Por Federico Mighella, sociólogo (UBA). Humano consultora.
En menos de tres años, el gobierno de Javier Milei reorientó la política exterior argentina hacia un alineamiento estrecho con Estados Unidos e Israel y se alejó de los espacios de cooperación del Sur Global. La decisión tiene consecuencias que exceden la diplomacia: condiciona el margen financiero, comercial e industrial del país, y alcanza recursos estratégicos, datos y capacidades tecnológicas. En un mundo atravesado por una creciente disputa entre grandes potencias, la cuestión de fondo es qué lugar puede ocupar Argentina y cuánto margen conserva para definir su propio desarrollo.
El 20 de diciembre de 2023, a diez días de haber asumido la presidencia, Javier Milei firmó una carta y la envió a Beijing, Brasilia, Moscú, Nueva Delhi y Pretoria. El mensaje era escueto: Argentina no se incorporaría a los BRICS. La incorporación había sido acordada en la Cumbre de Johannesburgo en agosto de ese año, gestionada durante meses por la cancillería argentina, respaldada por los cinco miembros del bloque. El foro de los BRICS representaba el 36 % del PBI mundial y el 46 % de la población del planeta. La razón que dio Milei para rechazarlo fue tan breve como reveladora: “No voy a impulsar un trato con comunistas”.
La decisión de no ingresar a los BRICS marcó uno de los primeros cambios de orientación de la política exterior del gobierno de Milei y abrió un nuevo vínculo con Estados Unidos.
Con esa frase, Argentina no solo renunció a un bloque multilateral. Renunció a una forma de entender su lugar en el mundo, que había sostenido, con variaciones y tensiones, durante setenta años de política exterior democrática.
Lo que vino después demostró que esa frase no era un exabrupto aislado, sino el anuncio de un programa de gobierno completo.
Un giro sin precedentes en democracia
La política exterior argentina atraviesa una reestructuración inédita desde la llegada de Milei: abandono del pragmatismo histórico de la diplomacia argentina, férreo acoplamiento a Estados Unidos e Israel, y distanciamiento del Sur Global y de América Latina.
Desde la llegada de Milei, la política exterior argentina abandona su tradición pragmática y se alinea férreamente con Estados Unidos e Israel, mientras se distancia del Sur Global y de América Latina.
El único antecedente comparable en la historia reciente es el menemismo. Pero hay una diferencia sustancial. Menem se alineó con Washington en un momento de unipolaridad clara, cuando el desplome soviético dejaba a Estados Unidos como potencia hegemónica indiscutida. Hoy el mundo es otro: la potencia hegemónica perdió poder relativo y el ascenso de China es abrumador. El gigante asiático es el principal socio comercial de la mayoría de los países del planeta y el segundo de Argentina, solo detrás de Brasil. Estamos en un desorden internacional, un mundo en transición, donde hay dos claros polos de poder que ejercen presión sobre todo el resto. Elegir bando en ese contexto no es lo mismo que elegirlo en los años noventa. Las consecuencias tampoco. Un país sin autonomía estratégica en una relación asimétrica con una potencia no negocia: se acopla a los tiempos y necesidades del más fuerte.
Argentina necesita autonomía estratégica precisamente porque es un país periférico: su margen de maniobra depende de no quedar atada a los tiempos y necesidades de una sola potencia.
El alineamiento absoluto con Estados Unidos e Israel tuvo manifestaciones concretas e inmediatas: la renuncia a los BRICS, la cancelación de la compra de aviones chinos en favor de aviones usados estadounidenses, y el acercamiento como “socio global” a la OTAN. A eso se sumó el anuncio del traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, un gesto que representa, según el especialista en Derecho Internacional Público Juan Rial, un cambio de 180 grados en la política histórica del Estado argentino.

El costo en números que no son ideológicos
Antes de hablar de costos, hay que mirar los datos. Porque los datos muestran algo que el relato del gobierno aprovecha y que el análisis crítico debe incorporar con honestidad: el corrimiento geopolítico de Milei, hasta ahora, no produjo una ruptura comercial con los países del Sur Global. Al contrario.
