Abogado y ex ministro de Trabajo
“La reforma laboral es un intento de romper la solidaridad de clase”
—La reforma laboral, ¿es un punto central del modelo de Milei?
Milei no tiene ninguna duda de qué país quiere; lo dice todo el tiempo. Y ese modelo implica que desaparezca el anterior. En particular, la reforma laboral aparece como un punto central del proyecto de país al que aspira: un modelo que arrasa con lo que fue, hasta hace algunos años, un proyecto nacional y popular con contenido progresista. Eso lo fuimos perdiendo, y hoy su intención es terminar de sustituirlo.
La reforma laboral es central —aunque hay otros aspectos importantes también—, pero lo central no es el contenido en sí. Por eso todavía no hay un texto definitivo: porque están resolviendo una disputa interna. No es una discusión dentro del gabinete, sino dentro de la fuerza social que representa: decidir si van “por todo” o si buscan un triunfo menos conflictivo.
“Ir por todo” significa no sólo avanzar sobre derechos individuales y colectivos, sino también cambiar, afectar y debilitar al máximo las instituciones y organizaciones laborales. La otra postura es: “no nos peleemos tanto; total, los muchachos están debilitados”, pero mostrando que ganaron fuerza, que lograron una victoria definitiva sobre los sectores populares.
Creo que ese es el sentido: más simbólico que jurídico: importa más la puesta en escena que monten que el ‘detalle’ de bajar indemnizaciones o fraccionar vacaciones. Todo eso es, para ellos, secundario.
Es tan secundario que ya fracasó varias veces en la Argentina. No es que ahora vayan a probar algo nuevo: este país tiene una larga serie de fracasos en materia de reformas laborales. Ninguna logró sus objetivos. Ni las reformas que introdujo la dictadura ni las que hubo en democracia generaron empleo ni atrajeron inversiones. Ese discurso nunca se cumplió y nunca dio resultados.
—El gobierno sostiene un discurso bastante articulado según el cual la reforma laboral permitiría incorporar a los trabajadores informales al mercado formal, y que serían los sindicatos y la oposición quienes impiden esa inclusión de millones de trabajadores precarizados. ¿Qué piensa de ese planteo?
Estaría bien que lo demostraran, que mostraran que eso realmente va a ocurrir. Por lo pronto, hicieron la reforma de la Ley Bases y no pasó nada. Y en etapas anteriores de la vida argentina, cuando también se aplicaron reformas estructurales, tampoco ocurrió.
Creo que parten de un mal diagnóstico y de una larga serie de prejuicios. Según el planteo que mencionás, ellos pretenden que esta reforma elimine o disminuya la informalidad. Pero la informalidad no se reduce porque haya banco de horas o tickets canasta. Eso supone imaginar que el empleo depende de esos mecanismos, cuando en realidad el empleo se crea cuando los empresarios tienen sus talonarios llenos de pedidos, cuando hay un escenario de crecimiento económico y la economía real funciona.
Hoy la economía real está parada. Con artilugios numéricos han querido ocultar que estamos en recesión, pero la realidad es que cierran empresas y se despiden trabajadores. Los números son conocidos por todos: se cierran alrededor de 30 empresas por día. En este contexto, ninguna reforma va a generar inclusión en la formalidad.
Creo que, más que una reforma legal, hace falta un conjunto de políticas que respondan a los cambios en el mundo del trabajo. Que nuestras organizaciones se opongan a esta reforma no significa negar esos cambios: al contrario, nadie puede desconocerlos. Y para ellos hay respuestas, algunas legales y muchas otras que no dependen de la legislación. Pero si tenés un modelo de país donde cae la industria, cae el consumo y la construcción está en crisis, difícilmente una reforma laboral —aunque perjudique a los trabajadores— vaya a modificar la estructura del mercado laboral.
Me parece, además, que hay mucho de sobreactuación. Decir que la informalidad se va a resolver con esta norma oculta otra cosa: que lo que quieren es debilitar el poder sindical. Ideológicamente están en contra de cualquier forma de organización: no creen en el Estado, no creen en los sindicatos, no creen en las cooperativas, no creen en ninguna organización popular.
