Sociedad

“No estamos regalando cosas: reparamos derechos” 

En un contexto de paralización total de la obra pública nacional, desregulación inmobiliaria y retención ilegal de los fondos coparticipables que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, contrapone la experiencia de un Estado provincial presente frente a la crisis habitacional y delinea los pilares de una política soberana de hábitat.

De Frente al Futuro #2

Entrevista a Romina Barrios

Por Maisa Bascuas

En un contexto de paralización total de la obra pública nacional, desregulación inmobiliaria y retención ilegal de los fondos coparticipables que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, contrapone la experiencia de un Estado provincial presente frente a la crisis habitacional y delinea los pilares de una política soberana de hábitat. Creado en 2018 bajo la gestión de María Eugenia Vidal como un ente con una lógica meramente asistencial, focalizada y sin perspectiva de integración real, el organismo atravesó un giro profundo a partir de diciembre de 2019, cuando Barrios asumió su conducción al inicio del gobierno de Axel Kicillof.

Bajo su mandato, el OPISU se consolidó como una herramienta estructural de planificación estatal y territorial, reorientando la política pública para integrar los barrios populares a la trama formal de las ciudades en permanente articulación con la comunidad organizada y las redes cooperativas. Hoy sostiene obras y programas en más de 300 barrios bonaerenses —abarcando redes de agua y cloacas, pavimentación, construcción de viviendas, polos educativos, saneamiento, regularización dominial y fortalecimiento de unidades productivas locales—. A partir de esa experiencia concreta de gestión en el territorio más poblado del país, Barrios plantea en esta entrevista la necesidad de recuperar la planificación del Estado como eje central de gobierno y construir un proyecto nacional de desarrollo que devuelva el derecho a la ciudad.

En la Argentina de hoy, ¿por qué discutir el acceso al suelo, la planificación territorial y la integración de los barrios populares es un debate central sobre la soberanía nacional?

Cuando Néstor Kirchner llegó al Gobierno después del capítulo neoliberal de los noventa y la crisis del 2001, planteó la necesidad de ordenar nuestro suelo, nuestro aire y nuestras aguas bajo una perspectiva de ordenamiento territorial que llevara consigo un plan estratégico de desarrollo productivo y permitiera el acceso equitativo al suelo. A partir de 2003 se avanzó en la creación de un Ministerio de Planificación y en una mirada federal de la inversión pública, aunque nos quedó pendiente una ley nacional de ordenamiento territorial; hoy apenas cinco provincias cuentan con esa normativa, entre ellas nuestra Provincia de Buenos Aires.

Creemos que dentro de esa perspectiva de planificación se inscribe la integración social y urbana. La falta de ordenamiento es lo que conocemos como desigualdad e injusticia espacial: la consecuencia de todos los capítulos neoliberales que hemos tenido, desde 1955 en adelante, que generaron enormes retrocesos en el paradigma del derecho a la ciudad. Desde 1975 hasta hoy retrocedió muchísimo el acceso a la propiedad del suelo y de la vivienda, y pareciera que fuera imposible recuperar una mirada equitativa cuando somos un país que demostró, a partir de los primeros gobiernos peronistas, que es posible pensar un modelo de desarrollo donde el suelo y la vivienda sean un derecho.

Por eso, cuando hablamos de integración social y urbana y de las inversiones de la Provincia de Buenos Aires en esta materia, lo hacemos desde una mirada de reparación. Frente a quienes piensan que estamos regalando cosas o generando dádivas, nosotros reflexionamos sobre la necesidad de reparar derechos y generar un piso más igualitario de acceso a las infraestructuras que necesitamos y a la posibilidad de acceder o regularizar el suelo para las familias que no lo logran por el mercado.

Hoy las dificultades habitacionales atraviesan a las grandes mayorías de nuestro país que se conjugan en las mismas necesidades: acceder a la vivienda, acceder al suelo o tener resueltas las condiciones habitacionales. Las dificultades que conlleva hoy pagar el alquiler o la imposibilidad de alcanzar la vivienda representan un gran peso para las familias que repercute enormemente en las trayectorias de vida y decisiones básicas de las familias. Por eso es fundamental discutir la integración social y urbana desde una perspectiva centrada en la soberanía. En la Provincia de Buenos Aires llevamos adelante muchos proyectos y obras concretas, pero creo que el mayor logro es haber construido un modelo de gestión que reconoce y jerarquiza las políticas públicas para los barrios populares dentro de la planificación general de las obras, de las normativas y de la integración de estos barrios a la trama de cada una de las ciudades. 