En 2025, las exportaciones argentinas a China alcanzaron un máximo histórico: más de 700 millones de dólares. China sigue siendo el segundo destino de las exportaciones nacionales; y Brasil, el primero. El vínculo comercial con el país al que Milei llamó “comunista” creció, no se contrajo, y ninguno de los dos socios del Sur Global tomó represalias visibles. Hasta ahí, el gobierno tiene un argumento cómodo: la retórica ideológica no le costó nada en el terreno comercial.
Pero ese argumento omite el dato que importa: qué vende Argentina y qué compra. Con China, exporta casi exclusivamente materias primas sin procesar —el 88 % son productos agroindustriales, con la soja y la carne a la cabeza— e importa manufacturas y tecnología: computadoras, celulares, autos, componentes electrónicos. El resultado es un déficit que se arrastra desde 2008 y que en 2025 superó los 8 mil millones de dólares; en casi dos décadas, Argentina acumuló con China más de 100 mil millones de dólares en rojo. Es el mismo patrón de siempre entre un país que exporta commodities y otro que le vende de vuelta lo que su propia industria dejó de producir. Milei no lo inventó, pero tampoco hizo nada por corregirlo.
Esa lectura, sin embargo, empezó a resquebrajarse. El 5 de agosto de 2026, Brasil retiró de manera indefinida a su embajador en Buenos Aires y bajó la relación bilateral al rango de encargado de negocios —una sanción diplomática inédita en más de dos siglos de vínculo entre ambos países—, después de que Milei calificara públicamente a Lula da Silva de “ladrón”, “corrupto”, “presidiario” y “basura socialista” durante un acto de campaña del bolsonarismo en San Pablo. Con el principal socio comercial del país —del que depende buena parte del comercio automotriz e industrial argentino—, el argumento de que la ideología no tenía costo comercial deja de sostenerse: un exabrupto personal puede tener, en los hechos, consecuencias políticas y en última instancia también económicas.
A eso se agrega la dimensión financiera. A los seis meses de asumir, el propio gobierno de Milei tuvo que pedirle a China la renovación del swap de monedas —una línea de crédito equivalente a 4.900 millones de dólares— para poder cumplir con sus obligaciones internacionales. El mismo presidente que había declarado que no trataría con “comunistas”, terminó dependiendo del banco central chino para sostener sus reservas.
El mismo presidente que había declarado que no trataría con “comunistas”, terminó dependiendo del banco central chino para sostener sus reservas.
El salvataje de Trump: la otra cara del alineamiento
La dependencia de Washington tiene su propio precio y también está documentado. En abril de 2025, el FMI aprobó un programa de facilidades extendidas por 20 mil millones de dólares, con un desembolso inicial de 12 mil millones. El acuerdo encendió alarmas entre muchos de los principales responsables del organismo: alrededor de la mitad de los veinticinco miembros del directorio ejecutivo expresó serias preocupaciones, dado que Argentina ya acapara más de un tercio del crédito global del FMI. Aun así, el acuerdo fue aprobado. El motivo no era técnico: era político. El acuerdo contó con un respaldo político decisivo de Estados Unidos, en un contexto en el que varios directores mantenían reparos.
El apoyo no se detuvo ahí. En octubre de 2025, ante una nueva crisis de reservas en la previa electoral, la administración Trump desplegó su artillería financiera de forma directa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, suscribió un acuerdo con el Banco Central argentino para establecer una línea de swap de divisas de hasta 20 mil millones de dólares. Además, el Tesoro otorgó 872 millones de dólares en apoyo de liquidez adicional y anunció conversaciones con bancos privados estadounidenses para proveer otros 5.000 millones de dólares en financiamiento.
La declaración de Bessent fue explícita hasta la incomodidad: “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”. El salvataje financiero exhibe la sintonía ideológica y la relación personal entre Milei y Trump, que considera al presidente argentino su aliado estratégico más importante en la región.
