios y castigos muy claros para el sector privado —lo que requiere autonomía política del Estado—, y la movilización de las mejores capacidades humanas, científicas, técnicas y empresariales para obtener los resultados.
El éxito económico de las grandes potencias no tiene nada que ver con las supercherías del relato libremercadista local, sino con potentes e inteligentes políticas públicas de largo plazo que condujeron hacia el desarrollo
La historia de los experimentos neoliberales argentinos, en cambio, es una mezcla de intervencionismo y liberalización ad hoc, cuya lógica subyacente es incrementar la rentabilidad de los sectores concentrados a costa de los bienes públicos y del nivel de vida de la mayoría de la población.
Una visión fracasada: “primero los mercados”
A pesar de todas estas evidencias, siguen pesando sobre el pensamiento de la dirigencia popular eslóganes para amaestrar el pensamiento, como “hay que ganar la confianza de los mercados”, “debemos revertir las expectativas negativas de los empresarios que genera un gobierno popular”, “es necesario dar garantías de estabilidad (incluso de las injusticias y los negociados) a los inversores” o “es hora de abandonar el discurso antiempresario” (que incluye la idea de que cualquier crítica a ese sector es antiempresaria).
Hay una dirigencia, en el campo popular, que actúa aceptando una culpabilización sobre hechos en los que no participaron, como el endeudamiento externo, el empobrecimiento de vastos sectores populares, las crisis fiscales, bancarias y cambiarias reiteradas. Y se le exige dar pruebas de ser “racional”, “moderada”, “previsible” y “responsable” en materia económica, ante una suerte de tribunal de “los que verdaderamente saben economía”.
La presión mediática, comunicacional y política recibida a lo largo de décadas ha hecho mella en parte de la dirigencia que se autodenomina popular, asumiendo una posición concesiva con el fin de evitar el acoso mediático y conseguir el visto bueno de factores de poder.
Los “mercados”, si se abandona la fantasía neoliberal de un mundo ideal que no existe, son en realidad las grandes empresas y los grandes capitales, que se mueven en función de sus propias ganancias y punto.
Esa lógica de negocios no se compatibiliza espontáneamente con las necesidades del conjunto de la población. No estamos hablando sólo de los pobres o de los sectores del trabajo. No se compatibiliza tampoco con los comerciantes, con los profesionales, con las clases medias, con los pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad.
¿Tienen las grandes empresas pensamiento económico racional? En todo caso, pueden tenerlo en lo micro, en su propio mercado, en el rubro que conocen. Pero no hay ninguna garantía de “racionalidad macro” que devenga de la mera sumatoria de los negocios individuales, atomizados, de muchas empresas de distintos rubros. Los “programas económicos” que presentan los gobiernos de la derecha argentina no son más que “piñatas de negocios”, sin ninguna preocupación por la coherencia macro. Por eso siempre, indefectiblemente, terminan mal.
Por lo tanto, de la aplicación directa de las diversas y dispersas demandas empresarias no surge una economía pujante que pueda resolver las necesidades colectivas, sino solamente el incremento de las ganancias en ciertos sectores, sin garantía alguna de impacto positivo sobre el resto del entramado productivo y social.
La idealización del pensamiento empresario
Parece que hay sectores de la dirigencia que creen que los grandes empresarios son los gurúes de todo. Y les terminan consultando sobre temas que son de la política, de la gran política, cuestiones reservadas a los grandes estadistas: ¿qué clase de sociedad queremos construir?, ¿cuál es el perfil de una sociedad deseada, en la cual sea bueno vivir?
Esa es una respuesta que no está en el pensamiento de grandes empresarios, o en todo caso están tan preparados para contestarla como cualquier otro ciudadano.
El error es ir a buscarla allí. Esas son respuestas que están en la sociedad y en los grandes pensadores nacionales. Allí hay que ir a preguntar.
¿De dónde sale el discurso de que hay que “dar garantías” a los hombres de negocios, de que hay que generar “clima de negocios”, de que se debe lograr la “confianza de los mercados”, de que se debe actuar de tal forma que se creen “expectativas” positivas en el mundo empresario?
Es fácil encontrar el origen: este manual de buenos modales para los políticos que quieren caer bien sale de las usinas ideológicas de las grandes empresas, de sus tanques de pensamiento, de los círculos académicos apologéticos de los empresarios y de la amplísima prensa y medios alineados con los intereses de ese sector.
Recientemente, la Universidad suiza de St. Gallen publicó el informe Elite Quality Index (EQx) 2026, en el que realizan un estudio de la calidad de las elites empresariales de más de 150 países. Ese informe es muy crítico de la élite económica argentina, en comparación con otras élites del mundo. Su enfoque es absolutamente procapitalista, pero distingue entre élites que además de servirse a sí mismas traen beneficios para el resto de la sociedad, y las que no. En este último y lamentable grupo figura la élite argentina, a la cual, sin embargo, muchos políticos consideran como una referencia fundamental para pensar las políticas económicas —y hasta la totalidad de las políticas públicas— en Argentina.
Si el propio espacio popular se sitúa en un lugar de subordinación/temor/admiración ideológica, cultural y psicológica frente a los sectores de mayor poder económico, no tendrá ninguna capacidad de ofrecer en su tarea de gobierno una salida real a las angustias de las mayorías. La sombra de un gobierno frustrante, como lo fue el del Frente de Todos, se asomará rápidamente sobre una gestión de esas características.
Darle garantías al pueblo
En un contexto local e internacional tan fluido e incierto como el actual, sería temerario enunciar medidas económicas concretas, que pueden quedar desactualizadas en pocas semanas o meses.
Es claro que al inicio de la próxima gestión existirá un fuerte clamor popular en materia de mejora de los ingresos de la mayoría y de recuperación de las condiciones de vida básicas.
En el corto plazo no podrá haber milagros, pero sí claras medidas de redistribución del ingreso que vuelvan a garantizar pisos mínimos de dignidad humana para todos los habitantes.
Pero para que exista gobernabilidad económica, tanto para evitar desestabilizaciones orientadas a desgastar a la gestión popular como para poder cumplir las promesas electorales, deberán realizarse cambios legales y regulatorios, que propicien transformaciones productivas estructurales que permitan democratizar la economía y que la vuelva inclusiva y dinámica.
Es imposible hacerlo sin un plan, y sin un apoyo popular muy marcado y muy activo. El mundo de la producción debe saber que existirá como meta un perfil de sociedad que se definió en el campo de la política, donde la rentabilidad particular no es el único criterio existente.
Porque la política popular sólo puede proponer un perfil de sociedad inclusiva, en la que no esté divorciado el progreso personal y el colectivo, a partir de aumentar y compartir la provisión de bienes y servicios necesarios para tener una buena vida.
Lo que tiene que quedar claro para quien quiera representar a la mayoría popular es que deberá presentar una estrategia económica construida desde las necesidades de las mayorías, y no desde los planes de negocios de las minorías.
Lo que tiene que quedar claro para quien quiera representar a la mayoría popular es que deberá presentar una estrategia económica construida desde las necesidades de las mayorías, y no desde los planes de negocios de las minorías.
Pero no se trata sólo de una cuestión de orientaciones estratégicas gubernamentales y de formulación de planes y programas alineados con esas orientaciones.
La suerte de un gobierno popular dependerá de la determinación y convicción de sus dirigentes, de la calidad y coherencia del funcionariado que tendrá que llevar adelante la gestión gubernamental en todas las áreas, y del involucramiento claro y activo de los sectores sociales que pasarán a ser representados y cuidados por un gobierno con sensibilidad humana.