La derogación de la Ley de Alquileres profundizó la desprotección de quienes alquilan, en un cuadro de caída del poder adquisitivo. ¿Cómo impacta esta situación en la vida cotidiana de las familias y qué alternativas de regulación deberían pensarse?

La situación de los inquilinos es acuciante. Si bien la ley anterior era perfectible y tenía dificultades de cumplimiento —en su momento se discutían otro tipo de iniciativas que protegieran mejor a los inquilinos—, su derogación dejó al inquilino en una desprotección total. A eso se suma que el alquiler absorbe un porcentaje cada vez mayor de los ingresos, mientras el poder adquisitivo se desploma en el marco de este modelo económico.

Esto transforma directamente las formas de habitar: retrasa la independencia de los jóvenes y genera procesos de hacinamiento en las viviendas, con varios hogares conviviendo bajo un mismo techo o hacinamiento por cuarto. La imposibilidad de alquilar genera inestabilidad, angustia, problemas de salud mental, situaciones de violencia intrafamiliar y un aumento visible de las personas en situación de calle. Es un deterioro constante en las condiciones materiales de vida que se agudiza en estos años del gobierno de Javier Milei. 

En un modelo de desarrollo diferente, hay muchas políticas que pueden impulsarse. Argentina es uno de los países con mayor desregulación en materia de vivienda. Es importante analizar experiencias de Latinoamérica o de Europa Central donde hoy se discute, por ejemplo, la regulación de viviendas ociosas, formas de aplicar instrumentos fiscales o modalidades para reinvertir los fondos de las herencias vacantes. Todas ellas pueden servir de inspiración pero necesitamos construir soluciones propias. Esas respuestas tienen que surgir de la co-construcción con nuestras comunidades, con las familias que sufren esos problemas, con los colectivos de inquilinos, con las universidades y nuestro sistema científico-tecnológico, rescatando también experiencias de nuestra historia reciente y de municipios bonaerenses. Se trata de articular medidas diversas hacia un objetivo común: entender que hablamos de un derecho y que el Estado debe garantizar un piso básico de acceso. 

Frente a un Gobierno Nacional que paralizó la obra pública y retiene fondos que corresponden a la Provincia, ¿qué implica sostener hoy un Estado presente en los barrios y cómo se construye capacidad de gestión para transformaciones estructurales?

Las consecuencias de la paralización de la obra pública nacional —tanto lo que quedó a medio camino como lo que dejó de invertirse durante estos años— generan un daño colosal. Como dice nuestro gobernador Axel Kicillof, nosotros no trabajamos para negar los problemas que faltan resolver, pero hoy estamos en un proceso de deterioro producto de este modelo de desarrollo y desinversión nacional, que nos deja a quienes trabajamos desde la Provincia de Buenos Aires resistiendo y frente al cual continuamos asumiendo la tarea de cuidando de nuestras comunidades, siendo escudo y también red. Pero obviamente la paralización de las obras y la falta de recursos nos genera dificultades para avanzar en lo que nos habíamos propuesto para este segundo ciclo, que era un proceso de transformación todavía más profundo que las que pudimos hacer en el período anterior.

En estos siete años en el OPISU llevamos adelante procesos de transformación muy complejos a nivel urbano, social, productivo y legal-dominial, para los cuales tuvimos que construir capacidades técnicas específicas. Conjugamos los saberes de arquitectos, ingenieros, geógrafos, geólogos, antropólogos y sociólogos con el conocimiento de maestros mayores de obra y trabajadores de la construcción que autoconstruyeron el hábitat popular y conocen muy bien las redes de infraestructura de sus barrios. Todo lo que se genera en esa tarea conjunta entre equipos territoriales y equipos técnicos está atravesado también por los saberes específicos de la gestión pública, lo que nosotros decimos “mover los expedientes”: cambiar y transformar la realidad desde el Estado usando bien los presupuestos y generando actos administrativos que promuevan soluciones. Para eso fue necesario construir desde el hábitat popular un modelo de gestión. Cuando decimos que la política es una herramienta de transformación y de la necesidad de tener gobernantes a favor del pueblo, detrás tiene que haber equipos de gestión que, con esos lineamientos ideológicos y de consenso, tienen la responsabilidad de volver realidad esas decisiones.