Para combatir la informalidad, lo primero sería combatir la informalidad en sectores formales donde hay trabajadores no registrados: que los blanqueen. Sencillo.
Si mirás la historia, el empleo no registrado crece desde 1984 o 1985 hasta 2004. Recién ahí empieza a bajar y cae hasta alrededor del 30%. Pero en 2015 vuelve a crecer. La pregunta es obvia: ¿por qué crece durante un período, por qué cae en otro y por qué vuelve a crecer después? Aparentemente, no es un problema de legislación. Porque cuando empieza a bajar —a partir de 2003/2004— se estaban generando empleos formales con la doble indemnización vigente. Entonces no parecería que la legislación laboral fuera el impedimento para crear empleo. Es el conjunto de políticas y el modelo de país lo que determina eso.
Y el modelo de país que propone Milei —como él mismo dice— es volver a la Argentina de comienzos del siglo XX. Ese modelo era para pocos; sí, el país tenía buenos números, pero los disfrutaban una ínfima minoría nada más. El resto era el “gringo” o el “gaucho”, rebuscándosela como podía. Ese mundo no lo quiero para nada.
No es la Argentina industrial, la Argentina con buena educación y con trabajo. Eso es parte de nuestra identidad y lo quieren destruir. Y lo que venga después de estos cuatro años no será eso, porque en vez de corregir lo que funciona mal, lo destruyen.
—El segundo argumento que ellos mencionan es que así se ayuda a las Pymes, porque las pequeñas y medianas empresas no pueden afrontar los costos que implica el régimen laboral actual.
¿En serio? ¿Las 25 mil empresas que desaparecieron durante el gobierno de Macri y las casi 19 mil que han desaparecido en estos dos años cerraron por problemas laborales? Ah, mirá vos. Yo creí que era por la falta de crédito, por la caída del consumo, por la apertura importadora. Me parece que la cosa pasa más por ahí.
Y no por políticas a favor de las micro y pequeñas empresas. No digo que no haya que tomar medidas tributarias también; al contrario. Por eso dije desde el principio: se trata de un conjunto de políticas, donde las laborales diría vienen después de las tributarias y de las industriales.
Tenemos un gobierno que vuelve a repetir la idea de que la mejor política industrial es no tener ninguna. Bueno, no es eso lo que piensa el resto del mundo. No es eso lo que está pasando en el mundo. Si así fuera, no tendríamos el resultado de China. Y tampoco sería lo que hoy intenta Estados Unidos. Porque, más allá de la coincidencia ideológica que puedan tener Trump y Milei en muchos temas, en materia de trabajo tienen miradas distintas: Trump quiere volver a generar empleo en Estados Unidos. En cambio, a Milei no le importa la estructura productiva. Plantea una economía donde la producción no tiene importancia. Primero, porque es puramente extractivista: saquemos los minerales, generemos energía, exportemos y que entren los dólares. Valor agregado y empleo: cero. El hecho productivo no aparece.
Y lo otro es la idea —en la que vienen fracasando una y otra vez, pero celebran igual— de que con plata se hace plata. De nuevo: ahí desaparece la producción. ¿Qué les importa si hay obreros trabajando, transformando materias primas y agregando valor? No les importa. Es absolutamente secundario. De hecho, no tienen políticas para eso. Ni siquiera mencionan la palabra industria.
Y vuelvo a repetirlo: la Argentina industrial fue siempre un objetivo nacional. A la Argentina no le da lo mismo que cierren las fábricas automotrices. Desde mediados del siglo XX —y antes también— ya había empezado el proceso de industrialización.
-Ahora, pareciera que la burguesía industrial está, en parte, arriba del carro de Milei.
