Política

Malvinas como horizonte

Frente a la impostura del gobierno nacional ante el avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur, el reclamo de soberanía requiere superar la retórica para convertirse en una política de Estado estratégica. Un análisis sobre las dimensiones históricas, la geopolítica de los recursos en las islas y cuatro ejes clave —regional, científico, industrial y de infraestructura— para recuperar la iniciativa soberana a partir de 2027.

Por Carlos Bianco Ministro de Gobierno y Juan Padín
De Frente al Futuro #2

Frente a la impostura del gobierno nacional ante el avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur, el reclamo de soberanía requiere superar la retórica para convertirse en una política de Estado estratégica. Un análisis sobre las dimensiones históricas, la geopolítica de los recursos en las islas y cuatro ejes clave —regional, científico, industrial y de infraestructura— para recuperar la iniciativa soberana a partir de 2027.

La Cuestión Malvinas atraviesa buena parte de la historia argentina. Desde la ocupación británica de 1833, acompañó la construcción del Estado nacional y se sostuvo como causa irrenunciable a lo largo de generaciones. Hoy, sobre las ruinas del falso “Milei Malvinero”, observamos cómo tres dimensiones nodales conservan plena relevancia. Nos referimos a la vigencia del reclamo histórico-jurídico —reconocido por Naciones Unidas desde 1965— que convierte a Malvinas en una situación colonial cada vez más difícil de justificar para el Reino Unido; la reafirmación de la posición estratégica de las Islas en el Atlántico Sur; y la demostración de que el Estado argentino sí es capaz de defender sus intereses con instrumentos propios.

Esa tercera dimensión volvió al centro de la discusión pública con los anuncios del gobierno de Javier Milei sobre sanciones a Navitas y Rockhopper, las compañías que se preparan para explotar el yacimiento petrolero Sea Lion en la cuenca Malvinas. Las medidas llegaron tardíamente y en el marco de un alineamiento que durante casi tres años dejó avanzar sin respuesta el proyecto más importante de la ocupación. Esa secuencia obliga a volver sobre lo que Malvinas representa para la Argentina, sobre lo que la política exterior hizo y dejó de hacer frente a la ocupación desde el retorno de la democracia, y sobre lo que deberá hacer nuestro país a partir de 2027 para recuperar la iniciativa.

Un límite impuesto desde el origen

Cuando la Argentina nació como Estado independiente lo hizo dentro de un sistema internacional que le opuso resistencias desde el primer momento. Las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata podían darse un gobierno propio y organizarse como nación, pero las grandes potencias de la época no estaban dispuestas a aceptar una soberanía plena sobre su territorio, sus ríos y sus espacios marítimos e insulares. La independencia política llegó acompañada, en los hechos, de una frontera que terceros actores pretendían trazar.

Ese intento de injerencia ya se había insinuado antes de 1810. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 mostraron el interés británico por el control del Río de la Plata y de esta región del Atlántico Sur. Cuatro décadas más tarde, en 1845, el bloqueo anglo-francés y la resistencia de la Confederación Argentina en la Vuelta de Obligado expusieron el mismo límite frente a un proyecto federal que se negaba a poner su principal puerto y la navegación de sus ríos al servicio de intereses comerciales ajenos. Para las potencias imperiales, la extensión territorial argentina y el control soberano de sus recursos eran un problema. 

Esa misma voluntad de dominio colonial se consumó en enero de 1833, cuando el Reino Unido usurpó las Islas Malvinas mediante un acto de fuerza y expulsó a las autoridades argentinas que ejercían allí una soberanía legítima y efectiva. En su condición de heredera de los títulos de España por sucesión de Estados, conforme al principio de uti possidetis iuris, la Argentina había ejercido sus derechos sobre las Islas desde el inicio del proceso emancipatorio en 1810. Nuestro país había tomado posesión formal del archipiélago en 1820 y había creado en 1829 la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, mientras que el propio Reino Unido la había reconocido como Estado soberano en 1825 sin formular objeción alguna sobre ellas. Desde 1833, la Argentina protestó contra la ocupación ilegítima y nunca dejó de hacerlo.

Durante más de un siglo, ese reclamo se sostuvo frente a un orden internacional que todavía naturalizaba los imperios. El cambio llegó con la posguerra y con el proceso de descolonización que redibujó el mapa político del mundo. En 1960, la Resolución 1514 de la Asamblea General proclamó la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas, y afirmó al mismo tiempo que todo intento de quebrar la integridad territorial de un país resultaba incompatible con la Carta de Naciones Unidas.

