Desde Caracas: Ana Maldonado, Universidad Central de Venezuela y Frente Francisco de Miranda.
La soberanía nacional es castigada como si fuese un gesto de insolencia, la presión militar y económica busca reducirla a la obediencia. Pero, pese a la violencia y el asedio, Venezuela insiste en vivir viviendo, defendiendo su derecho a existir con independencia y voz propia.
La coyuntura actual en Venezuela está marcada por una escalada militar sin precedentes en el Caribe. El despliegue de la flota estadounidense encabezada por el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de destructores, submarinos nucleares y más de 1.200 misiles, constituye la mayor presencia militar de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989. Esta ofensiva se suma a un cuarto de siglo de agresiones, sanciones y operaciones encubiertas que buscan quebrar la resistencia del pueblo venezolano, socavar la unidad y despojarlo de sus recursos estratégicos.
Desde la orden ejecutiva 13.692 emitida por Barack Obama en marzo de 2015, que declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria”, las medidas coercitivas unilaterales han sido renovadas año tras año por las administraciones de Obama, Trump y Biden. Estas sanciones han buscado asfixiar económicamente al país, aislarlo diplomáticamente y generar un clima de desestabilización interna. La guerra híbrida desplegada incluye tácticas convencionales, paramilitares, mercenarios y actos terroristas, configurando un escenario de agresión de amplio espectro y de rollback.
Lo novedoso en este momento es la designación del presidente Nicolás Maduro no ya como “dictador”, sino como “narcoterrorista”, un giro discursivo que pretende justificar la militarización. Esta narrativa, fabricada por agencias estadounidenses, se acompaña de operaciones letales en aguas internacionales que ya han dejado más de 80 víctimas, principalmente de nacionalidad colombiana, trinitense y venezolanos también, en lo que expertos de la ONU George Katrougalos, Ben Saul y Morris Tidball-Binz.han calificado como ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas son llamadas beligerantes no priviliegiados, un “tecnicismo jurídico que no es sino un dispositivo de poder que borra la humanidad del otro para legitimar su eliminación”
El despliegue militar estadounidense en el Caribe viola la Carta de la ONU (artículo 2.4), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró la región libre de armas nucleares. La presencia de submarinos nucleares y operaciones sin consentimiento en aguas territoriales constituyen actos ilegales que, sin embargo, no han recibido condena internacional proporcional. El silencio de organismos multilaterales revela un doble rasero: mientras se sanciona a países del Sur por supuestas violaciones, se tolera la agresión abierta de una potencia contra un Estado soberano.
Frente a esta presión máxima, Venezuela reafirma su única opción: profundizar la preparación y la unidad nacional. La milicia bolivariana, nacida tras el golpe de Estado de 2002, cuenta hoy con millones de voluntarios adicionales inscritos para defender la soberanía. La apuesta es por la paz, por la democracia participativa y protagónica iniciada en 1999, y por la dignidad de un pueblo que no acepta la dominación ni el exterminio.
La agresión no responde al narcotráfico, como pretenden justificar los Estados Unidos. Informes de la UNODC confirman que Venezuela no es territorio de cultivo ni procesamiento de drogas, y que apenas un 5% de la producción colombiana intenta pasar por su territorio, siendo incautada e incinerada. El verdadero objetivo es el petróleo: Venezuela posee la principal reserva del mundo, además de recursos hídricos y una posición geográfica estratégica.
María Corina Machado, aliada de Trump, ha declarado abiertamente que privatizaría el petróleo y abriría el mercado a corporaciones estadounidenses. Sus palabras: “Venezuela se ha vuelto sexy”, revelan la lógica de entrega de recursos al capital extranjero, en un momento en que la demanda energética global se intensifica por el auge de la inteligencia artificial y los data centers pero que ya es estructuralmente insatisfecha su demanda con producción propia.
Lejos de quebrarse, la sociedad venezolana mantiene un clima de alerta y preparación. En medio de las actividades escolares, las navidades y la temporada de béisbol, la vida cotidiana se defiende como conquista frente al impacto de las sanciones. Ocho millones de voluntarios nos hemos inscrito en plazas Bolívar para incorporarnos a la milicia nacional, demostrando que la defensa de la patria es un acto de voluntad popular y desde el proceso constituyente, constitucionalizamos la corresponsabilidad popular-militar de la defensa integral de la Patria.
La arquitectura militar estadounidense en el hemisferio, con bases en Colombia, Puerto Rico y Florida, configura una amenaza real. Sin embargo, una invasión a gran escala parece difícil: requeriría más de 100.000 efectivos y podría convertirse en un “Vietnam caribeño”. Más plausible es la combinación de presión psicológica, ataques aéreos selectivos y operaciones encubiertas con fuerzas especiales y compañías militares privadas. El objetivo declarado es el cambio de régimen, pero la resistencia interna ha frustrado hasta ahora los intentos de quiebre.
La escalada se inscribe en un momento de declive de la hegemonía estadounidense. Con un consumo de 20 millones de barriles diarios y una producción interna de 12 millones, Estados Unidos depende de importaciones de países que mueven su producción por el Golfo Pérsico. Venezuela aparece como objetivo inmediato para suplir esa dependencia y reafirmar el “gran garrote” de la doctrina imperial, un nuevo corolario Roosevelt en el siglo XXI. La ofensiva busca disciplinar políticamente a un país que ha configurado nuevos mundos, como lo hizo Bolívar en su tiempo.
La agresión contra Venezuela no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia imperial para someter a América Latina y el Caribe, y para sostener una hegemonía en crisis. La militarización del Caribe, las ejecuciones extrajudiciales y la narrativa de cancelación son dispositivos de poder que buscan borrar la humanidad de un pueblo y legitimar su eliminación.
Frente a ello, la voz de Venezuela debe ser escuchada. La defensa de la soberanía, la dignidad y la vida no es solo una causa nacional, sino un desafío continental y de los pueblos del mundo. La solidaridad internacional es urgente: denunciar las violaciones al derecho internacional, acompañar al pueblo venezolano en su resistencia y afirmar que ningún Estado tiene derecho a exterminar a otro.
Hoy, más que nunca, la consigna es clara: Vivir viviendo, resistir, pasar a la ofensiva y construir un mundo donde la paz y la justicia prevalezcan sobre la guerra y la dominación.
La independencia, la soberanía y la dignidad no tienen alternativa.