El primer gran desafío de la integración social y urbana es hacer transformaciones estructurales y no solo atender la emergencia. Por decisión del Gobernador Axel Kicillof y del Ministro de Gobierno Carlos Bianco construimos un andamiaje técnico, legal y administrativo que nos permite trabajar con la comunidad organizada para poder discutir y debatir un modelo de gestión que partiera del trabajo en las redes de infraestructura para después pensar en las vialidades, definir los accesos a los servicios, ver qué mejorar primero y qué después, qué hacer en materia de espacio público e iluminación, cómo articular con las prestatarias de servicios públicos y qué andamiaje normativo nos hace falta para que esa inversión pública se sostenga y se consolide. 

Reconocer a los barrios es poder llevar adelante toda la obra e inversión que se requiere, pero que ese proceso sea luego sostenible y entendido por los demás de la misma manera. Pensar en desarrollo urbano y pensar nuestros barrios dentro del mapa significa también ser parte de los procesos de planificación urbana general. Para que un vecino abra la canilla y tenga agua de calidad, primero hace falta la obra estructural primaria de toma de agua (que suele estar fuera del barrio), luego la red secundaria con la potencia suficiente para abastecer a todas las familias, después la conexión domiciliaria y, finalmente, que la empresa prestataria reconozca esa red y la mantenga. Eso completa un proceso de integración. Lo mismo ocurre con cloacas, desagües pluviales y electricidad: si no tenes transformador o potencia de red, la conexión siempre será débil. 

Entonces, estar dentro del mapa es discutir esos temas y que las inversiones se planifiquen con los barrios populares dentro, reconociendo el derecho igualitario de esas familias para habitar suelo urbano. Ese es nuestro desafío, aunque el retroceso que impone el gobierno nacional de Javier Milei nos impide dar este debate con toda su amplitud y nos genera cierto sinsabor: mientras trabajamos para cuidar y ser lo más eficientes posible en el manejo de las cuentas públicas, no decimos que está todo bien, sino que nuestro gobierno elige y prioriza todos los días lo que más se necesita y multiplicar estrategias. Por ejemplo, donde antes podíamos sostener a una organización por barrio, hoy tal vez con ese mismo financiamiento sostenemos a cinco, buscando diferentes estrategias para acompañar de a poco a cada una, sabiendo que avanzaríamos mucho más rápido si contáramos con los fondos que le corresponden a la Provincia por la Ley de Coparticipación Federal. 

¿Cómo se vincula la integración socio-urbana con la generación de trabajo, el fortalecimiento de las cooperativas y la dinamización de la economía local dentro de los barrios?

Integrar los barrios a la trama de la ciudad implica garantizar servicios públicos, pero también construir equipamiento comunitario. Hemos trabajado junto a la Dirección General de Cultura y Educación construyendo polos educativos —con jardines, primarias, secundarias y polideportivos— según la necesidad de matrícula, y articulando con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) edificados por el Ministerio de Infraestructura. Todo esto es parte de saldar la brecha urbana con una perspectiva de sostenibilidad.

En cuanto al desarrollo económico, abordamos distintas dimensiones. Trabajamos en el mejoramiento de los centros comerciales barriales, facilitando el acceso a microcréditos del Banco Provincia, Cuenta DNI, conexiones eléctricas seguras y capacitación junto al Ministerio de Desarrollo Agrario para la formalización de pequeñas unidades productivas de alimentos (PUPA). 

Por otro lado, impulsamos fuertemente el sector cooperativo integrado por vecinos y vecinas en todo tipo de trabajo vinculado a la urbanización y la construcción, articulando procesos de formalización laboral con el Ministerio de Trabajo a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL). 

A lo largo de estos años hemos trabajo con en espacios comunitarios de cocina, en redes de comedores y espacios de primera infancia donde mejoramos la alimentación mediante nuestros programas de soberanía alimentaria y nutrición adecuada. Pero también con cooperativas de electricidad, infraestructura, conexiones de agua y cloaca, mantenimiento de servicios pluviales, gestión de residuos sólidos urbanos y limpieza de cursos de agua. Asimismo, colaboramos en el fortalecimiento de organizaciones y cooperativas vinculadas a jóvenes en conflicto con la ley penal y promovimos instituciones de primera infancia y espacios de cuidado para trabajar con jefas de hogar, sosteniendo una mirada transversal en materia ambiental y de género.