Primero habría que buscarla: la burguesía industrial argentina tiene varias particularidades. Una es que todos aspiran al modelo de la alta burguesía: tener campo, tener tierra. Si mirás, la mitad —siendo generoso— de la comisión directiva del empresariado argentino tiene campos. Cuando no es un presidente agropecuario. Hay ahí una diferencia enorme con otras burguesías.
La segunda diferencia, incluso respecto de otras burguesías latinoamericanas, es que en general son tributarias de Estados Unidos: ir a Miami, tener departamentos, pasar los fines de semana en Houston. Pero —y hablo particularmente de las burguesías de México y Brasil, que junto con Argentina son las más importantes de la región— a la hora de invertir, invierten primero en su país.
Estuve en México, en Monterrey. Todos se iban los fines de semana a Houston, Texas, a Miami, en avioneta o en avión. Perfecto. Ahora, cuando hablábamos en serio, la plata la ponían primero en México. Y eso que tenían un gobierno al que odiaban, el de López Obrador. La grieta no es un sentimiento argentino; allá es igual, incluso con su condimento racista. Y los empresarios con los que me reunía —sabían que yo era miembro de un gobierno afín a los obradoristas— se cuidaban, pero sostenían lo mismo. Solo que, cuando se trataba de invertir, lo hacían en México.
La nuestra no. La nuestra no invierte en la Argentina. El mejor lugar del mundo para nuestra burguesía es Uruguay. Parece un chiste, pero es así. Y ojo: hablo de la burguesía, no de los empresarios. Porque me consta que los empresarios —sobre todo los medianos y algunos grandes también— entierran mucha plata en la Argentina. A esos tipos los respeto. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿y por qué no reaccionan frente al modelo libertario? Porque el modelo de Milei está dando dos cosas que para ellos son importantes: una, que quieren liquidar cualquier atisbo de lo que ellos llaman populismo. Dijeron que quieren clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo, del peronismo y del movimiento obrero. Ese es el mandato que tiene Milei y que lo cumple con entusiasmo digno de mejor causa. Y eso es lo que evita, por ahora, que las distintas facciones de esa burguesía y de ese sector empresario entren en colisión más grande. La reforma laboral es un factor que también los une. Y el otro, me parece a mí, es el de la relativa estabilidad. O sea, ellos ven en este gobierno que todavía tiene el apoyo de un sector importante de la sociedad para ganar elecciones. Les da cierta estabilidad, una especie de garantía de continuidad que les permite fumarse que hoy hay una inflación que todos festejan. Y es la misma inflación con la cual nosotros gobernamos 8 años del periodo de Néstor Kirchner y Cristina. Y nos acusaban de que teníamos una inflación descontrolada. Patricia Bullrich se levantaba de su asiento en el Parlamento y decía, “Miren qué vergüenza, 1,8, 2% de inflación.” ¿Y la inflación que tiene ahora? La inflación que había, no digo la de Masa del final, sino cuando Alberto Fernández primeriaba el gobierno, era de ese nivel. Y se escandalizaban y ellos han logrado instalar que esta inflación no es preocupante, ¿por qué? Porque tienen la sensación de que estamos en un escenario que se puede prolongar en el tiempo y tener esa estabilidad y seguridad jurídica porque el gobierno es de ellos. Entonces, saben que este gobierno no le va a salir con ninguna ‘cosa rara’.
—Vos fuiste ministro de Trabajo. Hay un argumento que aparece mucho: la idea de que las leyes actuales promueven la “industria del juicio” y que esto perjudica a los empresarios. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de verdad?
A mí me parece que ahí también parten de un prejuicio. Nada mejor que mirar el caso que ellos mismos pusieron como ejemplo —me enteré ayer, no lo conocía—: el del mozo al que supuestamente un juez le había otorgado una indemnización descomunal. Bueno, les salió todo mal. Primero, el monto no era el que dijeron; era menos de la mitad. Y además el empresario que lo denunciaba tenía su empresa radicada en Uruguay. Eso, por supuesto, no aparece en ningún diario.