Ahí se cierra un círculo que conviene mirar completo: Argentina renuncia a los BRICS por ideología, deteriora su vínculo con China por la misma razón, se queda sin margen financiero propio y termina necesitando que Trump intervenga en el FMI y en los mercados para evitar un colapso. Ese alineamiento tiene precio, y el precio es la dependencia, que en política exterior es otra forma de nombrar la pérdida de soberanía.
Vale una acotación que el entusiasmo oficial tiende a omitir: al 31 de enero de 2026, la deuda argentina con el FMI asciende a 57.400 millones de dólares, equivalente al 35 % de toda la cartera vigente del organismo. Argentina es hoy el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en toda su historia, algo bastante alejado de lo que el gobierno describe como fortaleza soberana.
Gancho noticioso: el Golfo como espejo
Todo esto adquiere una dimensión nueva con lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Desde fines de febrero de 2026, la confrontación entre Estados Unidos e Israel frente a Irán pasó de la amenaza diplomática a la acción militar directa, con bombardeos sobre instalaciones estratégicas iraníes. El conflicto no es solo una crisis regional: es el epicentro visible de la disputa hegemónica entre Washington y Beijing. Irán es el principal proveedor energético de China. Golpear a Irán no solo tiene efectos en el mercado petrolero: altera el tablero geopolítico y reconfigura alianzas en un momento de creciente fragmentación global.
El conflicto con Irán no es solo una crisis regional: es el epicentro visible de la disputa hegemónica entre Washington y Beijing.
Argentina, en ese tablero, ya eligió. Y lo hizo de la forma más explícita posible: votó dos veces en contra del alto al fuego en Gaza en la Asamblea General de la ONU, ubicándose en el bloque minoritario junto a Estados Unidos, Israel y algunos países del Este europeo, mientras Brasil, México y Chile acompañaban el pedido de cese de hostilidades.
El acuerdo con EE. UU.: la formalización de la dependencia
El salvataje de Trump no fue un gesto gratuito. En noviembre de 2025, días después de que el oficialismo ganara las elecciones legislativas con el respaldo financiero de Washington, se firmó el Marco de Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca entre Argentina y Estados Unidos. En febrero de 2026 se rubricó la versión final. La secuencia es inequívoca: crisis de reservas, swap de Trump, victoria electoral, acuerdo comercial. El alineamiento político se tradujo en un instrumento jurídico que lo institucionaliza.
El acuerdo tiene beneficios concretos para Argentina: eliminación de aranceles para 1.675 productos por unos mil millones de dólares en exportaciones recuperadas, ampliación de la cuota de carne bovina a 100 mil toneladas anuales. Son cifras reales. Lo que ningún comunicado oficial explicó con la misma claridad es lo que Argentina cedió a cambio, y ahí aparece un desequilibrio de fondo.
Una salvedad necesaria, hasta la fecha de cierre de este escrito: el acuerdo todavía no rige. Necesita ratificación del Congreso para entrar en vigencia, y el propio Gobierno postergó su tratamiento legislativo mientras Washington no defina el instrumento legal con el que va a implementar su propia política arancelaria. Es decir, ocho meses después de la firma, lo que existe es un compromiso político sellado y una hoja de ruta —no todavía una obligación jurídica en marcha—. Esa distinción no le resta peso al análisis que sigue: describe hacia dónde va la relación, más que un hecho ya consumado.
Mientras Estados Unidos se limitó principalmente a reducir aranceles en productos específicos y a “considerar apoyar” financiamiento para proyectos, Argentina se comprometió a obligaciones extensas y detalladas en múltiples áreas, que entrarán en vigencia si el Congreso ratifica el acuerdo. En propiedad intelectual, deberá derogar resoluciones que limitan el patentamiento de medicamentos, reducir tiempos de otorgamiento de patentes e implementar un régimen de protección de datos similar al del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En materia digital, reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales de ciudadanos argentinos, y no podrá discriminar servicios digitales estadounidenses. En minerales críticos, priorizará a Estados Unidos como socio estratégico para el litio, el cobre y otros recursos, y facilitará la inversión de empresas estadounidenses a través del RIGI. En política industrial, se comprometió a no subsidiar empresas manufactureras salvo que estén en proceso de privatización.