Creemos que en la obra pública orientada a la integración social y urbana pueden convivir perfectamente las pymes constructoras —a las que les exigimos en los pliegos incorporar al menos un 50% de mano de obra del barrio con esquema paritario— y las cooperativas locales, apuntando a que estas últimas ganen autonomía más allá del financiamiento estatal. Hace poco visitamos en el parque industrial de Ezeiza a la cooperativa Cimarrón, integrada por personas liberadas, que hoy trabaja con el sector privado produciendo insumos viales y plásticos en tres turnos para 50 trabajadores.

Frente al tremendo desguace del sector y el deterioro general que vivimos, en lo que viene necesitaremos repensar los marcos normativos para promover un crecimiento a escala. Nos importa muchísimo pensar las escalas de intervención que se necesitan a lo largo y ancho de nuestro país y los mecanismos que sean posibles y eficientes —una palabra que nos quieren arrebatar, como si la eficiencia no perteneciera a una mirada desde el Estado—. Necesitamos encontrar ese marco de actuación que fortalezca la organización dentro de los barrios, con criterios claros y consenso sobre cuáles son las urgencias para poner manos a la obra en una agenda indispensable de reconstrucción en materia de integración social y urbana.

Mirando hacia el futuro y la construcción de un proyecto político nacional y popular, ¿qué definiciones estratégicas son indispensables para que el hábitat sea sinónimo de desarrollo, comunidad y justicia social?

El acceso a la propiedad del suelo, a la tenencia segura, la vivienda, la salud y el trabajo son pilares básicos para la autonomía de las familias y comunidades, y para recuperar la perspectiva de un mundo feliz y de un Estado que ordene las necesidades básicas con igualdad de oportunidades para el desarrollo. 

Más allá de las particularidades que tiene intervenir sobre una barriada del conurbano o de las conurbaciones de las grandes ciudades de la provincia como La Plata, Bahía Blanca o Mar del Plata, hoy nos encontramos con un proceso de sumo deterioro donde los problemas habitacionales alcanzan a las grandes mayorías.  Esa realidad común tiene que servir de puente para pensar al otro desde la empatía. 

Creo que los procesos de autocrítica que necesitamos están relacionados con confrontar la perspectiva del gobierno de Javier Milei, que nos quiere llevar a pensar que, si el de al lado está un poquito mejor, uno se siente peor. Hay que recuperar esa mirada de iguales, de no encontrar en el que tenemos al lado un enemigo sino todo lo contrario, y poner toda nuestra fuerza para revertir esa mirada que busca dividirnos, fragmentarnos y hacernos creer que uno puede solo en cualquier circunstancia. Estos tiempos de crisis nos tienen que ayudar a recuperar la perspectiva de comunidad: cuando encontramos situaciones que nos alegran como argentinos, nos damos cuenta de que queremos muchísimo a nuestro país, de que nos queremos entre nosotros y de que en la calle hay mucha más gente dispuesta a tender una mano que a hacer daño, aunque a veces parezca que vivimos pensando que todo el que tenemos enfrente es un enemigo.

Superar eso es también parte de un modelo de gestión que trabaja con la comunidad organizada de los barrios que a veces no reconoce diferencias sectoriales o partidarias. Cuando surge una necesidad o una carencia, las redes comunitarias dejan de lado las diferencias partidarias o sectoriales y se organizan. Desde la Provincia acompañamos ese proceso sin azuzar grietas, articulando con los intendentes y reconociendo a las organizaciones desde los hechos concretos, sin mesas de participación ficcionales donde se promete lo que no se hace, sino construyendo confianza a partir de obras reales, mejorando espacios físicos y respondiendo a necesidades reales. Hay mucho para discutir sobre participación política y organización popular: nosotros abordamos la comunidad desde el respeto, evitando puestas en escena ficcionales de “te escucho” y honrando procesos que son sumamente complejos tanto en lo presupuestario como en lo técnico.