El tema de la “industria del juicio” en realidad es un tema de cumplimiento o incumplimiento de la ley. En Argentina no creo que haya tantos juicios como dicen. Los datos que manejo son claros: en la provincia de Buenos Aires, con un millón y medio de trabajadores registrados, menos del 5% inicia un juicio laboral. No parece precisamente una “industria del juicio”.
¿Qué hay abogados que inflan demandas o buscan cualquier resquicio para litigar? Sí, claro. Como también hay mala praxis médica, edificios que se caen o escribanos que certifican cosas que no existieron. Pero no por eso decimos que hay una “industria de la mala praxis”. Hay que frenar un poco la exageración.
Además, ¿de qué industria del juicio hablan en un país donde las indemnizaciones son bajas? Ellos dicen que son altas, pero no lo son. La antigüedad promedio de un trabajador formal es de tres años. Eso significa que, si hay juicio, lo que tienen que pagar son tres meses de sueldo.
Casos como el del empleado con 26 años de antigüedad son extraordinarios. Trabajadores con más de 10 años de antigüedad representan apenas el 8%. Entonces, se está construyendo un mito para ocultar otra cosa.
El problema es que hay juicios porque muchos empresarios no cumplen la ley. Cuando uno analiza esos casos, enseguida aparece que el conflicto se genera por incumplimientos básicos del empleador.
Hay además otra cuestión: ellos dicen que las leyes son viejas, del siglo pasado. Es falso. La ley marco es la Ley de Contrato de Trabajo, reformada en los años de Menem, plena etapa de flexibilización laboral. No estamos hablando de normas del siglo XIX.
Y hay un punto más: en Argentina existe poca cultura preventiva en materia de seguridad e higiene laboral. Está años luz de lo que ocurre en los países desarrollados, donde las multas por incumplimiento te dejan fuera del mercado. Acá, como todo es joda, no les importa.
Yo hoy me dedico a la formación de delegados —en este caso en la industria metalúrgica, junto con un proyecto muy interesante que impulsó Abel Furlán— y me sorprende la cantidad de accidentes que relatan los propios delegados. No tenía idea del nivel que hay ahora, y eso pasa porque la prevención no existe para muchos empresarios.
Después, cuando despiden a un trabajador, todo lo que el trabajador no pudo reclamar estando adentro, lo reclama afuera. Y sí, claro que hace juicio. ¿Qué otra cosa puede hacer?
Por eso creo que esto de la “industria del juicio” tiene algo de prejuicio racista, esta idea de “los negros que viven de juicio”. Es un argumento cómodo para no hablar del incumplimiento patronal.
—Parecería que los empresarios y el gobierno están especialmente interesados en que caiga la ultractividad. ¿Eso tiene que ver con maximizar ganancias o con debilitar políticamente al sindicalismo?
Yo creo que tiene más de lo segundo que de lo primero. Los convenios colectivos, en general, se han ido actualizando. Nadie puede creer que un convenio del año 75 regula el trabajo de hoy: la organización del trabajo cambió completamente. Si esos convenios no se hubieran adaptado, muchas empresas habrían quebrado hace tiempo. Y, sin embargo, se fueron actualizando a través de negociaciones internas entre sindicatos y empresas.
El problema de la ultractividad es otro. Si su único interés fuera modificar los convenios, ya lo habrían hecho. Yo los invité durante meses a iniciar la renegociación general de convenios, y los que no querían eran los empresarios. ¿Por qué? Porque les conviene el convenio viejo: un convenio viejo es un convenio que no se cumple, y un convenio que no se cumple les deja a ellos la palanca para hacer lo que quieran, y especialmente deja afuera del convenio los nuevos empleos.
Y hay otro punto: la ultractividad te inclina la mesa de negociación. Si el sindicato sabe que su convenio cae en 30 días y se queda sin nada, tiene que aceptar lo que le pongan enfrente. Porque no es el empresario quien decide que te quedás sin convenio: lo establece la ley. Entonces estás obligado a renegociar todo desde cero.
Ahí aparece la extorsión abierta: —“Bueno, tu convenio vence en 30 días, así que negociemos uno nuevo.”