Desde 1833, la Argentina protestó contra la ocupación ilegítima y nunca dejó de hacerlo. Durante más de un siglo, ese reclamo se sostuvo frente a un orden internacional que todavía naturalizaba los imperios. El cambio llegó con la posguerra y con el proceso de descolonización que redibujó el mapa político del mundo.

En 1964, la delegación argentina presentó su caso ante el Comité Especial de Descolonización y logró que la cuestión se tratara en los términos que el país venía sosteniendo. Un año después, en diciembre de 1965, la Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. La fórmula elegida no era neutra. Distinguía el caso Malvinas de los procesos coloniales clásicos, porque aquí el territorio había sido usurpado, sus autoridades expulsadas y su población reemplazada por otra implantada bajo administración británica. La autodeterminación, pensada para los pueblos sometidos, no podía aplicarse a una comunidad trasplantada por la propia potencia colonial.

Un resabio colonial en el siglo XXI

El Reino Unido desmanteló su imperio en la segunda mitad del siglo XX. Retiró su bandera de la India, de buena parte de África, del Caribe y, en 1997, de Hong Kong. Malvinas es una anomalía dentro de ese repliegue: sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, y cada año el Comité de Descolonización vuelve a pedir la reanudación de unas negociaciones que Londres se niega a abrir. Para la opinión pública internacional, esa actitud resulta difícil de explicar y contradice de manera flagrante la imagen que el Reino Unido proyecta de sí mismo como defensor del “orden basado en reglas”: sostiene un enclave a 12.700 kilómetros de su territorio y desoye de manera sistemática los mandatos del sistema multilateral que dice defender.

El peso simbólico de esa contradicción quedó expuesto el 15 de julio de este año, en Atlanta, cuando la selección argentina venció a Inglaterra en la semifinal del Mundial. Los jugadores celebraron sobre el césped con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas”. El episodio enseña mucho sobre el terreno en el que se libra esta disputa. La ocupación puede sostenerse en el plano militar y económico, pero no tiene sustento en el plano de la legitimidad, porque no hay argumentos que justifiquen el colonialismo en pleno siglo XXI. Por eso, internacionalizar tanto las raíces como el presente de esa ocupación resulta fundamental.

La ocupación puede sostenerse en el plano militar y económico, pero no tiene sustento en el plano de la legitimidad, porque no hay argumentos que justifiquen el colonialismo en pleno siglo XXI.

Malvinas y más allá

Si sostener materialmente la ocupación y justificarla ante el mundo resulta tan costoso, cabe preguntarse por qué el Reino Unido está dispuesto a pagar ese precio. Las respuestas británicas —la población de las islas o su antigua economía ovina— buscan ocultar lo esencial: el archipiélago le permite controlar un espacio estratégico. Y ese valor crece en el contexto internacional actual. El llamado “regreso de la geopolítica”, impulsado por la guerra en Ucrania, las tensiones en torno a Ormuz y la competencia entre Estados Unidos y China, devolvió a los pasos interoceánicos y a los puntos de estrangulamiento del comercio marítimo toda su centralidad —que la redistribución global del poder vuelve más visible—. En ese mapa, las islas ocupan un lugar que excede largamente su superficie.

Porque Malvinas no es solamente Malvinas. Es la proyección hacia la Antártida. Es la puerta hacia el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Es un punto estratégico del Atlántico Sur. Detrás de las declamaciones británicas sobre la autodeterminación, las islas funcionan en la práctica como una posición colonial y militar que le permite al Reino Unido controlar el tráfico bioceánico, acceder a recursos estratégicos y posicionarse ante la eventual revisión del régimen antártico a partir de 2048.

Porque Malvinas no es solamente Malvinas. Es la proyección hacia la Antártida. Es la puerta hacia el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Es un punto estratégico del Atlántico Sur. 

Sanciones tardías

La Argentina necesita repensar con mucha mayor ambición su política hacia el Atlántico Sur en todos los frentes, en un mundo que atraviesa una reconfiguración profunda y no ofrece tiempo que perder. Para quienes defendemos un proyecto de nación con soberanía, desarrollo e inclusión, Malvinas no es un compartimento estanco: es una cuestión transversal e indivisible y, por eso mismo, debe constituir una hoja de ruta estratégica.

En ese sentido, es dable señalar que las sanciones que Javier Milei anunció en cadena nacional el 3 de septiembre de 2026 llegaron tarde y de manera oportunista. El presidente tardó 267 días en cumplir la ley, que son los transcurridos desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día y, en cuatro oportunidades, reclamando en cada caso públicamente al Gobierno nacional que adoptara las medidas correspondientes.