De cara a lo que viene, como venimos planteando desde el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro en el área de Hábitat y Territorio, las definiciones estratégicas pasan por no importar soluciones enlatadas, sino co-construirlas reconociendo las diversidades de nuestro país. Necesitamos diagnósticos precisos del déficit habitacional —cuántas viviendas faltan, cuántas hay que mejorar, qué obras estructurales se requieren a escala local, provincial y regional— para trazar grandes planes estratégicos territoriales que orienten las inversiones y el financiamiento. Y, fundamentalmente, debemos diseñar un modelo de desarrollo donde los sectores cooperativos y los saberes de nuestros vecinos estén integrados desde el primer día, animándonos a dar un salto: dejar de pensar los barrios populares solo desde la emergencia para resolver el problema del hábitat de manera estructural.

Últimas notas

#2: Vientos de cambio. Ampliar los márgenes de autonomía.

En este número les proponemos un recorrido por las múltiples dimensiones de una categoría central para el pensamiento y la acción política transformadora: la soberanía y sus múltiples dimensiones. Frente a un escenario global atravesado por la disputa hegemónica, la presencia de las derechas radicalizadas y la reconfiguración de los mecanismos de dependencia, recuperar este concepto exige dotarlo de una densidad acorde a la complejidad de nuestro tiempo. Recuperar la reflexión sobre la soberanía es el primer paso para recuperarla de las manos de quienes cotidianamente la entregan en favor de los grandes grupos concentrados y de la potencia del norte.

Malvinas como horizonte

Frente a la impostura del gobierno nacional ante el avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur, el reclamo de soberanía requiere superar la retórica para convertirse en una política de Estado estratégica. Un análisis sobre las dimensiones históricas, la geopolítica de los recursos en las islas y cuatro ejes clave —regional, científico, industrial y de infraestructura— para recuperar la iniciativa soberana a partir de 2027.

Brasil: la virada

En 1978, en plena dictadura brasilera Milton Nascimento y Fernando Brant le cantaron a Maria Maria, una mujer del pueblo que se ríe cuando la vida le da motivos para llorar y que mezcla en el mismo gesto el dolor y la alegría. La canción no se usó en la campaña de 2026, pero su espíritu la atravesó entera. La noche del 4 de octubre había pocas razones para la fe: Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta, las encuestas lo daban ganador y en el búnker petista sobraba el silencio.

Megatsunami azul: Estados Unidos y el fin del trumpismo

La derrota republicana del 3 de noviembre fue la más profunda sufrida por un partido de gobierno desde 1974. Los demócratas recuperaron las dos cámaras del Congreso, ganaron en Texas y Kansas y en estados que Trump había arrasado dos años atrás, y una nueva generación, con los socialistas democráticos como expresión más audaz, irrumpió en Washington. Queda un pato rengo con garrote al frente de una potencia en declive, y se abre una ventana para Nuestra América.

RIGI y Super RIGI: el nuevo estatuto de sumisión al capital extractivo

Los nuevos regímenes de promoción de inversiones no constituyen únicamente incentivos económicos. Configuran una arquitectura jurídica destinada a garantizar privilegios extraordinarios a grandes capitales durante décadas. ¿Qué modelo de desarrollo, qué relación con los bienes comunes y qué tipo de Estado proyectan? ¿Cómo se sale de la trampa jurídica montada por el gobierno de Milei?

El negocio de la deuda

La expansión de las fintech y del crédito digital no es una ruptura, sino la última etapa de un sistema financiero cuyas bases se fijaron en 1977 y nunca se revirtieron. Con datos de la Central de Deudores del BCRA a agosto de 2026, el artículo muestra que el crédito a los hogares, cada vez más usado para gastos corrientes, circula por canales no bancarios de tasas altas y mora creciente, y que la deuda familiar es un negocio en todas sus fases.

Notas breves sobre el desarrollo y la planificación en Argentina

Argentina convive con récords de exportación y una primarización que reproduce su dependencia. Frente a dos modelos agotados —la ortodoxia de mercado y el desarrollismo conservador—, este artículo propone recuperar la planificación estatal para comandar el destino del excedente y poner la reproducción de la vida en el centro del desarrollo.

“Ser soberano es poder decidir”.

Cecilia Rikap, economista e investigadora argentina radicada en Europa, estudia las relaciones de poder que estructuran la economía digital y el desarrollo tecnológico a escala global. En esta entrevista exclusiva con De Frente al Futuro, reflexiona sobre soberanía digital, poder corporativo, inteligencia artificial y las posibilidades de construir capacidades tecnológicas autónomas desde América Latina.