—“Negociemos ahora”, dice el sindicato.
—“Perfecto: te doy 15% de aumento, pero dejo de retener la cuota sindical.”
O: —“Está bien, te doy el 15%, pero necesito jornadas como yo quiera: 12 horas un día, 4 al otro, 6 al siguiente.”
Eso es trasladarle al trabajador el riesgo empresario, cuando la regla básica del derecho laboral es que el riesgo es empresario. Bastante riesgo sufre el trabajador cuando a la empresa va mal: el primero que pierde es el laburante.
Si el empresario quiere que el trabajador comparta riesgo, entonces deja de ser empresario. El empresario se supone que invierte, arriesga capital, enfrenta obstáculos. No traslada sus errores de gestión al asalariado.
Por eso digo: sin ultractividad, la mesa está inclinada y la negociación se vuelve asimétrica desde el primer minuto.
—Ellos argumentan que no se puede comparar a un trabajador del AMBA con uno de Santiago del Estero, y que la ultractividad impide adaptar los convenios a las realidades regionales. ¿Es así?
Eso quizá tuvo algo de cierto hace muchos años. Hoy ya no. Y te explico por qué. El convenio de actividad —que es otro de los blancos del sector empresario— convive perfectamente con convenios regionales, empresariales, adendas y acuerdos específicos. Todo eso ya existe. Con ultractividad o sin ultractividad, se puede firmar un convenio de empresa. Pasa todos los días. Te lo pongo al revés, como en la época de Cavallo, cuando decían: “¿Cómo puede ser que un metalúrgico de Jujuy cobre lo mismo que uno de zona norte de Buenos Aires?”
Bueno: hoy no cobran lo mismo. El de Jujuy cobra lo que marca el convenio; el de San Nicolás tiene 14 adicionales, propios de la planta siderúrgica. Si la economía funcionara bien, esa brecha se ampliaría hacia arriba, no hacia abajo.
Pero lo que ellos buscan no es “adaptación”: buscan perforar hacia abajo. Romper la solidaridad salarial. Bajar los pisos.
Hoy se homologan alrededor de 1500 convenios colectivos por año. No hay 1500 actividades en Argentina; si abrís bien, habrá 100. El resto son convenios de empresa y acuerdos específicos. O sea: el sistema ya permite toda la flexibilidad necesaria.
Lo que no se puede permitir es eliminar el convenio de actividad, que es el estatuto profesional, el piso. Sin piso, no va para arriba; todo va para abajo.
Además, una empresa de 10 trabajadores ¿puede tener su propio convenio? ¿Va a pagar abogado y contador para negociarlo? Es una hipocresía absoluta. Por eso el convenio de actividad es imprescindible: garantiza derechos básicos, y a partir de ahí cada empresa puede adaptar lo que necesite junto al sindicato.
-Argentina sigue teniendo una de las jornadas laborales más extensas del mundo. ¿Hay que modernizar eso?
Ellos hablan de modernidad, pero no quieren reformar una ley que sí es antigua: la que fija 48 horas de trabajo semanales, una de las más altas del mundo. México era el otro país que tenía 48 horas, y ya lo modificó. Argentina tiene que cambiarla.
¿Se va a crear más empleo por bajar la jornada? Tal vez un poco, pero ese no es el punto principal. El punto es que las formas de vivir y trabajar cambiaron. Los trabajadores hoy quieren más libertad horaria, más flexibilidad negociada, no flexibilización patronal.
Primer paso para una flexibilidad real: reducir la jornada. Segundo: si somos tan modernos, revisemos quién define el horario. Hoy es exclusivamente el empresario. Si están tan preocupados por la libertad del trabajador, discutamos eso. Hay actividades donde se podrían acordar otros horarios perfectamente. Siempre que sea acordado, no impuesto. Porque lo impuesto es explotación, lisa y llana.