La demora no fue gratuita para la Argentina. En esos meses, el proyecto avanzó sin obstáculos: con una inversión prevista de 1.800 millones de dólares, cerró su financiamiento, inició obras en las islas y preparó el buque que le permitirá a Navitas producir unos 50 mil barriles diarios, con posibilidad de ampliar esa cifra hasta 180 mil. La producción comenzaría en 2028. Cada contrato firmado y cada obra iniciada en ese lapso fue un hecho consumado más.

Lamentablemente, el impulso que finalmente movió a Milei vino de afuera. El 31 de agosto, Donald Trump dijo que podría revisar la histórica neutralidad de Estados Unidos frente a la disputa entre el Reino Unido y la Argentina, en el marco de su propia presión sobre Londres dentro de la OTAN. Tres días después, el 3 de septiembre, Milei anunció las sanciones contra las petroleras que operan en Sea Lion. Que una decisión de esta naturaleza se haya activado a partir de trascendidos y declaraciones ambiguas de un mandatario extranjero agrava aún más el cuadro. A ello se adicionó un capítulo de subordinación colonial explícita, ante los cambios introducidos en proyectos de ley a requerimiento del gobierno de Donald Trump a efectos de que no se afecten empresas de capital estadounidense.

La historia nacional ya conoce el costo de recorrer caminos inconducentes. La última dictadura cívico-militar creyó que plegarse a la agenda de seguridad hemisférica de Estados Unidos y participar en operaciones de apoyo a otras dictaduras centroamericanas le aseguraría respaldo en Malvinas. Los hechos demostraron lo contrario. Confiar un objetivo soberano a un actor externo, ya sea mediante la subordinación militar o la expectativa depositada en un gesto ajeno, repite un error que el país ya pagó. Lo ocurrido en la última Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a demostrarlo. Mientras Washington y Londres resolvían sus diferencias como aliados estratégicos, el Gobierno argentino dedicó su única reunión bilateral al primer ministro del país de origen de la compañía que se prepara para explotar el petróleo de las islas. ¿Y Malvinas? Bien, gracias.

Una hoja de ruta para el Atlántico Sur

Un reajuste estratégico sobre la Cuestión Malvinas debe incluir, entre otras cosas, cuatro dimensiones centrales.

La primera es regional, porque Malvinas es también una causa sudamericana. El Reino Unido necesita apoyos continentales para sostener una ocupación ubicada a más de doce mil kilómetros de Londres. En ese orden, retomar el plano bilateral es tan importante como sentarnos con nuestros vecinos a repensar la integración en todos los niveles, incluida la cooperación en defensa en el Atlántico Sur. La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS) ofrece el ámbito para ampliar ese trabajo hacia África occidental. Una secretaría permanente con sede en Buenos Aires permitiría convertirla de foro intermitente en plataforma estable de gobernanza suratlántica.

La segunda dimensión es el conocimiento. El sistema científico y tecnológico que hoy Milei desfinancia como nunca en la historia es el que debería producir información propia sobre el mar, sus recursos y su dinámica, en una coyuntura global en la que la investigación al servicio de la producción y de la defensa marca la diferencia entre las naciones. El Programa Pampa Azul, lanzado en 2014 y respaldado por ley al año siguiente, fue el intento más avanzado de convertir ese conocimiento en política de soberanía. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental ya había demostrado que la ciencia produce efectos jurídicos y geopolíticos duraderos. Recuperar las campañas oceanográficas regulares, construir un sistema nacional de información marina y sostener la presencia antártica ininterrumpida desde 1904 son condiciones para llegar a 2048 con capacidades instaladas y no con un simple cúmulo de declaraciones.

La tercera es la industria. Ningún país puede defender su territorio o disuadir amenazas sin ella, y las grandes potencias lo saben tanto como las medianas. La Argentina no puede resignarse a ser incapaz de producir acero, automotores, medicamentos, productos químicos, radares, buques, aeronaves, satélites o tecnología nuclear. La desindustrialización iniciada en 1976 y profundizada en los años noventa desmanteló astilleros y dejó heridas estratégicas, como la interrupción del programa de submarinos de construcción nacional. Es urgente reconstruir y potenciar nuestras capacidades.

La cuarta es la infraestructura, donde persisten decisiones postergadas durante décadas. El Canal Magdalena, por ejemplo, permitiría recuperar una salida soberana al Atlántico desde el sistema fluvial argentino, reducir la dependencia de una traza vinculada a Montevideo e integrar el sistema portuario con la Patagonia marítima. Una plataforma atlántica en Río Grande, asimismo, daría a Tierra del Fuego una salida propia frente al área de Malvinas y una respuesta nacional a la competencia de Punta Arenas y de la infraestructura británica en las islas.