Dicho sin eufemismos: Argentina abre su mercado a productos manufacturados de EE. UU., entrega sus datos a jurisdicción norteamericana, cede la prioridad sobre sus recursos estratégicos y renuncia a herramientas de política industrial —patentes de medicamentos, subsidios al sector productivo— a cambio de vender más carne y soja. Es el mismo patrón que ya rige el intercambio con China: Argentina exporta materia prima y naturaleza, e importa manufactura, tecnología y reglas ajenas. Solo que con China eso es una consecuencia casi involuntaria de cómo está armada la economía, mientras que con Estados Unidos, Argentina lo firmó: quedó escrito en un tratado, y eso lo vuelve mucho más difícil de revertir.
Dicho sin eufemismos: Argentina abre su mercado a productos manufacturados de EE. UU., entrega sus datos a jurisdicción norteamericana, cede la prioridad sobre sus recursos estratégicos y renuncia a herramientas de política industrial —patentes de medicamentos, subsidios al sector productivo— a cambio de vender más carne y soja.
La soberanía en venta: tierra y datos
Lo que el acuerdo con Washington formalizó puertas afuera tiene su versión puertas adentro. El Senado trató el jueves 6 de agosto, por quinta vez en menos de tres meses, la reforma a la Ley de Tierras Rurales (26.737), que buscaba relajar el tope del 15 % a la propiedad extranjera del territorio nacional. Ante la falta de votos, el oficialismo llegó a negociar subirlo al 25 % en lugar de eliminarlo directamente. La resistencia no fue solo opositora: la Federación Agraria Argentina advirtió que la reforma afecta “la soberanía nacional y la seguridad”, y una marcha federal bajo la consigna “Argentina no se vende” acompañó cada intento de tratamiento parlamentario. El repudio —de gobernadores propios, de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, de entidades agrarias y de buena parte del arco político, cultural y gremial— fue tan contundente que, a horas de la sesión, el Gobierno retiró el capítulo de extranjerización del proyecto.
El repudio —de gobernadores propios, de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, de entidades agrarias y de buena parte del arco político, cultural y gremial— fue tan contundente que, a horas de la sesión, el Gobierno retiró el capítulo de extranjerización del proyecto.
Algo parecido pasa en un terreno mucho menos visible. En abril de 2026, Peter Thiel — cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, empresa de análisis de datos que recibió financiamiento de la CIA a través de In-Q-Tel— fue recibido por Milei en una reunión declarada confidencial en Casa Rosada, justo el día en que el Gobierno cerró por primera vez en su historia la sala de prensa de la residencia presidencial. Thiel ya se instaló de hecho en el país: compró una vivienda de 12 millones de dólares en Barrio Parque y pasó casi dos meses acá en su primera estadía. Varios analistas señalaron la coincidencia con una reforma del sistema de inteligencia por decreto, que reorganizó áreas de ciberinteligencia, análisis de datos e integración digital de organismos estatales, aunque no haya un contrato público confirmado entre Palantir y el Estado argentino. Quien mejor resumió el ánimo con que el Gobierno recibe este tipo de interés fue, en su momento, Manuel Adorni —entonces jefe de Gabinete, cargo que dejó en junio de 2026 en medio de denuncias por enriquecimiento no declarado—, cuando invitó “a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados” a instalarse en “la nueva tierra de la libertad”, en el marco de un programa de “pasaporte dorado” que el Gobierno sigue desarrollando para dar ciudadanía a cambio de inversiones grandes. La soberanía comercial y financiera ya se le cedió a un Estado; ahora empieza a ofrecerse, con el mismo entusiasmo, la soberanía sobre los datos y la identidad de las personas, y esta vez el destinatario no es un país sino un particular.
Israel: cuando la política exterior se convierte en fe
El vínculo con Israel merece un análisis aparte, porque no responde del todo a la misma lógica que el alineamiento con Washington: con Trump hay interés mutuo y conveniencia política, mientras que con Israel la relación es más compleja y expone mejor el sustrato ideológico que mueve toda esta reorientación.