Muchos trabajadores —incluidos sectores medios— podrían armonizar trabajo y estudio, por ejemplo. La OIT viene hablando de esto: lo llama “soberanía horaria”.
-¿Cuando hablas de que se podría modernizar el marco de relaciones laborales, a qué te referís?
Primero y fundamental, a políticas laborales que humanicen el trabajo. A políticas económicas que aumenten, que orienten de nuevo la Argentina hacia la producción de bienes y servicios. A políticas económicas que nos orienten otra vez a producir bienes y servicios.
Segundo, políticas tributarias para hacer una legislación impositiva que sea justa, que los que más tienen paguen más, no hay otra forma, no es solamente ajustando que se logra el equilibrio fiscal, también se logra con que los que más tienen aporten más.
Tercero, con políticas laborales. No solamente con normas, con políticas laborales. En Argentina tiene que tener un sistema de formación permanente, de formación continua, la tecnología cambia a cada rato, cada 5 años cambian las calificaciones. Ellos hablan mucho de modernidad, pero ni lo mencionan. Pero es que necesitamos una mano de obra que esté actualizada permanentemente, un sistema de formación continua.
Otra propuesta, cumplamos el artículo 14 de la Constitución Nacional, participación en las ganancias. Es cierto que los empresarios invierten capital, pero el trabajador invierte trabajo. Si cuando hay crisis los trabajadores pagan por las pérdidas, cuando la empresa le va un poco mejor deben participar en las utilidades, de esa forma además ayudás a que la rueda de la economía siga funcionando, de la economía real. ¡Ampliemos los niveles de participación en la organización del trabajo y en los comités de salud y seguridad! Y avanzar en las políticas de inclusión: licencias parentales compartidas y un sistema de cuidados acorde a los cambios demográficos que también nos atraviesan.
También hay que promover un estatuto del trabajador de plataformas. Hoy están sin derechos. Pero ¿dónde está escrito que el trabajo de plataformas tiene que ser un trabajo sin derechos? Debe ser un trabajo con otros derechos a lo mejor. Por ejemplo, yo iba a la facultad y jamás en mi vida imaginé que iba a haber alguna vez derecho a la desconexión. Ahí hay un derecho nuevo, ¿para qué? Para que no te autoexplotes. Si no estás conectado el algoritmo te voltea, esta cuestión de que yo soy libre y hago lo que quiero, bueno, voy a trabajar dos lunes solamente, y decirle que no al algoritmo, vas a ver cómo se va a acordar de vos el algoritmo cuando tengas que ir pedaleando bajo la lluvia. En definitiva, la libertad de trabajar cuando quieras es un espejismo, porque los ingresos son bajos y porque el algoritmo te castiga si no cumplis las expectativas de la empresa.
Otro tema que hay que regular, la tercerización. Yo respeto la tercerización porque creo que es una forma de organizar el trabajo que tiene sentido. Pero no para que sea fraude, no para inventar empresas mamushkas. Para organizar bien la producción, sí. Entonces, creo que hay que hacer una diferencia cuando hay una tercerización productiva que favorece la producción y una tercerización fraudulenta que busca pagar menos, evadir el cumplimiento.
—Circula la versión de que sectores de la CGT estarían dispuestos a negociar una flexibilización laboral para trabajadores jóvenes —hasta los 30 años— a cambio de preservar los derechos colectivos. ¿Qué opinás?
Eso sería aceptar la existencia de trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Y eso no me parece bien. Todas esas propuestas apuntan a romper la unidad, a romper la solidaridad de clase. Y yo creo que esa es justamente la fortaleza que quieren destruir: la vieja solidaridad de clase. Y la reforma laboral que quieren discutir tiene ese objetivo. No tengo ninguna duda. Porque para dividir siempre se pueden inventar mecanismos. Por ejemplo: que un premio o un adicional se pague solo a los mayores de 30 años. Los jóvenes que ingresan ya no tendrían derecho a ese premio. Y eso genera una injusticia enorme. Puede sonar aceptable el día que se firma, pero tres meses después, los que no lo cobran empiezan a preguntar:
—“Flaco, ¿por qué yo no lo cobro si hago el mismo trabajo?”