Todo lo anterior converge en una tarea política que tiene fecha. A partir de diciembre de 2027, la Argentina deberá abocarse a romper el statu quo de la ocupación británica y a elevar en todos los frentes su costo material, político, diplomático y simbólico. Deberá desarmar el andamiaje económico y comercial que la sostiene y aumentar la presión bilateral, regional y global sobre el Reino Unido para que cumpla con el derecho internacional y ponga fin a la situación colonial y a la ocupación militar del territorio nacional. Para ello, durante 2027, quienes militamos en el campo popular debemos trabajar incansablemente en la construcción de una alternativa nacional que deje atrás este período nefasto de entrega y subordinación, y que vuelva a poner en primer plano la defensa de los intereses de nuestra nación.

Últimas notas

#2: Vientos de cambio. Ampliar los márgenes de autonomía.

En este número les proponemos un recorrido por las múltiples dimensiones de una categoría central para el pensamiento y la acción política transformadora: la soberanía y sus múltiples dimensiones. Frente a un escenario global atravesado por la disputa hegemónica, la presencia de las derechas radicalizadas y la reconfiguración de los mecanismos de dependencia, recuperar este concepto exige dotarlo de una densidad acorde a la complejidad de nuestro tiempo. Recuperar la reflexión sobre la soberanía es el primer paso para recuperarla de las manos de quienes cotidianamente la entregan en favor de los grandes grupos concentrados y de la potencia del norte.

Brasil: la virada

En 1978, en plena dictadura brasilera Milton Nascimento y Fernando Brant le cantaron a Maria Maria, una mujer del pueblo que se ríe cuando la vida le da motivos para llorar y que mezcla en el mismo gesto el dolor y la alegría. La canción no se usó en la campaña de 2026, pero su espíritu la atravesó entera. La noche del 4 de octubre había pocas razones para la fe: Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta, las encuestas lo daban ganador y en el búnker petista sobraba el silencio.

Megatsunami azul: Estados Unidos y el fin del trumpismo

La derrota republicana del 3 de noviembre fue la más profunda sufrida por un partido de gobierno desde 1974. Los demócratas recuperaron las dos cámaras del Congreso, ganaron en Texas y Kansas y en estados que Trump había arrasado dos años atrás, y una nueva generación, con los socialistas democráticos como expresión más audaz, irrumpió en Washington. Queda un pato rengo con garrote al frente de una potencia en declive, y se abre una ventana para Nuestra América.

RIGI y Super RIGI: el nuevo estatuto de sumisión al capital extractivo

Los nuevos regímenes de promoción de inversiones no constituyen únicamente incentivos económicos. Configuran una arquitectura jurídica destinada a garantizar privilegios extraordinarios a grandes capitales durante décadas. ¿Qué modelo de desarrollo, qué relación con los bienes comunes y qué tipo de Estado proyectan? ¿Cómo se sale de la trampa jurídica montada por el gobierno de Milei?

Notas breves sobre el desarrollo y la planificación en Argentina

Argentina convive con récords de exportación y una primarización que reproduce su dependencia. Frente a dos modelos agotados —la ortodoxia de mercado y el desarrollismo conservador—, este artículo propone recuperar la planificación estatal para comandar el destino del excedente y poner la reproducción de la vida en el centro del desarrollo.

“Ser soberano es poder decidir”.

Cecilia Rikap, economista e investigadora argentina radicada en Europa, estudia las relaciones de poder que estructuran la economía digital y el desarrollo tecnológico a escala global. En su último libro, Teoría de la dependencia digital. Soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI (Caja Negra, 2026), propone desplazar la mirada desde la innovación tecnológica hacia las relaciones de dependencia que atraviesan el capitalismo contemporáneo. En esta entrevista exclusiva con De Frente al Futuro, reflexiona sobre soberanía digital, poder corporativo, inteligencia artificial y las posibilidades de construir capacidades tecnológicas autónomas desde América Latina. Una conversación que también aborda los desafíos de la cooperación regional y las alternativas frente a la creciente concentración tecnológica.

La CNEA y el desarrollo de la capacidad nuclear Argentina

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) constituye el cimiento del desarrollo tecnológico y científico en Argentina. Frente al desfinanciamiento, la pérdida de profesionales y la parálisis de proyectos clave como el CAREM-25, este artículo denuncia el impacto de su vaciamiento y propone las claves para reconstruir el organismo y garantizar la soberanía nuclear.