Milei ha ido más lejos en su apoyo a Netanyahu que cualquier otro mandatario en momentos en que el premier israelí enfrenta un creciente aislamiento diplomático. Esa singularidad no es accidental ni producto de una evaluación estratégica. Tiene raíces en un proceso de acercamiento personal al judaísmo que Milei inició en 2021 y que fue escalando hasta volverse inseparable de su identidad pública como jefe de Estado.
Milei incorporó referencias al judaísmo a lo largo de su carrera electoral: en su cierre de campaña, sonó el shofar en el acto principal en Buenos Aires. Tras quedar primero en las primarias presidenciales, viajó a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder histórico de la organización jasídica Jabad Lubavitch. Ya como presidente, declaró al Wall Street Journal su intención de convertirse al judaísmo, aunque aclaró que el cumplimiento de los preceptos —como el shabat— podría chocar con sus obligaciones de gobierno. Se autodenominó “el primer presidente judío espiritualmente” y recibió de la organización Jabad Lubavitch el título de “embajador internacional de la luz”.
El primer viaje oficial de su presidencia no fue a Washington ni a Brasilia. Fue a Jerusalén. Allí se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con los grandes rabinos de Israel: Itzjak Yosef, David Lau y David Abukatzera. También visitó el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por los atentados del 7 de octubre de 2023, y fue el primer jefe de Estado en plantar un árbol en el “Bosque de las Naciones del Keren Kayemet LeIsrael” desde iniciada la guerra con Hamas. A los pies del Muro de los Lamentos, Milei se abrazó a su rabino mientras sollozaba, apoyó las palmas de las manos sobre la piedra y la besó.
Nombró como embajador argentino en Israel al rabino Shimon Axel Wahnish, su guía espiritual personal, fusionando en un mismo cargo la representación diplomática del Estado argentino con su proyecto de conversión religiosa. En una segunda visita a Israel, en 2025, Netanyahu y Milei firmaron el “Memorándum por la Defensa de la Democracia y la Libertad, contra el Antisemitismo y el Terrorismo”. En esa misma ocasión, Milei recibió el Premio Génesis —apodado “el Premio Nobel judío”— como reconocimiento a su defensa de Israel y de los valores del judaísmo.
Lo que emerge de este conjunto de gestos es algo cualitativamente diferente a una alianza geopolítica. Es la fusión entre política exterior y búsqueda espiritual, entre representación de Estado y construcción de identidad personal. Las derechas radicales internacionales colocaron en Israel la encarnación oriental de Occidente. Así, el “primer presidente judío espiritualmente” reescribe la relación entre las derechas argentinas y la cuestión judía.
Hay, sin embargo, una tensión que esa narrativa no puede resolver. Cerca de cuatro mil artistas e intelectuales argentinos de origen judío repudiaron el uso político que Milei realizaba de los textos y símbolos del judaísmo. Desde la propia comunidad, surgieron voces que señalaron que el nivel de exposición generaba más inseguridad que respaldo. “No me hace sentir más segura, sino todo lo contrario”, expresó una integrante de la comunidad.
Los países periféricos, históricamente, aprendieron a construir su autonomía precisamente en los márgenes que deja la disputa entre los grandes. La tradición argentina de multilateralismo activo, de equidistancia estratégica, de no alineamiento, no era ingenuidad ni cobardía: era la política exterior de un país que entendía su posición en el mundo y sabía maximizar sus márgenes de maniobra dentro de ella.
Esa tradición no se abandonó por cálculo estratégico, sino por identidad. Y mientras el Golfo Pérsico arde y el orden internacional se fractura en dos bloques cada vez más incompatibles, Argentina ya no tiene dónde pararse si las cosas se complican. Eligió, y eligió mal.
Esa tradición no se abandonó por cálculo estratégico, sino por identidad. Y mientras el Golfo Pérsico arde y el orden internacional se fractura en dos bloques cada vez más incompatibles, Argentina ya no tiene dónde pararse si las cosas se complican. Eligió, y eligió mal.