Y ahí aparece el conflicto.
Esas son soluciones para “sacarse el problema de encima”, no para resolver nada. Tomemos el tema de la indemnización, que tanto preocupa, aunque no debería preocupar tanto. Los empresarios no contratan gente para despedir. El despido es siempre una consecuencia indeseada, muchas veces involuntaria. Por eso la Constitución lo sanciona y establece mecanismos de protección.
Me parece que dentro del sector empresario hay gente que no se deja arrastrar por esta ola, porque entiende que muchas de estas ideas chocan con la letra misma de la Constitución Nacional, que consagra el principio protectivo del trabajo. Ese principio es básico. Y cualquier norma que lo vulnere corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.
Sobre la seguridad jurídica, tantas veces reclamada: bueno, justamente, si quieren seguridad jurídica, tienen que dictar normas que la contengan, que sean sólidas de origen, no normas que cualquiera pueda frenar con una cautelar. Porque después le echan la culpa al juez, cuando lo único que hace el juez es interpretar la Constitución.
¿Quién dijo que modernizar tiene que ser regresivo? ¿Por qué nos quieren convencer de que “lo moderno” es tener menos derechos? Yo no creo eso. Una cosa es simplificar procedimientos aprovechando la tecnología, y otra muy distinta es limitar la tutela protectora del trabajador. No puede ser que se les pida a los trabajadores que voten una ley hecha exclusivamente para beneficiar a los empresarios. ¿Cómo puede ser eso? Es una vergüenza.
Yo antes mencioné la necesidad de una política tributaria más justa. No la desarrollé, pero quiero decirlo claramente: hay que aliviar la carga impositiva sobre las pequeñas empresas, que en muchos casos son empresas de subsistencia. Pero para que eso sea posible, hay que aumentar la contribución en la cúspide, porque si no desfinanciás aún más la seguridad social. Y eso sería un desastre. Por suerte, veo que hay gente que está teniendo en cuenta este enfoque.
Déjame agregarte algo —y esto es totalmente personal—. Lo dije en un lugar y titularon “el kirchnerismo dice…”. Yo no soy “el kirchnerismo”; no me puedo atribuir esa representatividad. Pero mi opinión es esta: si esta ley sale tal cual la están diseñando —a escondidas, sin ningún debate con trabajadores ni partidos políticos—, nosotros como fuerzas políticas tenemos que comprometernos a derogarla cuando nos toque gobernar. Sin vueltas. Ya lo hicimos antes y no nos fue tan mal.
Porque además la forma en que están construyendo esta ley es pésima. Nadie la conoce. Dicen que la van a difundir dentro de cuatro o cinco días. No se discutió con nadie: ni con sindicatos, ni con bloques legislativos, ni con gobernadores. Y después aparecen gobernadores diciendo que están “a favor” tras una reunión con Santilli. ¿Santilli les explica a fondo la reforma laboral? No lo creo. Lo que hace el gobierno es extorsionar y canjear favores. Y eso es peligrosísimo.
Es lo más parecido a la Ley Banelco. Porque es muy incómodo decirlo en voz alta, pero pasa: “Yo te doy 100 kilómetros de autopista y vos me votás la reforma laboral”. Y así arreglan la obra pública de una provincia, pero les arruinan la vida a los trabajadores de todo el país. Ojo con eso. No es un chiste. Por eso insisto: si la ley sale como ellos quieren, tiene que haber un compromiso político de derogarla. Es la única manera de frenar un retroceso histórico.
No puede ser que se pida a los trabajadores votar una ley hecha exclusivamente para beneficiar a los empresarios. Limitar la tutela protectora del trabajador no es modernización, es retroceso.
Si esta reforma laboral sale tal como la quieren imponer, como fuerzas políticas debemos comprometernos a derogarla. La ley se está gestando a escondidas, sin debate con sindicatos ni partidos, y eso es inaceptable.